Por Andrés A. Solis*
Primero. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP).
Tras un incidente de tránsito en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el escolta asignado a una periodista desenfundó su arma y realizó un disparo al aire. Ese es el hecho.
Es claro que el escolta falló en su entrenamiento e incumplió los protocolos mínimos de desempeño y de protección de su objetivo.
La pifia fue cuando la CEAPP, que preside Luis Orencio Ramírez Baqueiro, emitió un comunicado para descalificar a la periodista, poner en duda su calidad profesional y ética y encima, lanza una amenaza a las y los periodistas de Veracruz, al puro estilo del impresentable ex gobernador Javier Duarte.
Segundo. El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
El 25 de enero se confirmó la desaparición y posterior asesinato del periodista y académico Alejandro Gallegos en el municipio de Cárdenas, Tabasco.
Ese mismo día, sin aportar ninguna información del caso, la Comisión Ejecutiva del Mecanismo optó por deslindarse a priori afirmando que colega asesinado no contaba con medidas cautelares y peor aún, se anticipó a validar la versión de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tabasco de que no había indicios de que el crimen esté relacionado con la actividad profesional de la víctima.
En el primer caso, la CEAPP de Veracruz de manera irresponsable confunde la conducta de un escolta con el trabajo periodístico y prefiere descalificar a la colega beneficiaria de esta medida de seguridad, en vez de hacer su trabajo de documentar, investigar y aclarar los hechos.
El organismo veracruzano creado en los tiempos del ex gobernador Duarte de Ochoa, peca además de una lamentable ignorancia al querer relacionar el incidente con la conducta profesional de todos y todas las periodistas de la entidad. Se supone que el consejo de la CEAPP está integrado precisamente por periodistas.
En el segundo caso, el Mecanismo federal primero intenta desmarcarse del atentado, como queriendo anticipar a la sociedad de que no asesinaron a otro periodista que contaba con medidas de protección, como ha sucedido en otros casos con personas beneficiarias de esta instancia.
Y peor aún, se adelanta al juicio anticipado de una ineficiente fiscalía que de facto afirma que el asesinato no tuvo que ver con la actividad profesional del periodista. O de plano lograron descartar esa línea de investigación en apenas unas horas o el ministerio público tabasqueño intenta desviar la atención y no hacer su trabajo.
Como sea, regresamos a discusiones que hemos tenido a lo largo de varios años. Los mecanismos de protección siguen siendo ineficientes y por momentos optan por la salida política y no por cumplir con sus compromisos y responsabilidades legales y democráticas.
Ya ni qué decir del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México que ha guardado silencio ante el asesinato de Cayetano de Jesús Guerrero, asesinado en el municipio de Teoloyucan el pasado 18 de enero y quien por cierto, tenía medidas de protección federal.
