- Nuevo León encabeza la participación ciudadana en México con 385 iniciativas (34.9% del total nacional), pero al mismo tiempo, un rezago legislativo de más de 2 mil asuntos pendientes y una regla de caducidad anual provocan que estas propuestas sean enviadas al archivo sin ser discutidas ni votadas.
Por Melina Barbosa
Con 385 iniciativas registradas durante 2025, Nuevo León se colocó a la cabeza de la participación cívica en México al concentrar el 34.9% del total nacional de proyectos desde la sociedad civil.
No obstante, este logro histórico de la ciudadanía documentado por la organización Política Colectiva choca con las barreras dentro del Congreso, ya que la regla de caducidad envía los expedientes al archivo tras un año sin votación, forzando a la comunidad a ejecutar estrategias legales para evitar que sus demandas pierdan vigencia.
Del ingreso sin trabas a la baja
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado permite a cualquier persona que reside en Nuevo León presentar iniciativas por escrito, firmadas con exposición de motivos y propuesta de aprobación.
Pero al pasar a comisiones, el trámite queda sujeto a los tiempos internos del Legislativo. Si bien el estudio y dictamen para el Pleno se prevén preferentemente en el mismo periodo y a más tardar en el siguiente ordinario, es un margen amplio donde los emplazamientos de quince días dependen de condiciones específicas, por lo que no garantiza un debate oportuno.
El panorama se complica aún más con el artículo 46 del propio reglamento, que faculta a la Oficialía Mayor a dar de baja por caducidad las iniciativas de ley sin dictamen tras un año de turnadas y fija seis meses para que caduquen exhortos, puntos de acuerdo y denuncias.
Así, los expedientes quedan sin resolución formal antes de llegar a una votación del Pleno y las reglas de debate y votación, además, corresponden solo a las y los legisladores, sin que haya un espacio de intervención directa para quienes promueven las propuestas.

Luis Javier Moreno, director de Política Colectiva, subrayó que «la principal responsabilidad de las diputaciones es representar. En ese sentido, cuando la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil hacen un esfuerzo por proponer, la única responsabilidad y el único paso que deberían por lo menos seguir las autoridades es escuchar, recibir y ver qué se puede dar adelante».
La lucha contra el archivo automático
Ante la falta de dictaminación, diversas agrupaciones ciudadanas han recurrido a la presentación de anexos para mantener vigentes sus propuestas.
Mujeres trans entregaron un anexo a su iniciativa para tipificar el transfeminicidio, evitando que caducara el 19 de noviembre, fecha del primer aniversario del plantón trans.
La activista Ana Eugenia Rodríguez señaló que este recurso técnico es utilizado por las diputadas y diputados “cuando necesitan plazos más largos para iniciativas que sí les conviene atender”, exigiendo al legislador Javier Caballero que cumpla su compromiso de avanzar con la propuesta.
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Por su parte, el colectivo Despenalizando la Palabra presentó un segundo anexo a su iniciativa para derogar los delitos contra el honor del Código Penal estatal, pues mientras estas figuras subsistan, “la crítica y la libre expresión siguen expuestas a ser castigadas con cárcel”.
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La inconformidad en esta materia ha sido tal que 13 organizaciones presentaron una reforma al artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, con el fin de exceptuar de la caducidad anual a las iniciativas ciudadanas para que no sean dadas de baja sin análisis ni resolución del Poder Legislativo.
“Si un ciudadano utiliza los mecanismos institucionales para presentar una iniciativa, resulta razonable que también exista una respuesta institucional. Una iniciativa puede ser aprobada o rechazada; lo que buscamos evitar es que simplemente desaparezca sin ser analizada”, afirmó Ricardo Lavín de Congreso Sombra Santa Lucía.
El rezago estructural
El problema de fondo, según el director de Política Colectiva, es el funcionamiento ordinario del recinto.
«Gran parte de la parálisis en el Congreso de Nuevo León no tiene que ver nada más con las iniciativas ciudadanas, sino que tiene que ver con el trabajo en general del Congreso. Durante varios años hemos visto que este rezago es generalizado, incluso para los mismos proyectos que impulsan las diputaciones», dijo Luis Javier Moreno.
Para dimensionar dicho rezago, con corte al 13 de noviembre de 2026, el Congreso local acumula 2 mil 381 asuntos pendientes turnados a comisiones.
Entre las comisiones con mayor carga destacan la de Hacienda del Estado con 442, Legislación con 282, Justicia y Seguridad Pública con 213, Salud y Atención a Grupos Vulnerables con 161, Anticorrupción con 146, Puntos Constitucionales con 132 y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con 130.
Cómo Vamos NL también apuntó este rezago legislativo en su primera evaluación al Congreso y advirtió que leyes prioritarias como la de Coordinación Metropolitana siguen sin aprobarse, pese a que el propio Congreso la incluyó en su agenda mínima del segundo periodo del segundo año.
De ahí que la organización defensora de derechos humanos y la democracia, Política Colectiva, proponga reformar el marco normativo para abrir espacios reales de diálogo:
«Los cambios normativos en materia de participación ciudadana, tanto en las leyes orgánicas de los congresos como en las leyes de participación, son importantes y en estos mecanismos específicos se deben determinar requisitos, plazos y procedimientos para que todos estos ejercicios de participación tengan una respuesta clara y efectiva para la ciudadanía y así también tratar de contrarrestar la desconfianza que tienen las personas sobre los diferentes legislativos estatales».
Esta falta de confianza en el legislativo, según datos de la Encuesta Así Vamos 2025, se refleja en que apenas el 36.9% de la población aprueba la labor del Congreso de Nuevo León y el 64.1% percibe que, al elaborar leyes, las y los diputados toman más en cuenta los intereses de su partido, sus propios intereses o los del gobernador, por encima de los intereses de la población.
Reportaje realizado para Reporte Índigo

