- La «marea verde», lucha colectiva del movimiento feminista y antipatriarcal ha logrado que el aborto voluntario sea legal en dos tercios de las entidades, al menos durante las primeras doce semanas de gestación.
- Sin embargo, Nuevo León es uno de los estados que siguen penalizando el derecho a decidir, rechazando las iniciativas por la despenalización del aborto una y otra vez.
Por Melina Barbosa
La lucha colectiva del movimiento feminista y antipatriarcal ha logrado que el aborto voluntario sea legal en dos tercios de los estados del país, sin embargo, Nuevo León es uno de los estados que siguen penalizando el derecho a decidir, rechazando las iniciativas por la despenalización del aborto una y otra vez.
Rumbo al 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, el aborto se encuentra despenalizado, al menos durante el primer trimestre gestacional, en 23 estados de la República Mexicana:
- Ciudad de México (2007);
- Oaxaca (2019);
- Hidalgo (2021);
- Veracruz (2021);
- Coahuila (2021);
- Baja California (2021);
- Colima (2021);
- Sinaloa (2022);
- Guerrero (2022);
- Baja California Sur (2022);
- Quintana Roo (2022),
- Puebla (2024),
- Jalisco (2024),
- Michoacán (2024),
- San Luis Potosí (2024),
- Zacatecas (2024),
- Estado de México (2024),
- Chiapas (2024),
- Nayarit (2025),
- Chihuahua (2025),
- Campeche (2025),
- Tabasco (2025),
- Yucatán (2025).
Nuevo León, junto con Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas y Sonora, siguen considerando el derecho a decidir como un delito.
Estos estados no han adoptado los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, que declaró anticonstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal de Coahuila, lo que estableció un precedente nacional que prohíbe sancionar a las mujeres o personas gestantes por decidir interrumpir un embarazo.
La Corte invalidó las normas que penalizaban el aborto voluntario, argumentando que vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía, la igualdad y la no discriminación.
Sin embargo, las mujeres y personas con capacidad de gestar, así como quienes les ayudan a abortar, continúan expuestas a los riesgos de la criminalización.
Desde 2022, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de la mano de organizaciones y colectivas locales, impulsó una estrategia jurídica para eliminar la criminalización del aborto en los códigos penales y en el Código Penal Federal.
Nuevo León rompe la marea verde
En Nuevo León, sin embargo, la «marea verde» —ese movimiento que ha logrado avances significativos en otras latitudes— se encontró con un obstáculo formidable.
No fue la resistencia social, sino el dique de la parálisis legislativa en el congreso local y, lo que es aún más preocupante, una notable falta de voluntad política por parte de los actores clave.
Este estancamiento ha impedido que las iniciativas a favor de los derechos reproductivos de las mujeres avancen, a pesar del impulso que el movimiento ha demostrado tener a nivel nacional e internacional.
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La lucha contra la criminalización del aborto
Sandra Cardona, fundadora de la Red Necesito Abortar, señaló que Nuevo León figura como uno de los estados con más denuncias por aborto en toda la República Mexicana.
Un informe publicado por GIRE confirma que la entidad acumula el mayor número de denuncias (742) por aborto en el periodo de 2012 a 2022, aunque también es una de las entidades con menor ejercicio de la acción penal en el mismo periodo.
Si bien estos datos indican que la mayoría de las carpetas de investigación no concluyen con una sanción, al mismo tiempo evidencian que una parte del erario se sigue destinando a la investigación de mujeres y personas que abortan.
“Existe un desconocimiento generalizado sobre el tema entre la población y las autoridades locales, pues la Suprema Corte estableció mediante una sentencia histórica, que no se puede criminalizar a ninguna persona por interrumpir voluntariamente su embarazo, sin señalar plazos específicos o restricciones temporales en su sentencia”, comentó Cardona.
El 25 de febrero de 2025, tras extensas deliberaciones, la Corte determinó por unanimidad absoluta que el criterio jurídico que debe prevalecer en todo el territorio nacional es que la interrupción del embarazo constituye un derecho fundamental inalienable y que las autoridades de salud pública, en todos sus niveles, tienen la obligación constitucional de prestar los servicios de aborto voluntario.
La activista comentó que Voces de Mujeres en Acción está trabajando intensivamente en la implementación y correcta aplicación de la NOM-046, un instrumento normativo fundamental para la atención de casos de violencia sexual y la garantía de derechos reproductivos,
“Hemos establecido canales de comunicación y colaboración directa con la Secretaría de Mujeres en Nuevo León, debido a que hemos identificado la falta de información clara, hasta obstáculos administrativos que retrasan innecesariamente el proceso de atención”, apuntó.
Hasta el momento, en Nuevo León solo se permite el aborto por causales específicas hasta la semana 12 de gestación; y penaliza tanto el autoprocurado como el practicado por otra persona con consentimiento.
Desde el año 2018, la despenalización del aborto ha sido un tema recurrente en el Congreso local, con la presentación de al menos cuatro iniciativas legislativas. A pesar de estos esfuerzos, ninguna de estas propuestas ha logrado ser dictaminada favorablemente.
El pasado 25 de septiembre, el colectivo Morras Feministas MTY nuevamente presentó una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en Nuevo León y este domingo 28 de septiembre, la marea verde inundará la Macroplaza de Monterrey.
Esta situación contrasta notablemente con la resolución emitida por la Suprema Corte, la cual sentó un precedente claro y estableció un marco legal más progresista, a la vez que fortaleció de manera significativa la lucha por los derechos reproductivos en todo el país, impulsando a diversas organizaciones y colectivos a redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de la autonomía corporal para todas las mujeres y personas gestantes.
