EN CORTO
- En X se volvió tendencia el #DespojarEsRobar con el cual, políticos y usuarios afirman que hay una iniciativa de ley que “legalizaría el despojo” en la Ciudad de México. Pero es falso.
- La iniciativa a la que se hace referencia busca proteger a grupos vulnerables y garantizar que los desalojos se realicen con orden judicial y bajo estándares de derechos humanos. Sin embargo, la propuesta no considera “legalizar el despojo”.
- Esta no es la primera vez que se generan campañas de miedo sobre supuestas amenazas a la propiedad privada.
Por Debanhi Soto
En redes sociales circula una narrativa desinformante sobre que supuestamente Morena impulsó una reforma para “legalizar el despojo de inmuebles” en la Ciudad de México. Sin embargo, es falso y se trata de una propuesta legislativa sacada de contexto.
En X (antes Twitter) se hizo viral el hashtag #DespojarEsRobar como respuesta a la supuesta propuesta de “legalización del despojo”. La narrativa fue retomada por iniciativas políticas, legisladores y medios de comunicación llegando a tener más 150 mil impresiones y miles de compartidos en algunas publicaciones.
“Morena propuso una reforma a la ley constitucional de derechos humanos en donde prohíben, expresamente dice ‘se prohíben los desalojos en la Ciudad de México”. Esto significa que tú ya no puedes desalojar a alguien cuando invadan tu predio, cuando un inquilino no pague la renta, cuando alguien a la mala se meta a tu casa, a tu departamento, a tu terreno y esto está legalizando justamente pues la invasión de predios” dijo el diputado Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso de la CDMX en entrevista con Milenio Televisión.
La “reforma para legalizar los despojos” a la que se hace referencia se trata de una iniciativa presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México, no obstante, la propuesta no contempla legalizar el delito de despojo.
¿Qué dice la iniciativa de Batres Guadarrama en materia de desalojo y depojo?
La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías se creó en febrero de 2019 y busca “establecer las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Sobre los desalojos la ley expone en su artículo 60 que “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial”, y que en caso de requerir desalojar a un inquilino, se deben respetar los procedimientos y las disposiciones constitucionales y legales del proceso.
La propuesta de la diputada contempla agregar dos párrafos en los que se prohíba desalojar a personas en situaciones de extrema urgencia como epidemias o desastres naturales y garantizar que los desalojos no afecten de manera desproporcionada a grupos vulnerables.
Además, la iniciativa de Batres Guadarrama adiciona algunas disposiciones a párrafos ya escritos para asegurarse que los desalojos se realicen apegándose a las normas de derechos humanos y buscando explorar alternativas viables al desalojo.
En la legislación propuesta no se menciona que se legalice el despojo de propiedad o que en caso de que exista una falta al contrato de arrendamiento o la invasión de un predio se “desampará” al propietario.
No es la primera vez que se desinforma sobre la propiedad privada
Es importante destacar que en Ciudad de México ya anteriormente se ha desinformado sobre supuestas amenazas a la propiedad privada por reformas e iniciativas presentadas en el congreso local.
Por ejemplo, después de que el 2 de septiembre el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres presentara un decreto por el que se reformó el artículo 3 de la Constitución Local de la Ciudad de México para homogeneizar el término “propiedad privada” con la definición que tiene el Artículo 27 de la Constitución Nacional, usuarios de redes sociales se alarmaron pensando que se eliminaría la propiedad privada lo cual era falso.
También en octubre de 2025, tras el anuncio del censo para el programa de Salud Casa por Casa hubo una campaña de desinformación en la que se afirmó que se trataba de un “censo comunista” para transicionar la propiedad privada a propiedad social, aunque, el bulo se desmintió en la conferencia de prensa mañanera.
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