Por Andrés A. Solis*
De nuevo la presidenta se resbaló y mostró lo poco que sabe sobre la operación y funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Y en adición, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez abrió de manera innecesaria un espacio para las especulaciones, al no haber explicado con mayor claridad sobre las medidas de protección que otorgan los mecanismos de protección de los Estados.
En el primer caso, la presidenta dijo que el Mecanismo federal defiende a periodistas de acusaciones penales, lo cual es mentira. Esto lo digo en el caso del colega periodista veracruzano que fue acusado de absurdamente de terrorismo en Veracruz, cuando ese delito ni siquiera existe en su código penal.
Luego algunos medios aliados del régimen quisieron matizar el error diciendo que la presidenta giró instrucciones a la secretaria de Gobernación para que diera acompañamiento legal al periodista que ahora enfrentará su juicio en prisión domiciliaria.
La ley de protección no establece como medida de protección el acompañamiento legal; no recuerdo un solo caso de asesoría en este sentido ni a favor de periodistas ni a favor de personas defensoras de derechos humanos.
Pero la misma ley es clara al decir que las medidas son “enunciativas, más no limitativas”; es decir, que aunque no esté en la propia ley, el Estado mexicano sí podría dar acompañamiento legal.
Sobre la falta de precisión de la titular de Gobernación, fue después del asesinato de un reportero en Poza Rica (otra vez Veracruz).
Rosa Icela Rodríguez dijo que la víctima contaba con medidas cautelares por parte de la muy ineficiente Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), pero que éstas habían quedado sin efecto cuando el reportero se había autoexiliado en Guanajuato.
El reportero no informó a la CEAPP sobre su retorno a la entidad para que le fueran reactivadas las medidas y por eso su nivel de riesgo se elevó, terminando con su asesinato.
Lo que faltó explicar a la secretaria de Gobernación fue eso, que en algunos casos las medidas se pueden suspender, más no cancelar en caso de desplazamiento interno forzado, extracción o cambio de domicilio y corresponde a la persona beneficiaria informar sobre estas situaciones.
Sin embargo, la pregunta es: ¿Quién de la CEAPP daba seguimiento al colega asesinado?, ¿sabían que había dejado Veracruz?, ¿supieron dónde estaba?, ¿y si sabían eso, por qué no sabían de su retorno y por qué no hicieron una actualización a su estudio de evaluación de riesgo para modificar o fortalecer el plan de protección?
Alguien de la CEAPP es responsable y querer culpar a la víctima de su asesinato es demasiado ruin.
