Marcha del Orgullo: por qué sigue necesitando visibilidad después de 24 años

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Por Leslie Orozco

Tras 24 años desde la primera Marcha de la Diversidad en Monterrey, la comunidad LGBTIQ+ y sus colectivos han mantenido una lucha constante por décadas. Su objetivo: asegurar derechos fundamentales como la no discriminación, la inclusión y la derogación de leyes opresivas. A pesar de los avances, reconocen que aún queda mucho camino por recorrer. 

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En Nuevo León, se estima que más de 286 mil personas mayores como parte de la comunidad LGBTIQ+, según datos del Instituto Nacional Electoral (INEGI). Esto convierte a Nuevo León en la quinta entidad federativa con mayor población de diversidad sexual en México.

Los movimientos en el estado

El 27 de mayo de 2001 cerca de 200 personas asistieron a la primera marcha organizada por activistas. El recorrido inició en la avenida Madero hasta culminar en la Explanada de los Héroes, pese a los cambios en el trayecto provocados por elementos de Tránsito que desviaron al contingente por calles poco concurridas del centro. 

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Esto inspiró otras movilizaciones como la 1° Marcha Lésbica de Monterrey en 2009. Un año después, se organizó una protesta contra de la remodelación de la Plaza Hidalgo, centro de congregación histórico para la población LGBTIQ+.

A pesar de los avances, no cesó la lucha. En 2013, activistas realizaron un plantón de 33 días frente al Congreso para demandar igualdad en el matrimonio y sanciones contra la discriminación, manteniendo viva la exigencia de derechos.

Ese mismo año, se ganó una demanda contra el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea por prohibir a hombres homosexuales donar sangre.

Por más de dos décadas, la población LGBTIQ+ ha mantenido la Marcha, adaptando su organización y logística a lo largo del tiempo. La esencia de su lucha permanece intacta: el reconocimiento de sus derechos y la erradicación de la discriminación.

Los frutos del activismo

El activismo también ha marcado importantes hitos para la población LGBTIQ+; afirma Nadia Garza, abogada e integrante de Movimiento por la Igualdad en Nuevo León. 

En 2014, Krystal Pacheco y Gizela Almazán lograron el primer registro oficial de los apellidos de una familia homoparental, tras una lucha legal para inscribir a su hijo en el Registro Civil. 

Aunque en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, la población LGBTIQ+ aguardó cinco años, hasta junio de 2023, para que el matrimonio igualitario fuera aprobado en Nuevo León.

En diciembre de 2022, se reformó el Codigo Penal para el Estado de Nuevo León para prohibir y castigar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) o terapias de conversión. 

Pero la modificación legislativa no abarca la protección de infancias y adolescencias obligadas a asistir a centros de terapia de conversión. 

“(Esto causa) la pérdida de potestad de padres y/o madres que por causa de su LGBTfobia someten a sus hijos o hijas a terapias de conversión; los violentan, los encierran y los privan de las condiciones dignas de vida con la finalidad de ‘convertir’ su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género en la que ellos desean. Hacen mucho daño a nuestras infancias. Entonces, no es posible que el Estado mismo les obligue a esos infantes a permanecer en un hogar donde te siguen violentando cada día”, mencionó Garza.

Actualmente, en abril de 2025, se aprobaron dos iniciativas para reformar el Código Civil para el Estado de Nuevo León

La primera de ellas, modifica el artículo 156 para eliminar la discriminación hacia personas con VIH o sida, pues se les limitaba a contraer matrimonio debido a una disposición que consideraba como impedimento a las «enfermedades crónicas o incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias».

Mientras que el artículo 294 del Código Civil fue cambiado para redefinir los parentescos de afinidad en matrimonios, eliminando los términos “varón” y “mujer”, ´para abarcar todos los tipos de uniones.

Según Nadia Garza, aún queda mucho por legislar. Entre las prioridades se encuentran la tipificación de delitos como el discurso de odio y los transfeminicidios, así como la facilitación del cambio de identidad para personas trans y no binarias.

Continúan iniciativas de discurso de odio

En enero de 2020, un ex diputado propuso el «Pin Parental«. Esta reforma a la Ley de Educación buscaba otorgar a los tutores la decisión sobre el tipo de educación sexual integral que recibirán sus hijos e hijas, lo cual habría obstaculizado el derecho constitucional a la educación sexual. No obstante, en mayo del mismo año, el Congreso estatal rechazó esta propuesta.

A pesar de la advertencia de la SEGOB sobre la posible inconstitucionalidad de la propuesta, en 2025 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPC) autorizó al mismo ex diputado a recolectar firmas para promover una consulta sobre el Pin Parental.

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A seguir marchando

Nadia Garza enfatizó la necesidad de seguir participando en la Marcha de la Diversidad Monterrey, programada para el 21 de junio de 2025. Subrayó que la visibilidad es la herramienta más poderosa para cambiar conciencias.

“La marcha transforma. La marcha revela. En la marcha podemos ser, en la marcha podemos disfrutar la calle porque también es nuestra. Por más que nos quieran excluir, por más que nos quieran guardar en donde no nos vemos, donde no molestamos, donde solamente existamos y a veces ni eso».


Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo

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