La desaparición de niñas y adolescentes en Nuevo León tiene sexo y un causal principal: la trata para fines de explotación sexual

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Por Séverine Durin

La niñez desaparecida en Nuevo León: un fenómeno al alza y sexuado.

¿Nacer mujer es un factor de riesgo para ser desaparecida? Sí lo es. Un análisis estadístico de las desapariciones de menores de edad en Nuevo León, desde 1964 hasta la fecha,[1] evidencia que se trata de un fenómeno al alza desde 2007, que ha ido tomando más importancia sexenio tras sexenio. Y que predominan las niñas y adolescentes, especialmente desde 2013 a la fecha.[2]

0920401A D413 4EC3 8FC8 A6FE53A5FC78El alza del fenómeno está muy pronunciado. Mientras que entre 1964 a 2006 se desaparecía una persona menor de edad cada seis meses, en el sexenio de Felipe Calderón ascendieron a 5 al mes, en el de Enrique Peña Nieto 6 al mes, y en el actual son 12 personas menores de edad que son desaparecidas al mes. Este es un verdadero flagelo y drama humanitario. Tal parece que no se tiene consciencia de este gravísimo fenómeno ¡en Nuevo León se desaparecen 12 niñas, niños y adolescentes al mes!

Quienes son especialmente vulnerables a ser desaparecidas son las personas entre 10 y 17 años, es decir, adolescentes, una época de la vida que inicia con la pubertad, donde el ejercicio de la sexualidad y la afirmación de la identidad de género son significativas. La adolescencia también se caracteriza por ser una época en que el desarrollo neurológico aún está en proceso, en que se construye una mayor autonomía respecto de los padres, en que cobran los pares especial importancia, así como elementos culturales como la música, la ropa, la práctica deportiva para la identificación entre jóvenes y la distinción con las personas adultas y niños.

9285B202 E9F2 4F26 815B AAE4CE02C4ABA diferencia de la tendencia durante la edad adulta en que desaparecen más varones que mujeres, ¿por qué desaparecen mayormente niñas y mujeres adolescentes?

La naturalización de la violencia de género en Nuevo León: feminicidios y trata de mujeres al alza.

En Nuevo León también ocurre otros flagelos que mantienen a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional en materia de violencia de género.

La prevalencia de la violencia de género es altísima, y Monterrey es uno de los cinco municipios (con Apodaca, Cadereyta, Guadalupe y Juárez) donde ha sido declarada una alerta de género desde noviembre de 2016, en razón de los preocupantes niveles de feminicidios ocurridos en la zona, los cuales no han ido a la baja, a pesar de la declaratoria.

517C24CD 3E76 47D6 9E41 F215A0CF9C4BEsta gráfica evidencia que en el periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico (2007-2012), hubo un número altísimo de homicidios de mujeres, especialmente entre 2011 y 2012, así como los hubo de varones. Desde entonces, el registro de los feminicidios evidencia que permanecen al alza, a pesar del alerta de género, y de la tipificación del delito de feminicidio en Nuevo León en 2017.[3]

Es importante subrayar que las víctimas de feminicidios son personas adultas, y la incidencia en menores de edad es muy baja comparada con la adulta. Según la organización Cómo Vamos Nuevo León (2021), en 2020 se cometieron 9 feminicidios infantiles en el ÁMM,[4] de los cuales 8 correspondieron a menores de 5 años y 1 a una adolescente de entre 12 y 17 años.

Segundo, otro delito de muy alta incidencia en Nuevo León, y en particular en Monterrey, es la trata de personas,[5]en particular, para fines de explotación sexual. En el mundo, esta violación a los derechos humanos afecta mayormente a mujeres (80%), y la mitad de estas son menores de edad. Es una forma de crimen organizado transnacional que genera ganancias gigantescas, se estima que ocupa el tercer lugar, luego del tráfico de armas y drogas, y funciona con la complicidad y/o participación de estructuras y agentes del Estado.

 

En Nuevo León, la prevalencia de la trata de mujeres ha sido puesta en evidencia en el estudio de Lydia Cacho (2010), quien dio cuenta del funcionamiento de las redes transnacionales de trata de personas con la participación de familiares de gobernantes de Nuevo León. Por su parte, Arun Kumar el fenómeno de la trata en mujeres incrementó por el aumento del turismo sexual vinculado a los viajes de negocios y turísticos, de modo que los dueños de bares y centros de masajes viajan a las zonas marginadas del país, donde enganchan a mujeres jóvenes por medio de promesas y después las obligan a prostituirse. Las mujeres tratadas sufren una constante violencia y explotación, lo que afecta su salud física, mental y sexual. La prensa, por su parte, destacó el papel de las redes sociales como medio para la trata de menores de edad en Monterrey, especialmente a través de Twitter (Sin Embargo, 2019).[6]

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Esta tendencia ha ido en aumento de manera pronunciada de 2017 a la fecha, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, entre 2017 y 2019, crecieron en 80% las averiguaciones previas por trata de personas correspondientes al municipio de Monterrey (Vázquez y González, 2020), y en una misma proporción en el año siguiente (ABC Noticias, 23/05/2021). Por lo que Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de trata de personas, con un promedio por encima de la medida nacional, y este fue del delito con mayor incremento de las denuncias registrado en los últimos meses (ABC Noticias, 23/05/2021).

