Por Debanhi Soto
El Congreso de Nuevo León aprobó una nueva Ley de Educación que, por primera vez en 25 años, establece protocolos claros para garantizar el acceso a la educación de más de 107 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el estado. Sin embargo, la celebración de los colectivos que impulsaron la reforma llega con reservas: temen que el gobernador Samuel García vete la ley argumentando el costo presupuestal que implicaría su implementación.
Durante 2024, la Secretaría de Educación fue la segunda autoridad estatal señalada con más hechos violatorios a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). La mayoría de las mil 48 denuncias van relacionadas con obstaculizar el derecho a la educación o el interés superior de las niñas, niños o adolescentes.
Educación Sin Barreras Nuevo León (ESBNL) es un colectivo de padres y madres de familia de infancias con discapacidad que buscan garantizar el derecho a una educación inclusiva, accesible y equitativa.
Desde su fundación en 2022, ESBNL ha atendido 318 casos de infancias que han visto violado su derecho a la educación. En su mayoría (69%) se trata de casos recurrentes o prolongados que ponen en riesgo a las y los estudiantes, y el 84% de las víctimas buscan orientación para denunciar ya que no hay respuesta en el sistema.
En entrevista, Laura Acosta e Idalia Guerra, integrantes de ESBNL explicaron que si bien hay leyes estatales y nacionales que deberían garantizar el derecho a la inclusión del alumnado con discapacidad, en la práctica los marcos legales no están homologados y los estudiantes son rechazados o su permanencia depende de la “buena voluntad” del docente o directivo.
“A la hora que tú le dices a una mamá, no te lo pueden correr porque hay una ley de autismo, pues la Secretaría (de Educación) te contestaba tan fácil como ‘sí, pero yo no lo tengo integrado, la ley de educación no lo contempla’ Entonces había unas lagunas muy fuertes porque la ley de educación no está actualizada” compartió Idalia Guerra en entrevista.
Es importante destacar que la Ley de Educación vigente se publicó en octubre del 2000 y aunque ha pasado por varias reformas, las integrantes de Educación Sin Barreras consideran necesario abordar las lagunas legales y las faltas de precisión por lo que se propuso una nueva Ley de Educación.
¿Qué dice la Nueva Ley de Educación?
El 23 de marzo de 2026, con 27 votos a favor y 14 abstenciones se aprobó en el Congreso de Nuevo León, una nueva Ley de Educación que integra 43 expedientes legislativos.
De manera general, el texto legislativo propuesto incluye la adaptación de nuevos modelos flexibles de educación, la incorporación de tecnologías digitales, la promoción de estilos de vida saludables y criterios para hacer más equitativo el acceso a la educación.
En materia de educación inclusiva se establece un protocolo para todos las y los involucrados en el proceso de aprendizaje, así como un reglamento de atención y protección que estipule obligaciones para los planteles educativos o servidores públicos que obstaculizan el derecho a la educación de un estudiante por tener discapacidad.
Asimismo, la reforma también considera que se debe reducir la carga administrativa de los docentes para que se enfoquen en sus tareas académicas. En la ley se establece que el Estado debe asignar asistentes educativos, acompañantes escolares y equipos de especialistas que den soporte a las escuelas y eviten que la educación inclusiva se convierta en una sobrecarga de trabajo para las y los docentes.
“Algo que solicitamos con mucho énfasis es la creación de un protocolo y reglamento para la educación inclusiva y ahí se definirían las funciones, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones de todos los implicados (…) pero que los docentes tengan acompañamiento, que estén arropados por el estado” explicó Laura Acosta de Educación Sin Barreras sobre la nueva ley.
Temen veto estatal sobre nueva Ley
En la sesión del Congreso de Nuevo León del 23 de marzo de 2026, la Ley de Educación se aprobó con 27 votos a favor y 14 abstenciones por parte de los nueve diputados de Movimiento Ciudadano, cuatro de Morena y la representante del Partido Verde.
Sin embargo, se teme que la ley sea vetada por el gobernador Samuel García debido al presupuesto que implicaría su implementación. En su participación ante el congreso, la diputada emeceísta Paola Linares López indicó que su bancada votaría en contra del dictamen por este mismo motivo.
“Se contemplan diversos temas que afectan de forma considerable el presupuesto del estado y otros que presentan una intromisión a las facultades inherentes del poder ejecutivo (…) Debemos ser conscientes que la implementación de muchos temas que se incorporan en esta ley tendrán una afectación directa en el presupuesto del estado lo que afectará su implementación” expuso la representante de la bancada naranja.
Al respecto, las integrantes de ESBNL reconocieron que si bien, la ley está solicitando presupuesto para que la educación inclusiva se pueda cumplir, esta es una responsabilidad que el estado ya tiene, además el texto legal incluye que la partida presupuestaria debe ser progresiva para no afectar las finanzas del estado.
“Ese es un falso argumento. No se hacen las leyes en función del dinero que exista, sí se deben contemplar las realidades que existen y entre ellas el presupuesto es una realidad, pero las leyes se hacen y luego se busca el presupuesto” explicó Laura Acosta de ESBNL.
De acuerdo a la UNESCO, se recomienda asignar entre el 4% y el 6% del Producto Interno Bruto a la educación.
En el presupuesto estatal de 2025 (el de 2026 continúa sin ser aprobado) se destinaron 49 mil 826 millones 123 mil 483 pesos a la educación, considerando que en 2024 el PIB del estado fue de dos billones 693 mil 173 millones de pesos, a la educación se le dedicó 1.85% del PIB, por debajo de la recomendación de la UNESCO.
Además, según explicaron las integrantes de ESBNL los recursos dedicados a la educación no son transparentes, no hay datos claros y no se evalúan necesidades y resultados de la inversión presupuestal.
“Señor gobernador podría dejar un legado muy importante a nuestros hijos en materia de inclusión, ser un estado ejemplo como lo somos para otras cosas y el reto es este, que esta ley no sea vetada, que no sea el pretexto del presupuesto el que detenga los estudios de nuestros hijos” puntualizó Idalia Guerra.
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
