Entre Periodistas
Por Andrés A. Solis*
Esta noticia pasó desapercibida, entre el fin de semana largo por el “puente” del aniversario de la Revolución Mexicana y el mismo fin de semana en que el comercio organizado realiza su campaña de ofertas y descuentos, pero vale la pena recuperar un poco los datos.
A unos días de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumpla su primer año, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personas emitió una resolución para que la Secretaría de Gobernación brinde información sobre los alcances y resultados del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Resulta que la propia Secretaría de Gobernación le negó información a una persona que hizo una solicitud a través de las plataformas de transparencia.
La petición era muy sencilla: “conocer procedimientos, objetivos y resultados alcanzados de enero a julio de 2019, en el seguimiento de medidas de protección, correspondiente a la Unidad de Evaluación de Riesgos”.
La dependencia federal respondió que “el proceso de seguimiento e implementación de medidas de protección se describe en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Evidentemente la persona peticionaria de la información se inconformó ante el INAI ante tal respuesta que es más bien una negativa a responder, pues si bien la persona peticionaria puede recurrir a la ley para conocer procedimientos, como lo pide en su solicitud, lo que omite Gobernación es informar sobre los objetivos y resultados alcanzados en los primeros siete meses de este año.
Además, la dependencia federal omite responder a la solicitud de informar sobre el éxito de las medidas de protección otorgadas a todas las personas beneficiarias del Mecanismo, al menos en el periodo solicitado.
El consejero presidente del INAI, Joel Salas Suárez revisó el caso y lo presentó al pleno del instituto que de inmediato ordenó a Gobernación a “realiza una búsqueda de la información solicitada en todas sus unidades administrativas competentes, incluyendo a la dirección de prevención, seguimiento y análisis y la dirección general adjunta de evaluación de riesgos”.
Lo que sucede es que este gobierno aún no sabe ni cómo funciona el Mecanismo de Protección ni cómo debe atender de mejor manera los casos.
A prácticamente un año de que inició este sexenio, las personas que toman las decisiones en el Mecanismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos; y Aaron Mastache, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de esa subsecretaría, siguen sin encontrar la fórmula que ayude a cumplir su propia promesa de “fortalecer el Mecanismo”, promesa incluso reiterada por el presidente López Obrador en no menos de cinco ocasiones en sus conferencias mañaneras.
Siguen sin darse cuenta que no es sólo un tema de recursos y presupuesto, sino de atención integral, de seguimiento a los casos, de tener evaluaciones de riesgo efectivas y que los casos se resuelvan de acuerdo a la urgencia y necesidad de cada situación y no que sigan juntando todos los casos que les lleguen antes de la próxima sesión de la Junta de Gobierno.
Quieren seguir manejando el Mecanismo de Protección como si fueran citas de consulta externa en el Seguro Social.
