Por Melina Barbosa
En 2021, los órganos electorales y los partidos políticos locales se enfrentaron en una batalla por las medidas afirmativas que buscaban la inclusión en las candidaturas de grupos históricamente discriminados: personas LGBTIQ+, con discapacidad e indígenas.
A regañadientes y con muchos recursos legales de por medio, – incluido el ocultamiento indebido de los nombres de aspirantes de la diversidad sexual- presentaron perfiles de estos grupos, sin embargo los resultados no son para nada representantivos.
Según el Instituto Nacional Electoral (INEGI), Nuevo León es la quinta entidad federativa con mayor diversidad sexual y de género ya que cuenta con 286 mil 490 personas LGBTIQ+ de 15 años y más.
Sin embargo en las elecciones 2020-2021 las medidas afirmativas solo pudieron garantizar cinco regidurías y dos sindicaturas, dando un total de siete representantes populares.
La representación político-electoral también se ha quedado corta para más de 56 grupos étnicos conformados por alrededor de 352 mil 282 personas que se autoadscriben como indígenas, es decir, al 6.9% de la población de Nuevo León; quienes únicamente ganaron siete regidurías y una sindicatura.
En el caso de las personas que viven con una discapacidad, que representan el 3.8% de la población en Nuevo León, con 220 mil 206 personas, se consiguió una presidencia municipal y dos regidurías en los ayuntamientos.
Resistencia a la representación LGBTIQ+
En el proceso 2020-2021 fue la primera vez que se emitieron medidas afirmativas a favor de diversos sectores poblacionales, por lo que el INE obtuvo una estadística del número de postulaciones y cuántas personas accedieron a cargos bajo tales medidas.
No obstante, las llamadas «cuotas arcoiris» tuvieron dos problemas de origen; por un lado fueron autorizadas dos días antes del cierre de registro, y por el otro, los partidos decidieron ocultar los nombres de sus representantes alegando “reserva de datos personales”.
Jennifer Aguayo, coordinadora general de Movimiento por la Igualdad narra que las acciones afirmativas se emitieron para que en las diputaciones, los partidos políticos y coaliciones postularan por lo menos una fórmula de la diversidad sexual:
“Esto llevó a 163 candidaturas pero como los partidos políticos no estaban preparados para darles la oportunidad y representación a todas las poblaciones, no estaban preparados con personas de la diversidad sexual. Pero ahora lo tenían que hacer obligatorio y entonces presentaron un recurso, lo presentó el PAN y lo ganó y entonces los demás partidos hicieron uso del recurso para ocultar los datos de las personas”.
De las 163 candidaturas, 103 personas ocultaron sus datos, por lo que no se sabía por quienes se iba a votar para representar a la población LGBTIQ+. Después de las elecciones, Movimiento por la Igualdad envió una serie de solicitudes de transparencia para conocer esta información.
“Lo tuvimos que hacer con otro pleito en la COTAI que duró meses para que nos pudieran otorgar los datos de las 163 personas que nos querían representar. Parece ser que eso ya lo vamos a superar con la reforma electoral y una vez que el INAI puso el antecedente de que los votantes tenemos el derecho a saber quienes nos quieren representar”, explicó Aguayo.
Según lo resuelto por el INAI en 2021, el INE debe dar a conocer los nombres de las personas de la población LGBTIQ+ que fueron candidatas en el proceso electoral local 2020-2021, partido al que pertenecen, principio por el que contendieron (mayoría relativa o representación proporcional), distrito o lugar para el cual fueron postuladas, así como los nombres de quienes resultaron electas por la acción afirmativa de diversidad sexual.
En su participación dentro del Foro «Inclusión, Nuestras diferencias garatizan nuestra democracia» organizado por el Instituto Estatal Electoral, Aguayo reveló que de las 13 candidaturas ganadas, en total son ocho las personas LGBTIQ+ que actualmente son titulares y no suplentes.
De las diputaciones se tiene en el Congreso del Estado a Jessica Martínez, mujer abiertamente bisexual que no ganó por mayoria relativa, sino por representacion proporcional.
Esto significa que la diputada obtuvo una curul por el principio de paridad y no por el lineamiento de la acción afirmativa.
Otras dos titulares visibles son Karla Torres y Ana Eugenia Rodríguez, regidoras de Monterrey que representan a Movimiento Ciudadano.
En Apodaca, está Javier Esparza Valdez como regidor por la coalición entre PRI-PRD y en Cadereyta está la síndica Brenda Melissa Barbosa Espino quien ocultó sus datos y es del PAN.
En Linares está José Guadalupe Gutiérrez Yañez, primera persona no binarie que funge como sindique pero que también ocultó sus datos y es del PAN.
En el municipio de Doctor González y en Mina quienes representan a la población LGBTIQ+ son Cristela Rodríguez y Luis Miguel Barrón, ambos por la coalición PRI-PRD.
