Por Andrés A. Solis*
Hace apenas unas semanas platicaba en este espacio sobre los riesgos de reformas legales que buscaban inhibir el derecho a la libertad de expresión y los derechos de información de la sociedad.
En los últimos días hemos visto una escalada de acciones de diversas autoridades que pretenden impedir el libre ejercicio del periodismo y violentar el derecho que todas y todos tenemos de que la autoridad, sea cual sea, cumpla con sus obligaciones de rendir cuentas sobre sus actos.
El caso del periodista Héctor de Mauleón que enfrenta un proceso ante tribunales electorales por supuestamente haber incurrido en violencia política en razón de género contra una candidata al Poder Judicial, ha sido muy discutido en la prensa, pero no es el único.
Antes una resolución judicial determinó que dos periodistas en Veracruz habían cometido violencia política en razón de género, aunque la resolución nunca demostró que esta conducta se haya consumado.
Sin duda el caso más lamentable es el de una ciudadana sonorense que ha sido obligada a disculparse por un periodo de 30 días por haber cometido esta misma falta, sin que se haya demostrado tal.
Y el muy difundido caso de autoritarismo impulsado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en contra de un medio y de su ex director editorial, a quienes incluso se les impuso un censor para revisar sus textos, lo que viola la propia Constitución.
El denominador común es que todas las personas que se han dicho víctimas son figuras públicas del partido mayoritario, que llegó con la bandera de una izquierda democrática y progresista, pero que en los hechos impone leyes que buscan acotar libertades o permiten que sus simpatizantes y militantes tengan este tipo de actitudes persecutorias.
A esto se suma que en seis entidades del país persiste el delito de difamación; en Yucatán y Nuevo León aún existen los delitos de calumnia e injuria.
Y peor aún, en 22 entidades todavía se castiga con cárcel el delito de ultrajes, una figura punitiva que nació en los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz y que buscaba precisamente encarcelar a quienes públicamente ofendieran a una autoridad, teniendo como base de la acusación la mera afirmación de esa autoridad, tal como lo estamos viviendo ahora.
