Por Andrés A. Solis*
El 17 de mayo de 2017 se realizó una reunión histórica en la entonces residencia oficial de Los Pinos, donde estuvo el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El motivo, fingir que tomaban acciones para prevenir y atender la violencia contra periodistas.
Apenas cuatro días antes había sido asesinado Javier Valdez en Sinaloa y unos días antes Miroslava Breach en Chihuahua. En total ese año fueron asesinados 12 colegas, la segunda mayor cifra de asesinatos cometidos en México en un solo año.
De aquella reunión surgieron promesas y compromisos que a nueve años de distancia siguen sin cumplirse en su mayoría.
Uno de estos compromisos fue crear un atlas de riesgo para el ejercicio profesional del periodismo.
Se trataba de identificar las zonas de mayor peligro para periodistas, las condiciones de vulnerabilidad, los potenciales agentes agresores, así como la capacidad de respuesta del Estado para reducir y enfrentar esas condiciones.
A inicios de aquel 2017, el recién creado Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del (entonces) Distrito Federal, hizo un primer borrador de un modelo de atlas de riesgo que entregó a Patricia mercado, la entonces secretaria de Gobierno de la capital durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
La idea era ponerlo como ejemplo para compartirlo con otras entidades, pero se quedó en el escritorio de la funcionaria y su sucesor simplemente lo archivo, pese a aquella reunión de mayo.
Pongo estos antecedentes porque recientemente el gobierno de Guanajuato, que encabeza la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo presentó recientemente algo que llamaron “Atlas de riesgo 2025-2026”, un documento elaborado por el Consejo Estatal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras que ahora encabeza Sergio Jaime Rochín del Rincón.
A Jaime lo conozco desde 2009, cuando era defensor de los derechos politécnicos en el IPN. Lo vi llegar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal y de allí a la misma comisión en Guanajuato. Ha sido duramente criticada la forma en que fue designado titular de esta comisión estatal de protección de periodistas.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda lo han criticado por la forma en cómo atendió a víctimas tanto a nivel federal como en lo local.
Este atlas que presentaron o al menos su versión pública no sirve absolutamente para nada.
Tiene un recuento de agresiones; número de casos y cantidad de periodistas víctimas de algún hecho violento. Identifica algunos municipios con casos reportados y eso es todo. Cualquier estudiante de periodismo podría haber hecho este recuento y ponerlo en una página web más útil y sin el absurdo color azul panista.
El atlas que no es atlas no identifica los factores de riesgo, agentes agresores, vulnerabilidades de periodistas, capacidad de reacción de las autoridades, estrategias de atención y coordinación entre autoridades municipales y estatales ni las condiciones legales o ineficiencias de los propios gobiernos que contribuyen a elevar los riesgos al ejercicio profesional del periodismo.
Este atlas que no es atlas no identifica los grupos criminales que operan, dónde operan, cuál es su capacidad de fuego, sus nexos con autoridades o alianzas con otros grupos criminales.
El sitio web (que puede consultarse aquí https://periodistas-gto.vercel.app/#atlas) tiene un “acceso institucional”; es decir, restringido para personas funcionarias y esperemos que allí sí esté toda esa información de un verdadero atlas de riesgo.
Mientras tanto las y los periodistas de Guanajuato o de otros lados que a veces hacemos periodismo en aquella entidad, seguiremos haciendo lo que hacemos; intercambiar información entre nosotros y nosotras para saber a qué nos enfrentamos.
Y al resto de los estados les recordamos que llevan nueve años sin cumplir aquellos compromisos firmados el 17 de mayo de 2017.
