Repunta discriminación contra migrantes

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Por Melina Barbosa

México es un país de origen, retorno y tránsito de personas migrantes, aunque en los últimos años también se ha convertido en un destino permanente para quienes en un inicio solo iban de paso. No obstante, las políticas migratorias que pretenden garantizar la“seguridad nacional” han derivado en criminalización e incremento en narrativas discriminantes.

El aumento del flujo de migrantes en territorio mexicano ha evidenciado que en la actualidad se replican narrativas que evocan y toman ventaja del miedo para justificar y fomentar la discriminación, la exclusión, el odio e inclusive actos de violencia contra las personas en movilidad.

De acuerdo con la guía “Comunicación sin xenofobia. Recomendaciones para medios y redes sociales” publicada en 2022 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), estos mensajes a menudo se basan en, y perpetúan, imaginarios y estereotipos negativos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, al mismo tiempo que son fuente de desinformación sobre la migración.

“En la mayoría de los discursos xenófobos y antimigrantes, la movilidad humana se concibe como un problema que hay que combatir y detener, en los que las personas en movilidad son estigmatizadas y presentadas, sin ninguna evidencia, como un peligro para la sociedad, delincuentes, una carga para las economías de los países de destino, una amenaza para la cultura y la identidad nacional, competencia por los empleos o depresión de los salarios y, más recientemente, incluso como portadoras de enfermedades”.

Conforme México experimenta en mayor medida los efectos de migraciones en tránsito y con destino al país, parece haber un mayor rechazo de la población mexicana hacia las personas que buscan mejorar sus oportunidades e incluso hacia quienes simplemente tratan de salvar sus vidas buscando protección internacional.

La más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da cuenta del rechazo hacia las personas extranjeras por parte de la sociedad mexicana:

  • 19% de la población de 18 años y más estuvo de acuerdo con la frase “Cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras”.
  • 35.4% de la población de 18 años y más no estaría dispuesta a rentarle un cuarto de su casa a una persona extranjera. Asimismo, el 33.2% no estaría dispuesta a rentarle un cuarto a una persona migrante o refugiada.
  • 25.6% de la población de 18 años y más, independientemente si tiene hijos o no, no estaría de acuerdo en que su hija o hijo se casara con una persona migrante o refugiada mientras que el 10.5% tampoco estaría de acuerdo si fuera una persona extranjera.
  • La ENADIS 2022 estima que 9.7% de la población de 18 años y más no estaría de acuerdo en contratar a una persona migrante o refugiada.

De la población migrante de 15 años y más —es decir, que nació en otro país o que cambió de lugar de residencia hace cinco años—, 28.8% declaró haber sido víctima de discriminación en los últimos 12 meses.

De este porcentaje, 32.5% refirió haberlo sido por su forma de vestir o arreglo personal (tatuajes, ropa, forma de peinarse, perforaciones), mientras que 26.6% dijo que la razón fue su peso o estatura.

Asimismo, 44% de la población migrante de 15 años y más declaró que la falta de empleo es el principal problema en el país para las personas nacidas en el extranjero o que cambiaron su lugar de residencia, seguido del 16.1% que respondió la falta de recursos económicos (comer, vestir) y el 13.2% afirmó que la discriminación por venir de otro lugar es el principal obstáculo que enfrenta.

En el caso específico de Nuevo León, aunque los resultados de la ENADIS 2022 indican que es uno de los estados con menor prevalencia de discriminación, la realidad es que la misma encuesta revela que la discriminación en la entidad ha ido en aumento.

En 2017 el estado registró que 14% de su población de 18 años y más manifestó haber sido discriminada, mientras que en 2022 el porcentaje de víctimas de discriminación en NL fue mucho mayor con 18.4 por ciento.

