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Por Liliana Elósegui

El auge de las llamadas “fake news” en internet representa un peligro para la democracia. Las noticias falsas pueden iniciar conflictos, fragmentar a las sociedades y manipular a las y los ciudadanos.

Por ello, existen diversas iniciativas en la sociedad civil para detener el impacto que este tipo de noticias puedan tener en el desarrollo democrático de América Latina, sin embargo, nuestra región el debate todavía parece algo rezagado.

En contraste con el ejemplo europeo, hace unas semanas el presidente francés Emmanuel Macron impulsó una ley contra los sitios de noticias falsas, con el propósito de transparentar las elecciones y proteger a la ciudadanía respecto de la información que reciben para que puedan elegir correctamente.

La parte medular de esta legislación busca evidenciar el financiamiento que reciben los sitios web, al obligarlos a transparentar a sus patrocinadores y en qué están invirtiendo, de dónde provienen los fondos y qué cantidad de contenido publicado es pagado.

Este esfuerzo es necesario y vital para garantizar una sociedad democrática, de cara a los procesos electorales que se avecinan. Sin embargo, en un estudio realizado en el 2017, Freedom House informaba que en gran medida las estrategias para deformar la información surgen de los propios gobiernos.

En nuestro país, hubo una modificación al Código Civil Federal a finales de año que intenta erradicar la desinformación. Se trata de la reforma al artículo 1916, que habla sobre el daño moral que se puede causar a una persona cuando se le imputen hechos falsos o calumniosos.

La reforma al artículo establece que “el que comunique, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.”

Y como siempre, el inconveniente con cualquier reforma a las normativas es su interpretación y jurisprudencia. La intención es buena,  ya que esta reforma trata de combatir el ciberacoso y proteger la vida e integridad de los usuarios de la red, Hasta eso, dentro del dictamen especifica que la crítica de asuntos de importancia pública o del desempeño de las y los servidores públicos o de las personas físicas y morales no es un delito siempre que tenga una conexión manifiesta con el interés público.

El meollo del asunto es como siempre la interpretación, ya que en la defensa de la privacidad o honor, quienes navegar bien por las aguas de los recovecos legales, podrían encontrar la forma de limitar la opinión de la gente en redes sociales, y sobre todo, privarnos de los fantásticos memes que surgen del ingenio mexicano.

Tal vez, una herramienta eficaz en la lucha contra las noticias falsas se encuentre en la propuesta que hizo el presidente galo, adaptándola obviamente al nuestro contexto nacional y delimitando su uso contra los medios de comunicación como un recurso de censura y exposición de sus fuentes informativas.

Una idea sería que los medios digitales qué, quién y cuánto está pagando por la promoción de contenidos digitales. De esta manera, se podría tener una mejor fiscalización de los dineros y así detectar de manera más efectiva las campañas de guerra sucia y fake news.

Lo que es importante subrayar es que una reglamentación de las campañas electorales en medios digitales siempre será dirigida a las plataformas, no a los individuos, ya que restringir los contenidos que surgen en la red como parte de esta nueva opinión pública de la era digital, puede constituir en un riesgo a la libertad de expresión.

 

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