Por Andrés A. Solis*
Hace unos días la escritora Sabina Berman, integrante de esta nueva élite de intelectuales orgánicos del nuevo régimen, tuvo una triste ocurrencia.
Se atrevió a decir que debe castigarse a la “prensa que se porta mal”.
Ciertamente la señora no miente cuando habla de que muchas personas desde los medios de prensa se dedican a ofender y acusar al actual gobierno, basándose sólo en su percepción de una parte de la realidad.
Es cierto, muchas personas que tienen espacios en la prensa, radio, TV y medios digitales, osan estas plataformas para mentir, ofender y discriminar a diversos personajes, especialmente a quienes forman parte del grupo que gobierna el país.
Claro que quienes usan los medios para denostar a quien se les antoje, en su mayoría no son periodistas, son personas opinadoras, sin criterios de verificación, documentación y confirmación de hechos y datos, sólo opinan.
En este espacio he reiterado constantemente que el derecho a la libertad de expresión no es ni puede ser un permiso anticipado para acusar en falso, descalificar ni ofender; el derecho a la libertad de expresión encuentra sus límites en los otros derechos.
Y aunque todas las personas tienen el derecho de contar con herramientas y recursos para defenderse de quienes usan los medios para atacarles sin sentido, ahora vemos que las pieles son cada vez más delgadas y los aparatos del Estado están favoreciendo el uso de las propias leyes para vulnerar y violentar un derecho fundamental como la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo profesional.
La organización de derechos humanos Artículo 19 presentó un informe en el que documenta el acoso judicial en contra de medios y periodistas.
De acuerdo con el reporte “Las leyes como mecanismo de censura”, Del 1 de enero al 31 de julio de 2025, “se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Los casos más preocupantes son los que hemos mencionado medios y periodistas en meses recientes. Dos recursos legítimos y necesarios para evitar la violencia política en razón de género y la violencia digital contra las mujeres, que son utilizados de manera facciosa para perseguir el periodismo libre, el periodismo profesional que documenta y difunde casos de corrupción y de excesos desde el poder.
Y ante esta andanada, el propio gobierno mexicano ha sido cómplice y hasta impulsor de acciones legales contra periodistas y aunque los que se autodenominan integrantes de la cuarta transformación lo nieguen, resultaron peores que los autoritarios y censuradores del PRI y el PAN.