Persiste xenofobia en Nuevo León, estado de tránsito para migrantes

Al ser un estado de tránsito para llegar a la frontera con Estados Unidos, Nuevo León registra un flujo constante de personas migrantes, quienes tal y como informó Reporte Índigo, llegan por distintas partes desde San Luis Potosí, por la carretera 57 Matehuala­-Saltillo, de la cual un tramo se encuentra en territorio nuevoleonés, bajando por la carretera a Galeana, Iturbide para llegar hasta Linares, mientras otras toman rutas de Saltillo a Monterrey.

La encuesta Así Vamos 2022 elaborada por la iniciativa Cómo Vamos Nuevo León puntualiza que los tres municipios donde se percibieron más migrantes de otro estado fueron Santa Catarina, Santiago y San Nicolás (28.5%, 17.5% y 16.2%, respectivamente). Mientras que los tres municipios con más migrantes extranjeros fueron Escobedo, Guadalupe y Monterrey (63%, 60.2% y 57.3%, respectivamente).

Los datos de la UPM confirman que en Nuevo León, el paso y estancia de migrantes ha ido en aumento, pues tan solo en 2021 se contabilizaron 655 mil 243 migrantes y en 2022 la cifra pasó a 735 mil 648.

MIGRANTES ENTRADA MEXICO
Nota: A partir de 2020 las cifras fueron afectadas por la declaración de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, que detonó un cierre de fronteras

De manera recurrente, se acusa a las personas migrantes y refugiadas de “delincuentes”, sin embargo, los flujos que han llegado recientemente a México están compuestos en gran medida por víctimas de la violencia, la pobreza y la exclusión social en sus países de origen.

Además, no sólo son víctimas de la violencia en sus países, sino que también están en extrema vulnerabilidad durante todo su trayecto por la región que incluye vías controladas por el crímen organizado.

Ejemplo de ello es la mencionada carretera 57 Matehuala­-Saltillo, que pasa por Nuevo León y que históricamente ha sido una ruta no solo de tráfico de drogas, sino también de migrantes.

La encuesta Así Vamos 2022 ha destapado la xenofobia que aún persiste en la entidad al registrar que el 46.1% de la ciudadanía tiene el prejuicio que el aumento en la inseguridad se debe a las personas que migran.

Asimismo, el 53% de la población encuestada afirmó que no está de acuerdo en que México debería admitir a más personas migrantes.

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Pese a que la xenofobia está tipificada como una conducta discriminatoria y está prohibida en el marco jurídico nacional, la falta de un enfoque en derechos humanos por parte del gobierno federal y local, ha derivado en una alta incidencia de casos de discriminación, agresión, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias de personas migrantes.

“En 2022, la Comisión atendió a mil 809 personas de diversas nacionalidades, principalmente hondureña, venezolana, guatemalteca, haitiana y nicaragüense; y recibió 69 señalamientos de violación a los derechos humanos dirigidos a autoridades federales, y 26 a autoridades locales” detalla un comunicado emitido en marzo de 2023 por la organización civil Sin Fronteras y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León (CEDH).

Este notable incremento del ingreso a México de personas migrantes y refugiadas ha generado una creciente ola de xenofobia que tiende a reproducir nociones, actitudes y prácticas discriminatorias en su contra.

En esta materia, la abogada especializada en derecho a la vivienda, Carla Escoffié explica que como ejemplo, en Mérida es muy común echarle la culpa de los problemas de la ciudad a la gente foránea, incluyendo a las personas de Monterrey que se han mudado para allá.

“Tanto en Mérida como en Monterrey, estos discursos son muy convenientes tanto para el estado como para cierta parte del sector privado porque así evadimos hablar de que muchos de los problemas que se viven en ciudades como Monterrey y Mérida se deben a la falta de planeación urbana, de gestión de recursos y modelos de consumo”.

Te conviene leer: Migrantes enfrentan hacinamiento, opacidad y malos tratos en Sonora

La también Coordinadora del Centro de Derechos Humanos en la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey señala que muchas autoridades ya no quieren ejercer sus obligaciones en materia de planeación urbana y buscan ser únicamente gestores o facilitadores del sector privado.

