- Aunque hay más de 3 mil cuerpos sin identificar en la entidad, esta crisis forense no permite la devolución de la identidad y la restitución de los restos a las familias que los esperan.
Por Liliana Cavazos
En Nuevo León, 6 mil 982 personas desaparecidas son buscadas por sus seres queridos, mientras que 3 mil 195 cuerpos, algunos sin identificar, yacen en fosas comunes.
De acuerdo con el más reciente reporte (mayo de 2025) de la Red Lupa, organismo que da seguimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, Nuevo León incumple tres de nueve requerimientos institucionales para atender el tema, pues aún no son creados el Consejo Ciudadano, el Centro de Identificación y el Panteón Forense.
Y aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León está por inaugurar a finales de julio de 2025, el nuevo edificio del Servicio Médico Forense, y el gobierno del estado anunció la licitación de un cementerio forense; ambos proyectos tienen retrasos en su implementación, que a decir de los colectivos de buscadores de personas desaparecidas, muestra una falta de empatía y prioridad en el tema.
Angélica Orozco, integrante de Fundenl, explicó que la construcción del nuevo Semefo “ya se había anunciado desde 2020”, y que su avance fue frustrado por el incumplimiento de proveedores, tal como lo consignó Reporte Índigo el 26 de julio de 2023, en su publicación “Rescinden contrato a empresa que construía nueva sede del Semefo”.
El Panteón Forense, cuya licitación fue anunciada el 19 de junio por el Gobierno de Nuevo León y que acorde al mismo documento debe concluirse el 21 de diciembre, también tiene un inicio complicado.
La Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León había planeado la creación de un «centro de resguardo temporal de restos humanos» para establecer un espacio «digno y ordenado» y facilitar la recuperación de los restos, una vez que se lograra una identificación positiva con los perfiles genéticos de los familiares.
Sin embargo, en 2024 el proceso de licitación para el centro fue declarado «desierto» por falta de proveedor, lo que impidió la ejecución del presupuesto asignado para el proyecto.
Mientras las obras inician con retraso (el nuevo Semefo y el Panteón Forense), lo más preocupante, explica Orozco, es la falta de claridad sobre cómo operarán los nuevos espacios.
La activista expone que la idea que le fue planteada por la Fiscalía a las personas buscadoras, es que el nuevo Semefo maneje los casos recientes, mientras que la Comisión Local de Búsqueda podría gestionar un centro de resguardo para cuerpos de años anteriores, aunque aún no hay claridad.
«No sabemos todavía. Eso todavía no tienen bien claro cómo van a operar o si ya van a empezar a lo mejor con exhumaciones y a lo mejor acá van a resguardar, pues esos cuerpos. No sé, o sea, no está claro», explicó.
Subidentificacion, una cara más de la crisis forense
La crisis se agrava por las prácticas forenses cuestionadas y las omisiones en la identificación, según documenta el INEGI en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2024 con datos correspondientes a 2023.
En Nuevo León, el Semefo recibió en 2023 un total de 4 mil 780 cadáveres y 6 mil 632 piezas de restos humanos, resultando en la mayor cantidad a nivel nacional. Sin embargo, la identificación muestra un retroceso.
De acuerdo con un documento de la Plataforma Nacional de Transparencia, el aumento de identificaciones positivas que llegó a su máximo histórico de 548 en 2023, luego tuvo un decremento de 25% al registrar solo 406.
Pero además, el volumen de identificaciones positivas queda por debajo de la cantidad de cuerpos que ingresan sin identificar. Por ejemplo, las 548 identificaciones positivas de 2023 corresponden solo al 5 por ciento de los restos ingresados.
Una respuesta de la Fiscalía a una solicitud de Transparencia, indica que el Semefo, no cuenta con unidades administrativas específicas como «centro de identificación humana» o «panteón forense», y los cuerpos no identificados o no reclamados son inhumados en fosas comunes, previa autorización del Ministerio Público.
Según datos de INEGI, Nuevo León solo posee un centro de resguardo forense con almacenamiento indistinto, es decir, sin separación entre identificados y no identificados.
Orozco expresó su preocupación por el manejo de los cuerpos en fosas comunes, señalando que las condiciones de inhumación puede dificultar futuras identificaciones.
«Nosotras hemos acompañado exhumaciones donde después de 10 años dio un match». En un caso, el Ministerio Público «nunca orientó a la familia que se tomara el ADN», a pesar de que el cuerpo fue localizado poco después de la desaparición, lo que condenó a la familia a una década de agonía.
En otro caso, la persona ya estaba identificada por huellas dactilares, pero tampoco se buscó a la familia, lo que evidencia «irregularidades, omisiones, malas prácticas». Fundenl ha insistido por años en realizar campañas de toma de ADN para «regresar a todas las personas a casa», pero las autoridades no han actuado.
Orozco explicó que los colectivos han propuesto a la Fiscalía elaborar un catálogo de prendas, objetos y pertenencias encontrados en fosas comunes, una herramienta crucial que podría ayudar a las familias a reconocer indicios y avanzar en las identificaciones, hasta ahora no han tenido éxito, a diferencia de otros estados que sí publican esta información.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
