Por Melina Barbosa
México atraviesa una crisis de desapariciones que no da tregua: con un registro oficial que ya supera las 130 mil personas desaparecidas, el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum arranca con un promedio de 40 desapariciones diarias.
Ante este escenario, el gobierno federal abandona la «Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada» (el censo de AMLO) para anunciar un nuevo método de conteo que ha encendido las alarmas.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas temen que este nuevo cómputo resulte en un «borrado» de nombres del registro oficial. Al condicionar la búsqueda a trámites burocráticos y ministeriales, los casos más antiguos (de larga data) corren el riesgo de ser archivados definitivamente bajo la etiqueta de «localización administrativa» o «ausencia voluntaria».
En esta nota te explicamos el colapso de la estrategia anterior, plagada de irregularidades, y los riesgos del nuevo plan de Sheinbaum.
Abandono del censo de AMLO
Una investigación de A dónde van los desaparecidos reveló el colapso de la estrategia de búsqueda del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el giro que ha tomado el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo respecto al registro de personas desaparecidas en territorio mexicano.
La Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG) pretendía «depurar» las cifras mediante visitas casa por casa y llamadas telefónicas.
Sin embargo, el sitio de investigación periodística sobre las lógicas de la desaparición de personas en México constató que la estrategia se detuvo en abril de 2024 debido a graves irregularidades operativas y costos políticos:
- Falsificaciones: Funcionarios de la Secretaría de Bienestar falsificaron firmas de víctimas y otros funcionarios en los cuestionarios realizados a familiares de personas desaparecidas. Esto invalidó la información y la estrategia no se retomó.
- Negligencia: Se perdieron centenares de cuestionarios y se intentó suplantar la información con datos digitales copiados a mano con múltiples errores.
- Errores administrativos: De hasta 1,000 registros, los trabajadores de la CNB solo podían validar cuatro, debido a la falta de pruebas de vida, expedientes incompletos o que no contenían documentos físicos.
- Falta de transparencia: Desde abril de 2024 se detuvieron las jornadas de búsqueda y el centro telefónico desde donde se hacían llamadas para indagar sobre el paradero de las personas ausentes. Nadie, ni la presidenta, ha informado qué ha ocurrido con ese plan que, en el arranque de su administración, dijo que iba a continuar; tampoco se hizo del conocimiento de las madres buscadoras. Simplemente, el tema salió de la agenda pública.
- Presión internacional: El cambio de discurso también responde al costo político de eventos como el hallazgo del centro de adiestramiento del CJNG en Teuchitlán, Jalisco, así como la decisión de la ONU de aplicar el artículo 34 al considerar que en el país la desaparición forzada ocurre de “manera generalizada o sistemática”.
Nuevo registro de Sheinbaum
Durante la mañanera del 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una revisión profunda del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO), instrumento alimentado por fiscalías y comisiones estatales.
Aunque la presentación de resultados estaba programada previo al cierre de 2025, el informe se ha postergado y se espera sea transparentado en los próximos días.
El 18 de diciembre, también desde Palacio Nacional, la mandataria precisó que la actualización de este instrumento, que administra la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), incluirá cuántas personas han sido localizadas, cuántas permanecen desaparecidas, cuántas tienen una carpeta de investigación, cuántas son ausencias voluntarias y cuántos casos se relacionan con la delincuencia organizada.
“Ahora, por ley”, dijo Sheinbaum, “solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación; precisamente, por este tema de que se registraba un nombre y no había datos adicionales, […] ni tampoco quién la había subido a la plataforma”, declaró Sheinbaum.
Con la información que se ha hecho pública hasta el momento, el nuevo plan de la administración de Sheinbaum apunta a un enfoque en el ámbito judicial:
- Criterio judicial: Se priorizará el conteo de personas que cuenten con una denuncia formal ante el Ministerio Público.
- Plataforma Única de Identidad: El uso de la CURP para cruzar datos en tiempo real con el IMSS, el INE y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Clasificación de casos: Los resultados buscarán distinguir entre desapariciones forzadas, delitos ligados al crimen organizado y «ausencias voluntarias».
Riesgos del nuevo RNPDNO
Organizaciones como el Centro Prodh y colectivos de madres buscadoras han señalado tres riesgos principales en este nuevo esquema:
1.- Subregistro: Condicionar la búsqueda y registro de una persona desaparecida a una carpeta de investigación excluye a familias que no denuncian.
2.- Invisibilización: Si bien el término de ausencia voluntaria existe en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el temor se centra en el cierre de carpetas de investigación ante la falta de pruebas aportadas por familiares; a eso se le suman los contextos de personas que no pueden denunciar por razones de inseguridad, violencia e incluso falta de traductores en comunidades indígenas. También por la cantidad de fiscalías locales a las que las familias les tienen temor o desconfianza.
3.- Cierre de expedientes: Preocupa que los casos de «larga data» (años anteriores) queden en el olvido si no se actualizan bajo los nuevos criterios administrativos.
Se espera que en los próximos días el gobierno federal presente los resultados de la primera actualización bajo este nuevo modelo.
Los colectivos de búsqueda exigen que cualquier cambio en el estatus de una persona cuente con una «prueba de vida» verificada y no solo con el cruce de bases de datos administrativas.
El riesgo que señalan abogados del Centro Prodh es que, si el gobierno solo se basa en carpetas de investigación, podrían ocurrir «bajas administrativas».
Si una fiscalía decide que no hay pruebas suficientes para seguir investigando un delito y «archiva» la carpeta, la persona podría quedar fuera del conteo oficial de personas desaparecidas, aunque su familia siga sin saber dónde está. Esto se conoce como «rasurar» el padrón.
No obstante, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es clara: una persona sigue desaparecida hasta que se establece su paradero, independientemente de si hay un delito que perseguir o no.
📢 A 3 años de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, nos sumamos a la exigencia de sus familias de contar con una búsqueda diligente.
Hoy en el Zócalo de la CDMX, junto a otros colectivos de búsqueda instalaron un memorial para continuar… pic.twitter.com/kgAVNtfZJe
— Centro Prodh (@CentroProdh) January 15, 2026
LINKS | FUENTES:
- Abandonan “censo” de AMLO; anuncian nuevo cómputo de desapariciones | A dónde van los desaparecidos
- Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 14 de noviembre de 2025
- Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 18 de diciembre de 2025
- LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICION COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS
- Por qué se habla de una Comisión Nacional de Búsqueda desmantelada | Verificado MX
- Activa ONU procedimiento por crisis de desapariciones: Oportunidades y riesgos
- Espectaculizar el horror: Desinformaciones sobre Teuchitlán, Jalisco | Verificado MX
