Por Andrés A. Solis*
A finales de 2001 un gran número de periodistas, analistas y personajes de la academia se reunieron durante varios días en la ciudad de Oaxaca, para ir afinando detalles de otras discusiones que ya se habían ido gestando con anterioridad.
De esos días surgió lo que posteriormente conocimos como el “Grupo Oaxaca” que terminó impulsando la primera Ley de Federal de Transparencia en México, aunque Chihuahua ya había aprobado la suya antes.
Han pasado dos décadas, la ley inicial se ha transformado y surgió una nueva ley a la par para proteger los datos personales, nuestros datos personales. Del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), transitamos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En las últimas dos décadas, periodistas y personas de la académica hemos sido las principales peticionarias de información a los cientos de sujetos obligados a nivel federal, estatal, municipal, tanto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sí, este acceso a la información ha permitido publicar investigaciones periodísticas que han develado casos de corrupción, de abusos de autoridad y complicidades con grupos criminales y poderes fácticos.
Personas funcionarias públicas también ha sido un sector importante en las solicitudes de información, pues ha sido una herramienta para documentar los abusos y excesos que cometen sus propios jefes y jefas.
Hay “peros”.
Pese a los incontables cursos de capacitación que ha ofrecido el IFAI, luego INAI y los organismos garantes de los estados, hay una abrumadora mayoría de periodistas que ni siquiera saben cómo hacer solicitudes de información. De hecho ni siquiera es materia en las escuelas de periodismo.
Y si como periodistas no sabemos usar estas herramientas, imaginemos al resto de la sociedad que no conoce mucho sobre el tema. En 2019, la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana del INAI reveló que 55.7 por ciento de las personas acude a una oficina pública a solicitar información y 54.9 por cierto la busca por Internet. Apenas 5.8 por ciento de la población encuestada hace solicitudes a través de las plataformas del INAI.
Este mismo estudio, que es el más reciente, muestra que 91 por ciento de las personas reconoce que la sociedad goza del derecho constitucional de acceso a la información, cuando en 2016 el porcentaje era de 59 por ciento.
Hoy muchos medios, periodistas y sobre todo cuasi periodistas que sólo opinan, salen en defensa del INAI y acusan al presidente López Obrador de autoritario y tirano.
No recuerdo que muchas de esas personas “opinadoras”, sedicentes periodistas haya hecho algo por promover el uso de las leyes, plataformas e instituciones de transparencia, para que cada persona de este país la conociera y entendiera su importancia.
¿Cuántos medios destinan el tiempo y los recursos técnicos, financieros y humanos para hacer más investigaciones y notas del día recurriendo a los mecanismos de transparencia para que sus audiencias entiendan hoy por qué necesitamos al INAI?
Se ocupan demasiado del presidente y el presidente no entenderá nunca la importancia de la transparencia y la pertinencia de tener u organismo autónomo que garantice el goce de este derecho, y si lo entiende, tampoco hará nada porque entre sus costumbres no está el reconocer que se equivoca, aunque decenas de veces haya recitado la frase de “Es de sabios cambiar de opinión”.
