Por Melina Barbosa
La Secretaría de las Mujeres anunció que se hará cargo de los refugios y centros de atención de violencia de género, sin transparentar los mecanismos que usará para garantizar la confidencialidad, imparcialidad y continuidad de los servicios para las personas sobrevivientes de violencia.
Por 29 años, la organización de la sociedad civil Alternativas Pacíficas fue la encargada de atender y canalizar los casos ante la ausencia del Estado en materia de seguridad y atención de víctimas con perspectiva de género.
Unas 150 trabajadoras capacitadas para brindar atención y protección a otras mujeres que han sufrido violencia fueron liquidadas, pese a que la Secretaría de las Mujeres al ser un organismo de nueva creación, no cuenta con la experiencia ni el personal suficiente para atender de manera oportuna a las usuarias de los refugios y Puertas Violeta, que son las Unidades de Atención Multiagencial para Mujeres.
La labor de Alternativas Pacíficas
Alternativas Pacíficas surgió en 1996 en Monterrey, Nuevo León. Se trata de la primera OSC en garantizar refugios para proteger a mujeres violentadas junto a sus hijas e hijos.
La asociación operaba siete Puertas Violeta ubicadas en Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás y Monterrey.
Asimismo, contaba con dos refugios o casas de emergencia confidenciales para resguardar a mujeres que llegaban con una situación de riesgo elevado a cualquiera de las Puertas Violeta.
Desde su creación y hasta noviembre de 2023, ingresaron a los refugios más de 2 mil familias, en su mayoría madres con tres o cuatro hijos.
Sin embargo, el pasado 3 de enero; Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres y Valeria Macías, directora de la organización Alternativas Pacíficas, comunicaron a través de un video que los refugios y espacios de atención en los hospitales y Centro de Monterrey-Zaragoza (Puertas Violeta) de la organización ahora serán responsabilidad del Estado.
En el video no se explica cómo será “el cambio de operación”, lo que ha generado preocupación entre la población de Nuevo León y las extrabajadoras de Alternativas Pacíficas.
¿Qué pasará con el resto de los espacios de atención de la organización? ¿Con el personal que brindaba los servicios? ¿Con las mujeres que acudían por atención desde hace meses, incluso años, y tenían iniciado un proceso psicológico y/o legal?.
Estas son solo algunas de las dudas planteadas en un pronunciamiento firmado por más de 100 extrabajadoras de Alternativas Pacíficas, activistas, colectivas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y población en general de Nuevo León.
Los retos que enfrentará la Secretaría de las Mujeres
Las colectivas y organizaciones de la sociedad civil han suplido históricamente la responsabilidad del Estado de garantizar los servicios de atención y protección a las víctimas de violencia de género.
Extrabajadoras de Alternativas Pacíficas, que solicitaron la reserva de sus datos personales para evitar represalias en los procesos de su estatus laboral, explicaron en entrevista con Verificado que las Puertas Violeta funcionan como una unidad para mujeres que requieren espacios de atención y protección integrales, especializados y con perspectiva de género.
Mientras que los refugios, además de protección, ofrecen servicios como apoyo psicológico, gestoría de servicios médicos, asesoría legal, inserción laboral y hasta recursos educativos y académicos.
“Se recibían muchas mujeres que habían sufrido violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. Incluso había mujeres que habían sido víctimas de una tentativa de feminicidio o que habían recibido amenazas de muerte y cuando una mujer decide ingresar a un refugio es justo por eso, porque está en una situación de riesgo inminente o en una situación en la que la violencia ya escaló demasiado” señala una de las exintegrantes de ALPAZ .
Falta de espacios seguros de denuncia
ALPAZ era el único espacio que brindaba de forma integral a las mujeres la atención psicológica, el acompañamiento, la gestoría social y la representación jurídica para procesos penales, civiles y familiares.
Esto significa que las mujeres de Nuevo León podían encontrar en un mismo espacio todos esos servicios y además ser protegidas en caso de que no tuvieran un lugar a donde ir.
Ahora que estos servicios pasan a ser operados por el Estado, por las funciones de la Secretaría de las Mujeres, no puede brindar una representación legal a las víctimas ya que esto corresponde a otras instancias como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Exintegrantes de ALPAZ refieren que para que una mujer reciba el acompañamiento en un proceso tendría que acudir a la Secretaría de las Mujeres, posiblemente a recibir terapia psicológica y trasladarse a la Comisión de Víctimas por una asesoría y una representación jurídica.
Esto implica que las mujeres tendrán que desplazarse, gastar recursos personales e invertir tiempo adicional para ser acompañadas en un proceso que es tan complejo y desgastante.
Poco personal capacitado
Ofrecer espacios seguros que rompan los ciclos de violencia sin que las mujeres enfrenten prácticas revictimizantes en el proceso, será uno de los grandes retos que enfrentará la Secretaría de las Mujeres.
De acuerdo con el INEGI, en Nuevo León al menos 68.1% de las mujeres de 15 años o más, han experimentado algún tipo de violencia: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida.
Pero en la entidad, actualmente el 92.3% de los delitos no se denuncian, siendo la “pérdida de tiempo” y la “desconfianza en la autoridad” las principales razones de las víctimas para no denunciar.
Andrea (nombre ficticio), extrabajadora de ALPAZ, detalló que el trato y el seguimiento que se daba a las familias y las mujeres era tan cuidadoso que la ubicación de los refugios era completamente confidencial por el riesgo que implicaba para las víctimas y el personal.
ALPAZ detectó casos de filtración de información por parte del Estado que involucraron agresores con poder político, económico o que estaban dentro de las corporaciones policiales.
“Entonces justo cuando los agresores eran estos tipos de personajes, pues impedían que procediera la demanda o las órdenes de protección. Hasta llegaban a dar con los refugios por lo mismo y ahora es más preocupante que estén estos refugios a manos del Estado porque se filtra la información y no tienen personal capacitado para atender o evitar estas situaciones” detalló Andrea.
La organización de la sociedad civil tenía canalizaciones incluso de la misma Secretaría de la Seguridad Pública porque segun relatan las extrabajadoras de ALPAZ, «no sabían qué hacer con las mujeres que iban y sacaban de sus hogares».
Andrea explica que las víctimas hablaban al 911 porque «ya no podían más con la violencia que estaban viviendo por parte de su agresor; y las patrullas, la Secretaría de la Seguridad Pública y el Centro de Justicia para la Mujer canalizaban a las mujeres a Alternativas Pacíficas”.
Dado que las víctimas de violencia de género se sienten más seguras con acompañamiento de colectivas y esfuerzos ciudadanos, a decir de Romina, (nombre ficticio) otra extrabajadora de ALPAZ, lo óptimo sería que el Estado contrate a la plantilla de la misma organización que por años atendió los casos.
“Se pudo haber negociado mejor con el estado esta entrega de las oficinas y del modelo de operación. Sobre todo algo que incluyera a la plantilla de trabajadoras de Alternativas Pacíficas porque año tras año tomamos cursos para poder brindar esa atención con perspectiva de derechos humanos y de género, para no revictimizar a las mujeres como el estado siempre lo ha hecho. Eso es lo preocupante, cómo se entrega esta tarea a un Estado que ha sido indolente, omiso e indiferente ante esta problemática de violencia”, señaló Romina.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
