- Los constantes cambios a las cuotas, unidades y reformas al transporte público de Nuevo León afectan gravemente a los grupos de atención prioritaria que requieren movilizarse dentro del AMM, y que además deben enfrentarse a no poder pagar con efectivo.
Por Leslie Orozco
El 25 de junio, activistas y elementos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) presentaron ante el Congreso del estado una iniciativa para reformar los artículos 4, 144 y 70 de la Ley de Movilidad, con el propósito de que las personas usuarias puedan decidir su forma de pago.
Durante una audiencia pública en las instalaciones de la CEDHNL realizada el 24 de junio, usuarios del transporte público manifestaron las diferentes problemáticas que han experimentado luego de que la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el estado de Nuevo León estableciera el sistema electrónico como única forma de cobro.
Medidas que obstaculizan el acceso al transporte
Las personas adultas mayores, con discapacidad y estudiantes han sido especialmente afectadas por las recientes decisiones políticas en torno a movilidad y transporte público en Nuevo León.
Para poder acceder al transporte, los usuarios deben utilizar la tarjeta digital «Me muevo» -recargable en pocas tiendas de conveniencia, estaciones de metro o transmetro- o la aplicación «urbani».
Además, tras la eliminación de la tarifa preferencial, usuarios del transporte público han expuesto diversos inconvenientes que van desde pocas unidades de transporte que aceptan cambio en efectivo, hasta el aumento de los tiempos de traslado.
“Antes tenía tarifa preferencial y hoy no cuento con ella. Me siento discriminada, pues la movilidad es un derecho, también me afecta en el tiempo de espera porque invierto para esperar las unidades de servicio que tengan a pagar en efectivo”, mencionó la usuaria Lydia Reyna, quien es una mujer adulta mayor.
Otros de los grupos de atención prioritaria que se han visto afectados por la exclusividad del método de pago electrónico son las personas con discapacidades.
De acuerdo con el Banco de México, las personas con discapacidad visual pueden tener mayor noción de su economía utilizando billetes y monedas, pues cada denominación cuenta con características físicas como el tamaño, la textura, relieve de los billetes y monedas que permiten identificar su valor mediante el tacto.
A esto se suman las fallas de la aplicación, -como la lectura en voz alta- que violentan la autonomía de las personas con discapacidad.
María Mercedes, usuaria de silla de ruedas, refirió que el transporte público de Nuevo León no cuenta con los ajustes razonables para utilizar las unidades. Esto debido a que los camiones no tienen rampas adecuadas y a que los choferes no se detienen, por lo que se requiere un acompañante que proporcione la ayuda necesaria para abordar.
“Para poder pagar el acceso nos piden la tarjeta o la aplicación. No contamos muchas veces con los recursos. No traemos datos o la gente no tiene la manera o el modo de tener un celular. Hay personas que gastan en trasladarse. Esas personas muchas de las veces van a rehabilitación, entonces gastan demasiado. Sí es una limitante el hecho de que se esté cobrando porque la aplicación no funciona […] No sé para qué me sirve a mí que estén modernizadas las unidades. Otra barrera es que la rampa no es adecuada, si yo voy sola no me puedo ir”, señaló la usuaria.
Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), más de 24 millones de personas no cuentan con un teléfono celular, por lo que establecer el uso exclusivo de métodos de pago electrónicos configura una barrera de acceso al transporte para una gran parte de la población.
“El hecho de incorporar como único método de pago, el pago electrónico, puede impactar a las personas con escasos recursos que deben encontrar la manera de adquirir tarjetas electrónicas o no cuentan con un dispositivo móvil o de internet, entre otros recursos que se requieren para adquirir el método de pago requerido”, indicó la CEDHNL.
Amparos contra las políticas estatales de movilidad
En mayo de 2024, la Comisión Estatal emitió la recomendación 09VG/2024 por violentar al menos 15 derechos fundamentales como la movilidad, la vida digna, la salud, educación, trabajo, descanso, recreación, derechos de personas con discapacidad, infancias, adolescencias, entre otros.
Recientemente, colectivos y organizaciones han realizado amparos contra el aumento de precio del transporte público. En diciembre de 2024 y enero de 2025 se realizaron dos demandas y actualmente están en juicios de amparo.
Estas acciones legales buscan salvaguardar derechos humanos constitucionales como el acceso al transporte público y el principio de no discriminación, así como que el gobierno aclare las causas del aumento a las tarifas.
También se busca que se reconozca la ilegalidad del proceso de reformas al transporte público y del dobleteo de puestos, pues se saltaron pasos como las consultas ciudadanas y Abraham Vargas Molina figura como encargado del despacho del Instituto de Movilidad y como director del Metrorrey.
Al respecto, el gobierno estatal respondió que los activistas demandantes no utilizan el transporte público y argumentó que Vargas Molina cuenta con un cargo honorario.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
