Alianza Cívica
Por Lilia González Amaya
Con referencia a la solicitud legítima del Gobernador de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, de petición de consulta popular en su modalidad de referéndum ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (antes Comisión Estatal Electoral Nuevo León -nombre que tenía en 2016 cuando se aprobó la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León-), para someter a la opinión ciudadana si el Gobernador tiene facultad para intervenir en la designación del Fiscal General del Estado.
Aunque el IEEPC ha acordado remitir al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJNL) la petición de consulta popular presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quedan algunas cosas por comentar, algunos vacíos por llenar y algunas consideraciones por reflexionar:
- Con las modificaciones efectuadas a su llamada “nueva Constitución”, el gobernador otorgó al Congreso, posiblemente por negociaciones, la facultad de que fuese a través del mismo y no a través de la IEEPC el aprobar consultas lo que ahora le estaría perjudicando pero, para su buena suerte, las reformas propuestas en su “nueva Constitución” aún no se aprueban en segunda vuelta, por lo que (sin tener que ser expertos en leyes), la Constitución anterior prevalecería. Así, la solicitud del gobernador estaría dentro de la ley y sería una solicitud legítima.
- El artículo 36 de la anterior Constitución dice así: Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia estatal la solicitud deberá hacerse a la CEE y aquí cabe una controversia: esta institución para fines de sus temas legales y de difusión ya se hace llamar IEEPC lo que pudiese ser incorrecto si aún no está aprobada en segunda vuelta la nueva Constitución. ¿Qué pasaría ante este escenario?
- Otro punto controversial es que el H. Congreso del Estado de Nuevo León sostiene que no se acredita la trascendencia para tal consulta. Si nos preguntasen a la simple y común ciudadanía ¡claro que es de trascendencia! y sí creen que no lo es ¡pues que lo sometan también a una consulta! Los instrumentos de participación ciudadana que están integrados en la Ley no deben ser interpretados con fines perversos, a conveniencia, o como moneda de cambio para fines políticos; la ciudadanía requiere que estás figuras sean respetadas e incluso mejoradas y pensadas para que Gobierno, Congreso y Municipios las utilicen para consultarnos ante las enormes problemáticas que nos aquejan: transporte, seguridad, carencia de agua etc. Han tomado decisiones importantes sin tomarnos en cuenta.
Esto y más nos confirma la triste situación y el aún más triste escenario que estamos viviendo.
Esta guerra entre poderes, ya casi se parece a la guerra entre carteles del narcotráfico (valga la comparación) solo que, en ésta pugna, en vez de balas, se usan palabras, lo que en este caso es igual de grave.
El poder legislativo pretende a futuro erigirse como un poder legislativo-ejecutivo y no nos asombre que, en corto tiempo, sea propuesta y aprobada una reforma constitucional para que esto suceda.
Les estamos observando y hacemos un exhorto a la ciudadanía para que vaya tomando nota y en la próxima elección no reelija a estos funcionarios.
A los y las diputadas del H. Congreso del Estado de Nuevo León le instamos para que le pongan lupa a sus asesores en el tiempo que aún les queda en activo y relean las facultades que actualmente les otorga la Constitución y, esas sí, las pongan en práctica, ¡ese es su trabajo!
Cuando todo esto suceda entonces comprenderán mejor la delimitación de sus funciones y podrán ser más sensatos para cuando pretendan aumentarlas como ahora lo intentan.
Espacio de reflexión de Alianza Cívica Nuevo León
