Por Melina Barbosa
De cara al 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el panorama en México presenta dos realidades paralelas.
Por un lado, el mapa normativo avanza a partir de las resoluciones judiciales y el litigio estratégico que impulsan las redes de acompañamiento. Por el otro, la persecución penal, los pendientes regulatorios y el estigma médico imponen un freno constante a la autonomía reproductiva y al derecho a la salud de miles de mujeres y personas gestantes.
Esta criminalización se focaliza en la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, estados que concentran el 53.8% de las carpetas por aborto registradas en los últimos diez años.
Más de 8 mil investigaciones por aborto
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que la persecución del aborto persiste pese a su despenalización en 25 entidades federativas.
Entre 2015 y agosto de 2026, Ciudad de México (1711), Estado de México (1465) y Nuevo León (1265) acumulan 4,441 carpetas de investigación de un total nacional de 8,245 indagatorias registradas en dicho periodo.
No obstante, en la capital y el Estado de México, la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada hasta las 12.6 semanas de gestación, mientras que Nuevo León es una de las entidades —junto con Durango, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Sonora y Tamaulipas— que continúan penalizando esta práctica.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) precisa que la despenalización busca eliminar la persecución penal para dar paso a la legalización, la cual implica adaptar la legislación sanitaria para asegurar una atención médica gratuita, segura e integral. Por tanto, sin la despenalización total, el vacío normativo perpetúa barreras de acceso en el sistema de salud.
“Ha habido avances en papel, pero en la práctica las autoridades no están actuando. No se garantiza el acceso incluso en casos de violencia sexual en estados como Chihuahua y Coahuila, donde el aborto está despenalizado sin límite de tiempo. La criminalización sigue al pasar de la semana 12, por eso insistimos en la despenalización total”, dijo a este medio la fundadora de la Red Necesito Abortar, Sandra Cardona.
El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó la sentencia histórica sobre el caso de Coahuila, declarando que penalizar el aborto voluntario de forma absoluta es inconstitucional.
Aquel fallo de 2021 envió un mensaje contundente a todo México: decidir sobre la vida reproductiva es un asunto de derechos humanos y ninguna persona debería ser sujeta a una investigación penal por ello.
A cinco años de esa decisión, la foto del país está dividida y de acuerdo con GIRE, «aunque hemos avanzado enormemente, aún hay estados cuyos congresos locales se han negado a actualizar sus leyes con el estándar mínimo de reconocimiento a los derechos reproductivos en materia de aborto».
GIRE también recuerda que la Organización Mundial de la Salud ha sido clara en términos de la regulación recomendada a los estados en este tema:
“El aborto debe estar totalmente despenalizado. Deben eliminarse las barreras normativas, políticas y programáticas, así como los obstáculos en la práctica que dificultan el acceso a una atención para el aborto de calidad y su prestación oportuna. Entre ellos se encuentran los enfoques basados en supuestos, los límites a la edad gestacional, los plazos de espera obligatorios, los requisitos de autorización de terceros y las restricciones relativas a los proveedores”, afirma la OMS en sus directrices sobre la atención para el aborto emitidas en 2022.
El estigma que activa la persecución
La brecha en el acceso a la salud reproductiva suele desencadenar lo que GIRE califica como un protocolo de criminalización, un patrón no oficial donde el personal sanitario prioriza la investigación de un posible delito por encima de la atención médica.
Dicho protocolo se manifiesta tanto en una criminalización simbólica —mediante juicios morales, negligencia y alteración de expedientes— como en la apertura de procesos penales iniciados por avisos ministeriales desde el propio hospital.
Sandra Cardona ejemplifica esto con un caso documentado por la colectiva en Nuevo León, el cual expone cómo la sospecha penal opera en los espacios de atención médica frente a emergencias obstétricas.
“En un hospital privado le dijeron a una chica: ‘Te vamos a hacer una pequeña entrevista y si algo sale mal, te voy a llevar detenida’. Ella tuvo un aborto espontáneo, pero la juzgaron y hasta la hicieron firmar una hoja en blanco”, detalló la activista.
Tras la vulneración de sus derechos, Cardona le brindó acompañamiento inicial, recomendando cautela.
“Yo le dije: No le muevas, si no te buscan, quiere decir que no le dieron seguimiento. Pero estamos a la espera; recién me contactó para ver si le vamos a dar el apoyo tanto legal como psicológico, porque ella llegó muy traumada, no esperaba nada de eso”.
El acompañamiento ante las fallas del sistema
El estigma y el rechazo en los centros de salud también se traducen en traslados complejos entre entidades. La activista narra que recientemente acompañaron a una mujer a quien su médico en Nuevo León le ocultó su gestación, asegurándole que sus malestares eran solo “menstruaciones retenidas”, cuando en realidad tenía un embarazo de siete meses con complicaciones y malformaciones fetales graves.
Después de confirmar su embarazo en una brigada de ecografías y ser rechazada en el Hospital Materno bajo el argumento de que “no es un pase de emergencia” y que no atienden tales casos de malformación, la red gestionó su traslado de urgencia a la capital para que pudiera acceder a la interrupción médica de forma especializada.
“Nos la mandan y dijimos: Viene con malformaciones, pero también con una hernia umbilical, cuando intente abortar, no sabemos qué pueda pasar. Entonces, lo que hicimos fue mandarla a Ciudad de México. Al final supimos que el producto venía sin boca, sin cerebro, sin nariz, sin piernas ni manos y con todos los órganos de fuera”, expone Cardona sobre el tipo de casos que deben canalizar por la falta de atención local.
Este testimonio es solo uno de miles que refleja la constante persecución punitiva de mujeres y personas gestantes que atraviesan abortos, independientemente de que sean consentidos, involuntarios o forzados.
Sumado a la complejidad de la atención médica, la opacidad en el registro de los datos oficiales obstaculiza atender la problemática de raíz.
Ninde Molre, abogada y directora de la organización Abortistas MX explica que las estadísticas que las entidades envían al SESNSP no permiten entender con claridad la criminalización porque la Federación no exige desglosar la información.
“Se mandan todos los abortos y eso incluye aborto forzado y aborto voluntario. Entonces, es cierto que esos datos solamente hablan del número de carpetas de investigación abiertas y que no podemos saber si es por aborto forzado, aborto voluntario, si es contra la persona que aborta o contra el personal de salud”.
Molre advierte que esta falta de precisión también invisibiliza la persecución de emergencias obstétricas bajo delitos graves, señalando que «hoy la cifra que sí es totalmente desconocida es cuántas personas están siendo criminalizadas por una emergencia obstétrica con un tipo penal como homicidio, homicidio en razón de parentesco, infanticidio, etc.».
Asimismo, la abogada refirió que los avisos ministeriales emitidos por los hospitales son la fuente directa de muchas de estas denuncias, lo que expone, además, la incapacidad técnica para diferenciar una urgencia médica de un delito.
«El aborto forzado está vinculado a la comisión de otros delitos como violencia familiar. Hay que ver cómo es que se está pensando el aborto forzado para poder entender si es una correcta calificación o no, porque también pasa mucho que a veces los equipos ministeriales, la policía o los hospitales no saben cómo documentarlos».
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