A pesar de ello, Jesús Rubio y Carolina Guadiana (2020) observan que el tema no está en la agenda institucional del gobierno, se presenta una falta de coordinación entre el gobierno federal y el gobierno local, y se carece de una armonización legislativa en el tema, así como de un programa especial a nivel local tanto de prevención como de reacción frente a este delito.

Lo más notable es la correlación entre el alto índice de personas menores de edad desaparecidas, que incrementó gravemente de 2019 a la fecha (12 menores de edad desaparecidas al mes en promedio, contra 6 entre 2013 a 2018), y este alza brutal de la trata de personas de 2017 a la fecha. Existe una conexión entre ambas violaciones a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, que requiere ser establecida, así como las medidas para combatir las dos caras de una misma moneda. La desaparición de niñas y adolescentes y la trata para fines de explotación sexual.

Un delito que encubre la desaparición de niñas y adolescentes y la trata de personas.

En los países latinoamericanos, prevalece una importante aceptación de la prostitución, de la creencia que los varones tienen necesidades sexuales que satisfacer,[7] de que les atraen sexualmente las adolescentes, de la explotación comercial sexual como resultado de la promiscuidad de quienes la ejercen, de modo que se pierden de vista los factores coercitivos detrás de ésta. Tales representaciones criminalizan a la persona que es comercial y sexualmente explotada, más no al sistema que cosifica, despoja y pone a la venta el cuerpo de niñas y adolescentes para el disfrute sexual de clientes siempre varones.

Es común que la explotación sexual comercial de niños ocurra en los mismos espacios que la de personas adultas (Estes y Azaola, 2003); así mismo, que las personas tratadas ejerzan junto con trabajadoras sexuales por cuenta propia (Cacho, 2010). Esta es una estrategia de las personas tratantes para darle vuelta a la legislación que sanciona el delito de trata de personas, y encubrirla dentro del marco regulatorio que permite el trabajo sexual (Torres, 13/02/2014). Así mismo, evita que los clientes sientan culpa a la hora de pagar por servicios sexuales, y saberse cómplice del delito de trata y de violar a una menor de edad, que podría ser su hija, sobrina o hermana.

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Uno de los mecanismos para la captación de niñas y adolescentes para la trata, es el engaño y el traslado hacia el lugar donde ejercerán. Muchas quedan en calidad de personas desaparecidas entre sus familiares. Investigadoras argentinas entrevistaron a 190 mujeres y varones porteños, para analizar las representaciones sociales sobre la prostitución,[8] y averiguar si establecían una conexión entre ésta y la desaparición de niñas y jóvenes. Quienes negaron esta posibilidad eran casi exclusivamente varones. Esto es así porque opera un mecanismo de disociación, de manera que no se reconozcan a sí mismos o a sus amigos como parte de este circuito; al mantener distanciamiento, evitan sentirse responsables de la comisión de un delito (Oliva et al, 2011).

La urgencia de atender a la desaparición de niñas y mujeres como parte de la lucha en contra de la trata de mujeres

Negar esta realidad, la conexión entre la trata de personas y la desaparición, es permitir que se perpetúen las desapariciones de niñas y adolescentes para la trata con fines de explotación sexual.

El reto es mayor, porque como bien lo señaló Elena Azaola (2009), la trata de personas y de niños para su explotación sexual, nos remite al dinero, al poder y a la sexualidad. Todas estas fuerzas mueven y estructuran el mundo de los negocios y de la política, son factores de peso que actúan para impedir la comisión y la sanción de la trata de personas.

En mi experiencia acompañando a familiares de personas desaparecidas, es notable la separación de las acciones para su búsqueda de la investigación de la posible trata de personas. En el caso de Nuevo León, es la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a través del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata (GEBI), el cuerpo de policías ministeriales que tiene la facultad de investigar las desapariciones durante las 72 primeras horas posteriores a la búsqueda. Después, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) toma el relevo, una vez que la AEI haya hecho entrega de la carpeta de investigación.

No obstante, aunque la desaparición de mujeres y niñas pueda involucrar un posible feminicidio o trata de personas, no se cuenta con la participación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, en la entidad. Así como no se considera la posible participación de esta fiscalía especializada en la materia, tampoco de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), del ámbito federal. Esta parcialización de las competencias es, sin lugar a dudas, un obstáculo.

Y en el caso de las desapariciones de las menores de edad, el recurso a la Alerta Amber es muy poco común en Nuevo León. ¿Cuándo es que se considera que a una menor desaparecida está en peligro? Debería ser SIEMPRE, partiendo del principio que la persona desaparecida es menor de edad, sin prejuzgar de su capacidad de agencia.

