- La nueva Fiscalía Ambiental de Nuevo León ha dejado de lado los grandes casos, como el de Zinc Nacional o Ternium para enfocarse en los ciudadanos que cometen algún delito de este tipo en la entidad
Por Liliana Cavazos
Un encendedor es la única evidencia que posee la nueva Fiscalía en Materia Ambiental de Nuevo León para mantener en prisión preventiva a una ciudadana, acusada de hacer una fogata.
La nueva dependencia, quien debe impartir justicia sobre los delitos contra el medio ambiente, difundió detalles de su investigación en contra de Lorena, quien no es dueña de una de las 10 mil empresas que incumplen con la norma ambiental en Nuevo León, de acuerdo a la Secretaría de Economía federal. Tampoco es una funcionaria señalada por sobornos para dar autorizaciones ambientales indebidas.
Ella, es una ciudadana que el 30 de junio fue detenida por policías de Guadalupe según relata la Fiscalía, acusada de «alimentar el fuego de una fogata con pasto seco», en el cruce de las calles Nogal y Encino de la colonia Encinos de la Silla.
En esa ubicación, desde hace cuatro años existe un tiradero clandestino de basura al que ninguna autoridad le ha podido poner un alto o llevar ante la ley a las personas responsables.
Mientras tanto, Lorena está recluida en prisión preventiva esperando que un juez de control determine su futuro. Este a su vez, aguarda la investigación complementaria de la Fiscalía, que hasta ahora cuenta con una sola evidencia en su contra: un encendedor que los municipales le aseguraron a la ciudadana.
La Fiscalía ambiental se enfoca más en infractores domésticos que en grandes contaminante
Y además del caso de Lorena, la nueva Defensoría Ambiental lleva en lo que va del año 150 carpetas abiertas, de acuerdo a Raúl Lozano, quien desde el 18 de junio asumió la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
“La mayoría de estos delitos es maltrato animal, contaminación a nuestros ríos y no es un tema menor provocar incendios”, explicó recientemente Raúl Lozano a Reporte Índigo, quien anunció que su gestión se caracterizará por operativos para frenar invasiones, construcciones ilegales y tiraderos de escombros en ríos.
Sin embargo, estas acciones se enfocan más en los infractores domésticos que en las empresas contaminantes, así como quienes son responsables de financiar o ejecutar proyectos que dañan ecosistemas.
De acuerdo con Data México, en Nuevo León el 52.2% de las unidades económicas grandes (es decir, 10,002 empresas) no cumplen con las leyes que regulan emisiones de fuentes fijas y móviles, impacto ambiental, medición de concentraciones, protección de flora y fauna, manejo de residuos y uso de suelo, entre otras.
Ejemplos de ello, es el caso de la empresa Zinc Nacional causó daños con cadmio, plomo y arsénico a toda una comunidad, así cómo el reporte de contaminación en el arroyo La Talaverna por la empresa Ternium, también en San Nicolás.
Colectivos como el Comité Ecológico Integral (CEI), Un río en el río y Salvemos el Parque Libertad, señalan con frecuencia hallazgos de posibles casos de delitos ambientales de alto impacto.
Un video que el CEI compartió el 29 de julio, se observa caer una avalancha de polvo en una pedrera del Cerro de las Mitras en Santa Catarina, tras un derrumbe no controlado, del cual las autoridades ambientales de Nuevo León no se han pronunciado al respecto.
Ante la disparidad con la que la nueva Fiscalía Ambiental emprende averiguaciones, Antonio Hernández —biólogo y director en Pronatura Noreste— advierte el riesgo de que los grandes contaminantes permanezcan en impunidad.
“Esta nueva línea de acción tiene tintes de sanción selectiva, enfocada en la detención de integrantes de la comunidad que carecen de medios para una defensa justa y efectiva. Llama aún más la atención cuando se compara esta severidad con la tibieza mostrada ante casos de mayor impacto ambiental, como el de Zinc Nacional, explica Hernández.
«El daño generado por este tipo de empresas supera con creces el de quienes hoy están siendo detenidos, y considero que hasta hoy no se nos ha informado de la detención de responsables en esa empresa (Zinc Nacional)” añade.
Perla Martínez —abogada regiomontana y experta en cambio climático— califica el actuar de la Fiscalía Ambiental como “desproporcionado”.
“Este actuar de la Fiscalía Ambiental no tiene perspectiva del principio de responsabilidad diferenciada del derecho ambiental internacional, ya que los principales responsables de la contaminación o generación de emisiones de gases de efecto invernadero, son quienes deben ser llevados por las autoridades a rendir cuentas”, explicó.
“No podemos comparar estos casos (de las 150 carpetas abiertas por la Fiscalía Ambiental) con el daño ambiental que están haciendo empresas como Zinc Nacional o Ternium”, dijo.
La experta añade que los organismos de defensoría, como lo son las fiscalías, deben actuar con perspectiva de justicia social.
Por último, Martínez expone que las averiguaciones que recién se abrieron por supuestos actos incendiarios, dejan en claro que la autoridad busca resolver desde el exceso punitivo que hace a un lado las causas.
“Hay que considerar que una de las razones por las cuales la gente quema basura, es porque no cuentan con un sistema de recolección de residuos efectivo, y eso es responsabilidad de las autoridades, también de los municipios”, explicó.
Para las personas especialistas, la estrategia de la Fiscalía —al priorizar casos menores como el de Lorena— podría colapsar su propia capacidad operativa, el sistema pronto se vería rebasado por la cantidad de infracciones potenciales. Mientras tanto, las grandes fuentes de contaminación continúan operando con impunidad.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
