EN CORTO
- El Mundial de Futbol 2026 volvió a poner el foco en el sportswashing, concepto que describe el uso de grandes eventos deportivos o inversiones millonarias para fortalecer la imagen internacional de un Estado.
- Qatar 2022 recibió críticas por abusos contra trabajadores migrantes; el Mundial 2026 ha sido cuestionado por restricciones migratorias en Estados Unidos; y Arabia Saudita 2034 enfrenta acusaciones por su historial de violaciones a los derechos humanos.
Por Vicente Carrere / Malaespina
El Mundial de Futbol de este año, realizado en Estados Unidos, México y Canadá, volvió a poner el foco en el sportswashing. Organizaciones internacionales han advertido sobre los riesgos que enfrentan comunidades locales, aficionados e incluso jugadores por las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
Este concepto describe el uso deporte para desviar la atención de problemas políticos, regímenes autoritarios o violaciones a los derechos humanos.
Según Fabián Villalobos, cientista político y académico del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales (UDP) en Chile, el sportswashing es una estrategia mediante la cual los Estados utilizan grandes eventos deportivos para “mejorar, legitimar o proyectar una imagen internacional más positiva“.
En esa línea, explica que el deporte puede funcionar como una forma de “tapar controversias políticas” al asociar a un país con valores positivos como “la celebración, la unidad, la competencia y el prestigio internacional”.
Aunque el concepto del lavado de imagen a través del deporte no es nuevo, este alcanzó notoriedad durante el Mundial de Qatar 2022 y desde entonces ha sido aplicado a distintos eventos deportivos, entre ellos la actual Copa del Mundo de 2026 y la elección de Arabia Saudita como sede del Mundial de 2034.
Qatar 2022: el Mundial que instaló el debate sobre el sportswashing
El Mundial de Futbol en Qatar 2022 marcó un punto de inflexión en la discusión internacional sobre el sportswashing.
Durante los años previos al torneo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron los abusos contra cientos de miles de trabajadores migrantes. De acuerdo a ambas organizaciones, los trabajadores sufrieron de contrataciones ilegales, robo de salarios, lesiones y cientos de muertes en la preparación de infraestructura.
En 2021, una investigación de The Guardian reveló que más de 6,500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en Qatar desde que el país obtuvo la sede del Mundial en 2010.
Aunque no atribuyó todas las muertes a las obras del torneo, The Guardian advirtió que muchos trabajadores llegaron a Qatar por el programa de construcción asociado al Mundial, que incluyó estadios, carreteras, hoteles y sistemas de transporte.
Además, el medio consignó que la FIFA defendió las medidas de seguridad en sus proyectos y sostuvo que la frecuencia de accidentes en Qatar era baja, pero no entregó pruebas para respaldar esa afirmación.
Por otro lado, las críticas también apuntaron a las restricciones sobre la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.
Pese a ello, el torneo permitió que Qatar proyectara durante semanas una imagen de modernidad, infraestructura de primer nivel y capacidad organizativa ante millones de personas alrededor del mundo.
Estados Unidos y las restricciones migratorias
A diferencia de Qatar las críticas al Mundial de 2026 no se centran en la construcción de infraestructura, sino en el contexto político y migratorio en que se desarrolla el torneo.
En un informe publicado este año, Amnistía Internacional advirtió que millones de aficionados, periodistas, trabajadores y comunidades locales podrían verse afectados por las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump, especialmente por las detenciones arbitrarias y las deportaciones masivas.
La organización también alertó sobre el riesgo de vulneraciones a la libertad de expresión y de protesta, además de eventuales desplazamientos de personas en algunas ciudades sede.
El informe sostiene que la FIFA y los países anfitriones deben garantizar que el torneo no contribuya a normalizar estas vulneraciones y que la Copa del Mundo no termine funcionando como una vitrina que opaque el debate sobre derechos humanos.
Pese a las advertencias de Amnistía Internacional, durante el torneo ya se han presentado casos concretos vinculados a restricciones migratorias. Las autoridades migratorias de Estados Unidos rechazaron el ingreso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan.
Por otro lado, integrantes de la delegación de Irán enfrentaron restricciones para obtener visas. La problemática incluso ha afectado a aficionados de Marruecos y Senegal que denunciaron problemas para ingresar al país.
Según Fabián Villalobos, el caso de EE.UU. tiene un contexto distinto al de Qatar o Arabia Saudita, pero también puede leerse desde la lógica del sportswashing. A su juicio, el Mundial puede ayudar a proyectar una imagen “más amigable e inclusiva” del país en medio de un escenario de polarización política y cuestionamientos al gobierno de Donald Trump.
Arabia Saudita y una estrategia basada en el sportswashing
La elección de Arabia Saudita como sede del Mundial de 2034 se suma a una estrategia más amplia mediante la cual el país ha incrementado de forma sostenida su presencia en el deporte internacional.
En los últimos años, el país ha destinado millonarias inversiones para posicionarse como un actor relevante en el futbol y otras disciplinas. A la organización del Mundial del 2034 se suman la compra de clubes europeos, la llegada de figuras como Cristiano Ronaldo a la liga saudí, además de la organización de competencias de Fórmula 1, golf, boxeo y tenis.
Estas inversiones forman parte de la estrategia Visión 2030, impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca diversificar la economía saudí y proyectar una nueva imagen positiva del país hacia el exterior.
No obstante, tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han advertido que ese proceso convive con persistentes cuestionamientos por la situación de los derechos humanos en el país.
Entre ellos figuran restricciones a la libertad de expresión, persecución de activistas y opositores, discriminación contra mujeres y personas LGBTIQ+, además del uso de la pena de muerte.
Para Villalobos, los casos de Qatar y Arabia Saudita comparten una lógica similar. En ambos, señala, la organización del Mundial responde a una estrategia de “posicionamiento global, búsqueda de prestigio e inserción en circuitos de poder internacionales“.
Desde esa perspectiva, el enorme gasto realizado por estos países se entiende mejor como una inversión en reputación y visibilidad internacional que como un proyecto estrictamente rentable.
Aunque Qatar, Estados Unidos y Arabia Saudita responden a contextos distintos, los tres casos muestran cómo el deporte puede operar como una herramienta de proyección internacional. En unos casos, para ganar reconocimiento y legitimidad; en otros, para reforzar una narrativa de normalidad, apertura y liderazgo global.
Esta nota fue publicada originalmente por Mala Espina Check, integrante de la red de verificadores Latam Chequea, al igual que Verificado.
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