Por Andrés A. Solis*
En agosto de 2025 tuvo lugar una importante reunión de autoridades responsables de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Secretaría de Gobernación, un evento convocado por la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Estuvieron representantes de los 32 gobiernos de los estados y Ciudad de México, secretarías de Gobierno, secretarías de Seguridad, fiscalías y de algunos organismos de derechos humanos y organismos de protección donde existen, que son muy pocos y la mayoría muy desarticulados.
Fue la última reunión formal en la que participó Sara Irene Herrerías, entonces fiscal especial de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, antes de rendir protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También estuvo Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, entonces titular de la fiscalía especializada para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y que hoy ocupa el cargo que dejó Herrerías.
En esta misma cita, el fiscal Sánchez Pérez del Pozo presentó el protocolo de investigación de delitos cometidos contra periodistas. Lo puso como un documento base para que las fiscalías de los estados inicien las carpetas de investigación de delitos cometidos contra periodistas, medios de información y en contra de la libertad de expresión.
El fiscal habló de generalidades y no nos compartió el documento y que esperamos que lo haga, pero al menos en su explicación nos hizo ver que va en congruencia con el documento titulado “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presentado en junio de 2025.
El objetivo es que las investigaciones de delitos contra periodistas se hagan con visión de derechos humanos, perspectiva de género y enfoque diferenciado, que la primera línea de investigación sea la labor profesional de la probable víctima y que se garantice una investigación certera que impida la impunidad.
El problema es que no todos las fiscalías estatales cuentan con una fiscalía especializada; en 23 entidades hay algún tipo de área en las fiscalías que atienden delitos contra periodistas o personas defensoras, pero no implica que sean eficientes y menos que todas las agencias ministeriales cuenten con personal capacitado para atender denuncias y que no las cataloguen de inició como cualquier otro delito y de entrada ya pongan obstáculos a la investigación.
Sólo en Oaxaca y en Quintana Roo existen los tipos penales específicos de delitos contra la libertad de expresión o contra periodistas.
Y el otro problema es que este protocolo se quedó como una mera sugerencia y hasta ahora, que sepamos, ninguna fiscalía local ha dicho que asumirá este protocolo como propio y menos que lo hayan ya incluido en sus documentos básicos.
Hasta ahora, seguimos hablando de buenas ideas y de buena voluntad, pero nada de cambios estructurales al sistema de justicia que ponga freno a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
