Por Debanhi Soto
En agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoció el cuidado como un derecho humano, una decisión que exige que los Estados garanticen su reconocimiento e integración efectiva en sus políticas públicas.
A un año de esta sentencia por parte del tribunal internacional, ciudadanas de Nuevo León fueron ante el Congreso del Estado a presentar una iniciativa con el objetivo de que se reconozcan los derechos a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como parte de las garantías individuales de la Constitución estatal.
El derecho al cuidado requiere que el Estado y la sociedad provean servicios e infraestructura de calidad a grupos en situación de vulnerabilidad como infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad o quienes atraviesan alguna situación de dependencia.
De acuerdo con la Alianza Global por los Cuidados, estas labores recaen principalmente en las mujeres, quienes les dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres.
Asumir este rol sin apoyo frena su autonomía económica, su acceso al mercado laboral y su derecho al descanso, una sobrecarga que impacta con mayor dureza a quienes enfrentan contextos de vulnerabilidad.
Es el caso, por ejemplo, de las mujeres adultas mayores que asumen el cuidado de otras personas, quienes pueden enfrentar al mismo tiempo las exigencias propias del envejecimiento y las responsabilidades derivadas de cuidar a alguien más.
Alicia Navarro, presidenta del Instituto Nuevo Amanecer, señaló la creciente vulnerabilidad de las madres cuidadoras en la vejez, quienes continúan a cargo del cuidado de sus hijos aun cuando sus propios requerimientos de atención y soporte se incrementan.
“La pregunta que más escucho de una madre no es ‘¿se va a curar?’. Es ‘¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya no esté?’. Porque cuando hay una discapacidad, el cuidado no es una etapa que se pasa; es la vida entera y quien la sostiene envejece. Un sistema de cuidados de largo plazo es la única respuesta seria a esa pregunta”, apuntó Navarro al exponer la iniciativa ante la Oficialía de Partes.
Empleo y tiempo: desigualdades a las que se enfrentan las cuidadoras
Una de las manifestaciones de la desigualdad en los cuidados se refleja en las ocupaciones de las mujeres frente a los hombres. De acuerdo con la encuesta Así Vamos 2025 de la organización Cómo Vamos Nuevo León, el trabajo doméstico no remunerado es la principal actividad del 55.1% de las mujeres.
En contraste, la actividad principal del 49.3% de los hombres es el trabajo remunerado.
Esta brecha limita la independencia económica de las mujeres y obstaculiza su acceso a la seguridad social, como consecuencia directa de asumir las tareas de cuidado.
La poca participación de las mujeres en el mercado laboral también se refleja mediante la tasa de ocupación por género. Mientras el 75.2% de los hombres son económicamente activos, en las mujeres la cifra cae hasta el 46.7 por ciento.
Según explicó Luz María Garza, activista y filántropa, en el estado hay casi 100 mil mujeres que quisieran trabajar formalmente fuera de sus hogares, pero no pueden hacerlo debido a que se les adjudican las labores de cuidados.
«En Nuevo León, más de 93 mil mujeres quieren trabajar fuera del hogar de forma remunerada y no pueden hacerlo porque cuidan. Pensemos lo que significa: miles de capacidades, talentos y proyectos que nuestra sociedad no está permitiendo desarrollar. Queremos cuidar a quienes amamos sin renunciar a ser quienes podemos llegar a ser. Que el cuidado siga siendo abrigo, pero que nunca más tenga que ser frontera», expuso la activista.
En el acceso al tiempo libre y las actividades de ocio existe otra desigualdad que afecta a las personas cuidadoras.
Un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre las labores de cuidados en Nuevo León expone que hay un 31% más de probabilidad de que las personas cuidadoras no tengan vida social y un 29% más de probabilidad de que no tengan tiempo libre al compararlo con las personas no cuidadoras.
La falta de tiempo libre y de actividades de ocio tiene efectos en la salud mental de las personas cuidadoras, quienes tienen 17% más probabilidad de desarrollar problemas físicos o mentales en contraste con las no cuidadoras.
En este sentido, la iniciativa presentada ante el Congreso local busca reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, garantizando servicios que permitan a las mujeres ejercer su autonomía sin comprometer el bienestar de sus familias.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que se plantea algo similar en el estado. Según mencionaron las ciudadanas ante el Congreso del Estado, Nuevo León ya cuenta con avances institucionales, compromisos públicos y conocimiento especializado en materia de cuidados, como foros de consulta y diálogos, acuerdos estatales y estudios del tema, por lo que no se trata de una iniciativa que parta desde cero.
«¿Cómo se ve esta ley si se hace real? Es un centro de día donde tu papá pasa la mañana acompañado. Es una cuidadora certificada que llega a tu casa y sabe lo que hace. Es un fin de semana de respiro para la hija que no ha dormido de corrido en meses. Es poder consultar un registro público en vez de buscar una estancia por WhatsApp. Nada de eso es un lujo: está escrito en la ley. Falta que exista», puntualizó Bárbara Diego, especialista en cuidados de largo plazo.
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
