EN CORTO
- A casi tres meses de haber iniciado funciones, Transparencia para el Pueblo (TPP) ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión.
- Esto significa que han sido rechazados la mayoría de los recursos interpuestos por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes de información por parte de dependencias federales.
- Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que estos resultados indican un retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información pública en México.
Por Melina Barbosa
Derivado de la aprobación de la Ley de Transparencia para el Pueblo, el Estado mexicano ahora se vigila a sí mismo.
El paquete de reformas aprobado en el Senado de la República desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para dar paso a la creación de Transparencia para el Pueblo, un órgano dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
En marzo de 2025, 80 organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos/as y activistas advirtieron que la reforma bloquea mecanismos de control ciudadano y abre la puerta a mayor opacidad en el gobierno.
TPP inició oficialmente sus funciones el 12 de mayo de 2025 luego de un periodo de suspensión, producto de su proceso de transición institucional. La institución quedó facultada para resolver los recursos interpuestos por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes de información por parte de dependencias federales.
Los otros datos sobre transparencia
TPP afirmó que su compromiso es «ser cada vez más transparente y garantizar el derecho humano de acceso a la información, así como la legalidad de los actos que emite».
El nuevo órgano de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presumió que, desde que inició funciones, solo ha desechado 14.6% de los recursos recibidos.
Pero es importante aclarar que TPP comparó la totalidad de recursos recibidos con los recursos desechados, omitiendo el dato del número de recursos resueltos.
En contraste con la versión oficial, Artículo 19 reveló que de los 2 mil 253 recursos de revisión recibidos por TPP, solo 457 fueron resueltos, de los cuales, 455 (99%) fueron desechados.
No obstante, recalca que esta información pudiera estar reflejada de forma incorrecta por parte de la propia institución, ya que algunos registros no corresponden a lo que señala el contenido de las resoluciones.
«La autoridad revisora tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, evitando desechamientos por razones formales y debiendo priorizar la garantía de los derechos de las personas», tal como lo establecen los artículos 148 y 169 de la legislación en la materia, puntualiza la organización.
Artículo 19 y otras 61 organizaciones consideran que, mientras el INAI se caracterizaba por actuar con independencia del poder político, Transparencia para el Pueblo opera bajo la estructura del Poder Ejecutivo, lo que compromete su imparcialidad.
Esta preocupación se agrava al observar que, en al menos 23 estados, se han replicado esquemas similares al federal, transfiriendo las funciones de los órganos locales de transparencia a dependencias estatales:
Aguascalientes; Baja California Sur; Oaxaca; Chiapas; Coahuila; Colima; Durango; Guanajuato; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; Estado de México; Michoacán; Nayarit; Oaxaca; Querétaro; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz; Yucatán y Zacatecas.
Además, 13 entidades incrementaron las causales de reserva de información.
El nuevo organismo utiliza justificaciones «estrictamente formales» para desechar los recursos, como el supuesto incumplimiento de requisitos legales por parte de las personas solicitantes o la falta de respuesta a avisos durante el proceso.
Estas decisiones han dejado en situación de total indefensión a las personas solicitantes, ya que el organismo no ofrece orientación para subsanar errores ni garantiza un proceso accesible.
Mientras que el extinto órgano autónomo se caracterizaba por actuar con independencia del poder político y por adoptar decisiones orientadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, Transparencia para el Pueblo opera bajo la estructura del Poder Ejecutivo, lo que compromete gravemente su imparcialidad.
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Esta subordinación institucional no solo debilita su autonomía, sino que también limita su capacidad de actuar como contrapeso frente a las dependencias gubernamentales que niegan la información.
Como resultado, sus resoluciones han mostrado una tendencia preocupante a favorecer los argumentos de los sujetos obligados (en este caso, autoridades), en lugar de adoptar un enfoque pro persona y de interpretación progresiva de los derechos, como lo establece el marco constitucional y el sistema interamericano de derechos humanos.
Esta lógica funcional, más alineada con los intereses del gobierno que con la protección de los derechos de la ciudadanía, no solo restringe el acceso a información pública, sino que profundiza la desconfianza institucional y viola los principios básicos de transparencia, rendición de cuentas y control democrático.
LINKS | FUENTES:
- “Transparencia para el Pueblo” niega el derecho de acceso a la información | Artículo 19
- Comunicado No. 002 Ciudad de México, 5 de agosto de 2025 | Transparencia para el Pueblo
- Transparencia Para el Pueblo – Resoluciones de Acceso a la Información Pública
- Estados replican “Transparencia para el Pueblo” y aumentan causales para reservar información | Animal Político