Ponen más obstáculos rumbo a 2024
La Ley Estatal Electoral, fue reformada en marzo de 2022 para incluir candidaturas que representen a la población LGBTIQ+, e indica que “los partidos políticos y coaliciones deberán postular por lo menos siete candidaturas de personas que se autoadscriban como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ de entre la totalidad de candidaturas que postule en planillas para la elección de ayuntamientos del Estado”.
Pero en caso de que la postulación sea a través de una coalición, se tendrá por cumplida la obligación para los partidos políticos, lo que también puede reducir el número de candidaturas.
“Una puede ser suplente y la otra propietaria, entonces ahí si llegáramos a ganar nos pueden sacar”. Tras la reforma, “nos quitaron el criterio poblacional, es decir, que nos pueden mandar a cualquier municipio y sacar completamente de la zona metropolitana”, explicó Aguayo.
Otro hallazgo que destaca la activista es algunas personas se inscribieron en combo, es decir, se validaron casos en los que por ejemplo, una sola persona se inscribió como joven LGBT con discapacidad, lo que redujo la representación de cada grupo históricamente discriminado.
Población indígena poco reconocida
Galileo Hernández Reyes, nahua huasteco, especialista en derechos humanos y procesos legislativos, señala que fue hasta 2012 que en Nuevo León se estableció la legislación que reconoce los derechos de las personas indígenas y afromexicanas, siendo uno de los últimos estados en tener reconocimiento de estas prerrogativas.
En el proceso electoral 2020-2021 se promovió una reforma para que cada partido político postulara, cuando menos, una fórmula integrada por personas (propietaria y suplente) que se autoadscribieran como indígenas.
Tras la reforma, se logró que Galileo fuera candidato por Movimiento Ciudadano (MC) al Distrito 1 en Monterrey.
No obstante, según Gema Villalobos Ante, mujer zapoteca fundadora de la colectiva Mujeres Indígenas Nuevo León, la agenda de participación indígena no está terminada y la exigencia sigue siendo “el reconocimiento constitucional y legal de la identidad y diferencia indígena”.
“Hemos ido dando pasos muy pequeños que han garantizado que las comunidades indígenas seamos un poco más visibilizadas y que la sociedad esté más contextualizada”, añadió durante su participación en el foro de inclusión del Instituto Estatal Electoral llevado a cabo el pasado 25 de agosto.
Villalobos Ante, quien también contendió por el Distrito 1 con el PAN, narró que es complicado transitar en la participación ciudadana pues “no todos los órganos gubernamentales cumplen que siempre estemos incluidos”.
Las acciones afirmativas dieron dos primeras regidoras y tres regidoras en otros niveles, pero la promotora de derechos indígenas aclaró que realmente “no están en una posición de decisión o de representatividad”.
Al cuestionarle sobre las medidas que faltan legislar, Galileo Hernández Reyes afirmó durante una entrevista con Verificado que “lo deseado no es solamente la participación como tal, sino que la repartición de curules sea proporcional. Tener reglas claras ahí porque eso se deja a la decisión de los institutos políticos”.
El especialista en derechos humanos y procesos legislativos además puntualizó que falta el reconocimiento de otras figuras de organización y participación ciudadana diferentes a las que llevan a cabo los partidos.
“Hay nuevas formas de representación indígena que se están configurando en Nuevo León, pero no necesariamente son las de los partidos políticos. Fortalecer esas formas de organización que al final son parte de la vida democrática del estado, es otro de los retos importantes, valdría la pena poder tener reglamentaciones que fortalezcan y generen la validez a otros procesos”
Representación sin poder de decisión para las personas con discapacidad
Durante el mismo Foro de Inclusión organizado por el Instituto Estatal Electoral, María Carolina Flores Rojas, mujer sorda y regidora de García señaló que la cuota de representación de las personas con discapacidad (que componen el 3.8% de la población de NL) “es diminuta” ya que no se les incluye y al mismo tiempo se les instrumentaliza.
“Mi participación ciudadana comenzó presentándome en las juntas vecinales, exigiendo respuestas, pidiendo soluciones, proponiendo participar con la autoridad municipal sin nunca mencionar mi discapacidad. Eso lo hacía al final, de hecho creo que cuando decido comenzar a decirlo ellos ven en mí un relleno para cubrir las cuotas”.
La regidora lamentó “pertenecer a un cabildo que no ha hecho nada por respetar y hacer valer un reglamento para personas con discapacidad que se aprobó y se publicó hace más de 17 meses”.
De acuerdo con lo declarado por Flores Rojas, es frecuente que se hagan eventos de inclusión y no se le convoque, también expuso que no se han querido tomar en consideración a intérpretes de lenguas de señas mexicanas para respetar el derecho a la comunicación, convocando a sesiones en las que no se cuenta con ese ajuste.
Incluso el departamento de comunicación municipal ha omitido añadir subtítulos a los videos que se difunden en las redes sociales del municipio García.
Por su parte, el regidor del ayuntamiento de Monterrey, Luis Ixtoc Hinojosa García también reconoció que aún queda mucho camino por recorrer para que algunas de esas curules sean cambiadas por sillas de ruedas, por alguien que tenga algún aparato auditivo o que constantemente se comunique a través de lengua de señas.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