En este sentido, parece urgente que se reformen los procedimientos para la búsqueda inmediata de niñas y adolescentes desaparecidas. Esta debería ser prerrogativa de un grupo especializado para la búsqueda inmediata de niñas y adolescentes, asignada a un grupo de mujeres policías ministeriales, adscrito a una unidad especial de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, y que trabaje de la mano con FEVIMTRA y la Fiscalía local en la materia. Las primeras horas de la búsqueda son cruciales, en todo caso de desaparición, en cuanto a casos de trata corresponden al traslado de la víctima, incluso hasta las fronteras internacionales.

La propuesta que se pone a discusión es la siguiente. Así como toda investigación respecto de una mujer asesinada debe ser investigada bajo el supuesto que es un feminicidio, hasta descartarlo, las desapariciones de niñas y adolescentes, deberían ser investigadas bajo el supuesto que son casos de trata de mujeres, hasta descartarlo.

Asumir que la trata de personas para fines de explotación es el principal factor para la desaparición de personas es duro, pero necesario. Nuestras hijas, sobrinas y hermanas nos necesitan conscientes y decididas  para no ser desaparecidas y puestas en trata.

 


Referencias bibliográficas:

 

[1] Cabe aclarar que los datos que presenta la Comisión Nacional de Búsqueda incluye datos desde 1964 ya que la CNB acumuló registros previos, pero que el sistema de registro no existía desde aquel año.

[2] En el periodo anterior, correspondiente al sexenio de Felipe Calderón (2007-2012), se registró un volumen similar de menores de edad varones y mujeres desaparecidos. Una hipótesis es que muchos adolescentes varones ejecutados y sus cuerpos sin vida fueron escondidos, en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico y militarización de la seguridad pública, que hizo grandes estragos en todo el Noreste, y Nuevo León en particular.

[3] Artículo 331 Bis 2 (código penal): comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido actos infamantes, degradantes o mutilaciones, de manera previa o posterior a la privación de la vida, o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; y VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se aplicarán las reglas del concurso de delitos. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/37ea8dadf83791c58d00594f42454c86b20f1eb6.pdf

[4] Sus datos consideran a los municipios de Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina.

[5] De acuerdo con el Protocolo contra la trata de personas aprobado por las Naciones Unidas en 2000, la trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos (UNODC, 2019). https://www.unodc.org/documents/e4j/tip-som/Module_6_-_E4J_TIP_ES_FINAL.pdf

[6] Destaca el caso de una red conformada por sexoservidoras, agencias y operadores con sede en Monterrey, Nuevo León, que ofrece servicios sexuales de mujeres adolescentes desde cuentas de usuarios en Twitter y otras redes sociales con costos de entre mil y tres mil pesos por hora. Las jóvenes que fueron ofrecidas a través de esa cuenta incluso fueron parte de dinámicas en las que eran sujetas de rifas y concursos para incentivar el consumo entre sus seguidores: fotografías de adolescentes posando en ropa interior o ropa ligera, incluso realizando actos sexuales son ofrecidas a través de mensajes denigrantes en los que incluso el empleo de emoticones conforman una narrativa en la que las adolescentes son interpretadas como un objeto sexual.

[7] Para Óscar Montiel (2015) “las necesidades sexuales masculinas, el papel de las mujeres como objetos sexuales para el «desahogo», la protección de las mujeres consideradas como «buenas» y el imaginario social sobre la utilidad de la prostitución para prevenir violaciones en masa son los constructos sociales que están en la base del sistema de la prostitución en la mayoría de los países en los que se ha hecho investigación al respecto. Estamos ante la presencia de un fenómeno transcultural. El motor que mueve a la prostitución es la «necesidad sexual» del hombre y el catalizador de estas prácticas es respetar el tabú del incesto y proteger a la mujeres consideradas como «buenas y decentes».

[8] Estas autoras definen como “prostitución la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otra retribución. Una persona que vende o es obligada a vender servicios sexuales es considerada una prostituta o un prostituto. La mayoría de las personas que la ejercen son mujeres, pero existen también, en número inferior, travestis, hombres, niños y niñas que ejercen la prostitución, en la abrumadora mayoría, con otros hombres. Al hablar de prostitución nos referimos puntualmente a la explotación comercial sexual, a la consideración del cuerpo como una mercancía plausible de ser canjeada por dinero. El término proviene del latín prostituere, que significa “exhibir para la venta”. La prostitución es una institución del patriarcado y su sistema sexo-género, que históricamente consagra la desigualdad entre varones y mujeres. Es una práctica constitutiva de la política sexual patriarcal” (Oliva et al., 2011: 181).


Severine Durin
Séverine Durin es Maestra en Economía y en Estudios Latinoamericanos, y doctora en Antropología. Se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Mediante sus investigaciones sobre indígenas en Monterrey, trabajadoras del hogar, y desplazamiento forzado, pugna por una sociedad más justa, menos desigual, que valore la diversidad de formas de ser. Su deseo más profundo es que la “verdad y justicia” se hagan realidad.
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