- Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justícia: Paul Auster.
Por Pablo Pérez*
No nos puede dejar de afectar como país el asesinato de le magistrade Ociel Baena Saucedo y Dorian Nieves Herrera en Aguascalientes pero sobre todo, de exhibirnos cómo una sociedad que no puede dejar atrás los discursos de odio, exhibir la manera en la que muchos medios no están dispuestos a adaptarse al tiempo que vivimos y sobre todo, exhibir la justificada desconfianza que tenemos en nuestro aparato de justicia.
Una de las sorpresas que no sorprende es cómo el fiscal del estado sale a hacer declaraciones en las que implica que se procesó toda la escena, se analizaron todos los datos y se llegó a una conclusión en menos de 12 horas.
Sin mencionar las posibles faltas al hablar de una investigación en curso, la velocidad y supuesta eficiencia de esa fiscalía no puede más que causar desconfianza.
Porque justamente si por algo se caracteriza la justicia en México es por su ineficiencia y lentitud, tenemos un aparato de justicia enorme, caro y absolutamente inoperante.
Se estima que de cada 100 delitos cometidos sólo se denuncian 6.4 y de cada cien denuncias solo se resuelven 14. O sea que de cada 1000 delitos se resuelven menos de 10 en nuestro país.
Muchas de esas poquísimas denuncias resueltas lo son a través de procesos que tardan años, incluso décadas… y bien se sabe que la justicia que tarda no es justicia.
A lo largo de los últimos meses vimos al partido en el poder y sus satélites emprender una serie de ataques dirigidos a convencer al pueblo de que la falta de justicia es culpa de los jueces.
Sin fe en la justicia
Pero el número que llama la atención son los 6.4 delitos que se denuncian, que no tienen nada que ver con jueces, sino con el laberinto kafkiano que es poner una denuncia.
Cuando acompañé a una amiga a denunciar un asalto el trámite tardó cuatro horas, bastante mejor que las más de siete cuando denuncié una agresión en vía pública ante una serie de funcionarios aburridos, mal preparados y evidentemente sin mucha idea de como hacer su trabajo, incluso culpándome a mí de la agresión que sufrí.
Por eso, porque he visto a fiscales y ministerios públicos en acción y sé que nuestros gobiernos tienen un largo historial de no contratar a los más hábiles ni a los más inteligentes ni a los más éticos y mucho menos a los más dispuestos a trabajar, estoy seguro que hay razón de sobra para dudar de lo que dice el fiscal de Aguascalientes.
Y es que “crimen pasional” y “consumo de drogas” son sinónimos de “queremos cerrar el caso” en lenguaje de empleado de cualquier fiscalía de este país.
No olvidemos que esos mismos dijeron que Lesvy Berlín en CDMX “se ahorcó a sí misma” con el cable de un teléfono público, declararon que Eduardo “murió de pulmonía” y no de una golpiza policial en Mérida; y Debahni “cayó sola en una cisterna”. en Monterrey.
No había ningún juez de por medio en esos casos, ni en el de le magistrade Baena, solo hay investigadores, ministerios y fiscales claramente esforzándose porque la justicia no llegue.
Las mismas personas que con voz lastimera dicen que no tienen recursos para investigar y les piden dinero a las víctimas desesperadas, las mismas personas que “pierden” las carpetas de investigación de las víctimas de desaparición cuando hay que darle continuidad a las largas búsquedas; las mismas personas que integran mal los expedientes, invalidando pruebas y declaraciones que llevan a que se caigan innumerables casos; las mismas personas que critican la vestimenta y comportamiento de las sobrevivientes de abuso sexual, como si eso justificara a su abusador.
Tristemente nos debe quedar claro que la poca justicia en este país la consiguen sobrevivientes y familiares a través del esfuerzo de colectividades y organizaciones no gubernamentales y siempre se logra muy a pesar de las fiscalías, no gracias a ellas.
