Por Andrés A. Solis*
El 1 de marzo de 2026 Leonardo Cruz Núñez asumió la presidencia del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Silvia Chica Rinkoar.
El 2 de marzo el Consejo hizo público este nombramiento que había sido comunicado por escrito unos días antes a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo, para su conocimiento.
El nuevo presidente de este órgano colegiado e independiente es consejero titular, representante de la academia y es actualmente director de la Maestría en defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Leonardo Cruz fue electo por votación unánime en sesión extraordinaria del Consejo.
Este es el dato importante. La elección de integrantes del Consejo Consultivo, de quienes asumen la representación del mismo ante la Junta de Gobierno y la elección de quien ocupará su presidencia son decisiones que se toman de forma colegiada entre las nueve personas que integramos este organismo.
Esto garantiza la independencia y autonomía de un grupo de personas con experiencia en la protección y defensa de periodistas y activistas, para que cumpla con su mandato de representar a la sociedad ante el Estado mexicano, incidir y proponer mejores acciones en materia de protección y reinserción de las personas víctimas de violencia por su labor profesional.
En días recientes el Gobierno del Estado de México informó que avanza en la integración del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección de aquella entidad; que su Junta de Gobierno ya revisó los perfiles y ya entrevistó a las personas que están interesadas en ser parte del organismo ciudadano.
Esto lo presume el gobierno mexiquense como un éxito, pero la verdad es que deliberadamente el Congreso del estado cambió la redacción del proyecto original (que copiaba la ley a nivel federal), para establecer en su artículo 12 lo siguiente:
“El Consejo Consultivo se integrará a través de convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno, dirigida a las organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión”.
El mismo artículo de la ley a nivel nacional dice: “El Consejo Consultivo elegirá a sus miembros a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno”.
El diablo está en los detalles, dicen y este no es menor, porque así el gobierno mexiquense le quita autonomía al Consejo para elegir a sus integrantes, y al mismo tiempo, deja un artículo impreciso que abre la puerta a la manipulación y hacer que sea la Junta de Gobierno del Mecanismo mexiquense la que organice el proceso y determine quiénes integrarán su Consejo Consultivo y así poder elegir consejerías a modo.
Estos detalles provocan desconfianza sobre la efectividad y eficiencia de organismos que se supone, nacieron para proteger el derecho a defender derechos humanos y el libre ejercicio profesional del periodismo.
Claro, el caso más lamentable es la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, creado por el priista Javier Duarte; continuado por el panista Miguel Ángel Yunes y perpetuado sin cambios por los morenistas Cuitláhuac García y Rocío Nahle, donde las personas comisionadas son electas por el propio gobierno y además reciben un salario mensual. Por eso no sirve esa comisión.