“Por eso esos discursos xenofóbicos son muy convenientes porque le echan la culpa a la movilidad humana y a la migración y no a sus malas decisiones en planificación urbana. Por supuesto que la migración genera retos y también el hecho de que la población de una ciudad incremente genera retos, pero ni la gente de Monterrey que se fue a vivir a Mérida ni la gente de Mérida que nos fuimos a vivir a Monterrey somos la causa de esos problemas”.

A modo de ejemplo, la abogada recuerda que la escasez de agua en NL se generó por falta de fiscalización y falta de una administración equitativa de ese recurso, no por la migración. Mientras que los problemas de movilidad en Mérida se generaron por décadas de un pésimo transporte público, no por la migración.

Detención sistemática de migrantes 

En 2019, el gobierno de López Obrador anunció el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur para controlar la llegada y salida de personas migrantes  a través del despliegue de militares y agentes civiles.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval incluso reconoció que uno de los objetivos del plan es detener toda la migración según declaró durante la mañanera del 27 de agosto de 2021.

Al revisar los boletines estadísticos, se constató que ese mismo año, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de hecho dejó de titular las cifras como “Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria» y comenzó a denominarlas como «Eventos de personas en situación migratoria irregular».

El endurecimiento de estas políticas migratorias se ha visto reflejado en el número de detenciones, pues datos de la UPM señalan que de 2018 a marzo de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha capturado a un 1 millón 262 mil 400 personas migrantes.

MIGRANTES DETENIDOS

Nota: A partir de 2020 las cifras fueron afectadas por la declaración de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, que detonó un cierre de fronteras

En lo que va del año, la Unidad de Política Migratoria ha registrado la detención de 139 mil 760 personas migrantes.

Además, la cantidad de quejas presentadas contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por presuntas violaciones a los derechos humanos también se ha disparado, pues el 2022 cerró con 2 mil 141, siendo Chiapas, con 583; la Ciudad de México, con 249, Tabasco, con 227, Sonora, con 182; Nuevo León, con 142, y Tamaulipas, con 119 las entidades donde se registraron más quejas.

La mayor parte de las personas capturadas por las autoridades son ingresadas a estaciones del INM como la que se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado 27 de marzo, 40 personas perdieron la vida y 27 resultaron heridas a causa de un incendio que según el presidente López Obrador, fue provocado por una protesta que iniciaron las personas migrantes “en el albergue” al enterarse que serían deportadas.

 

No obstante, a manera de respuesta, más de 200 organizaciones, redes y personas a título individual firmaron un comunicado condenando la tragedia y responsabilizando al gobierno federal y municipal de la “ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo”.

“Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos. La política migratoria en México, mata”, concluye el posicionamiento.reporte

De igual forma, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional señala que “es sumamente insensible y ofensivo que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos. Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad

Dichas detenciones se realizan sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció el 15 de marzo de 2023 que la reclusión de personas migrantes en centros de detención migratoria no debe exceder de 36 horas, periodo en el cual las personas deben llevar sus procesos en libertad.

“Lo que sucedió en Ciudad Juárez es un recordatorio sobre la importancia de adecuar la normativa migratoria a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles de personas migrantes que han pasado por ellas”, detalló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (CMW) y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes también hicieron un llamado conjunto a México y otros Estados de la región a que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, cumplan con sus obligaciones bajo la Convención Internacional y cumplan con los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales.

“Los Estados deben tomar medidas para erradicar las políticas de contención migratoria que ponen en riesgo la vida de los migrantes y conducen a tragedias como esta. Para esto, los Estados deben crear y ampliar canales regulares para la migración de personas vulnerables y garantizar los derechos a buscar y recibir asilo y a la no devolución”.


Investigación realizada en conjunto con Reporte Índigo

Imagen de portada: Reporte Índigo

 

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