- Al mismo tiempo que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presume al DIF Capullos “como el proyecto más bonito” de su administración, el DIF figura como el tercer organismo público descentralizado con más quejas por violaciones de derechos humanos, acumulando 201 expedientes de queja entre 2020 y 2024.
- Además, en Nuevo León se ha registrado un aumento en el número de casos en los que se utilizan a las infancias y adolescencias con fines políticos, lo cual atenta contra sus derechos a la seguridad e intimidad.
Por Melina Barbosa
Durante su 3° informe, el gobernador de Nuevo León afirmó que el DIF Capullos es uno de los proyectos más destacados del gobierno y presumió la remodelación de las instalaciones y las mejoras, tanto en servicios como en las condiciones laborales del personal.
“Y con esto paso. (…) al proyecto más bonito del gobierno que se llama Capullos. Esta institución cuando llegamos era una pena, nos dolía bastante hacer recorridos por las villas (…) Hoy nadie en Capullos gana menos de 15 mil pesos, están todos muy contentos con lo que han hecho. Hoy tenemos más de 550 niños y les queremos dar la mejor vida posible porque son neolonenses, son hijos de Nuevo León y merecen todas las oportunidades que cualquier otro niño del estado”, declaró Samuel García el pasado 27 de octubre.
Posteriormente, el gobernador proyectó dos videos, uno con testimonios positivos de trabajadoras y trabajadores del DIF y otro con comentarios favorables hacia la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, por parte de infancias y adolescencias bajo el cuidado del estado.
DIF permanece como el tercer organismo con más quejas
Contrario a la versión oficial, el DIF es el tercer organismo público descentralizado que acumula más expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos.
Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León con corte a agosto de 2024, dan cuenta que entre 2020 y 2024 se han registrado un total de 201 quejas contra el DIF, pasando de solo 5 quejas en 2020, a registrar 43 en 2024, un aumento de 760 por ciento.
- Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey: 288 quejas
- Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León: 277 quejas
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): 201 quejas
- Instituto de movilidad y accesibilidad del estado: 122 quejas
Entre las quejas se encuentran casos de madres de familia que en agosto de 2024 denunciaron al DIF Estatal por no permitirles ver a sus hijos e hijas ingresados en Centro Capullos, casos de posible abuso sexual y hasta el homicidio del adolescente Ángel Moreno.
Un hecho que aunque fue clasificado como crimen de estado, la recomendación emitida por la CEDHNL no fue aceptada y no hubo un reconocimiento público de las graves violaciones de derechos humanos.
“El Estado, en lugar de asumir un papel protector, pasó a convertirse en atacante, lo cual, al haberse realizado desde el poder político, mediante la utilización del aparato Estatal, dificultó la investigación de este crimen”. pic.twitter.com/Bni1J9sbe4
— 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) May 30, 2023
Descuidan a infancias y adolescencias por intereses políticos
Cada año aumentan los recursos destinados a comunicación social y gasto en publicidad en redes sociales, y a la par, son cada vez más frecuentes los casos en los que se utilizan a las infancias y adolescencias con fines políticos y mediáticos.
Tal es el caso del video mostrado en el tercer informe del gobernador Samuel García, donde aparecen menores dando opiniones favorables del DIF.
Los mensajes de agradecimiento a Mariana Rodríguez fueron de los más repetidos por las niñas, niños y adolescentes que fueron grabados en las instalaciones del DIF Capullos.
De igual forma, las elecciones de 2024 también dejaron en evidencia esta constante instrumentalización de las infancias y adolescencias en la política.
Tras el cierre del proceso electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) reportó que el delito con mayor incidencia fue la implementación de propaganda política-electoral con aparición de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) explicó a Verificado que si bien las opiniones de niños y niñas deben ser escuchadas y tomadas en cuenta, hay medidas de seguridad que deben considerarse al momento de realizar este tipo de ejercicios, sobre todo, los que involucran a personas en situación de vulnerabilidad.
“Puede estarse cayendo también en una cuestión de uso y explotación indebida de las infancias. En un informe de gobierno lo que se debería informar en términos estadísticos es en qué ha mejorado ¿Cómo estaban los Capullos antes y cómo están después? Mostrar fotografías que ilustren estos cambios, números de la inversión que se hizo en mejorar las villas, etcétera”.
La directora de REDIM recuerda que existen técnicas como el blur o el uso de emojis para mostrar a las niñas, niños y adolescentes realizando diversas actividades pero con cierta lejanía, de espaldas, a contraluz o con tomas en las que no se exponga su identidad y que su imagen no pueda ser utilizada de forma indebida.
“Los ejercicios de entrevistas directas a niñas y niños son muy positivos, pero cuando tienen como propósito indagar en sus opiniones en libertad, no orientando ni manipulando su pensamiento. Por otro lado, es el deber del Estado, no hay nada que presumir ahí, cuidarles tenerles limpios y en buenas situaciones no es nada para presumir, es lo mínimo que tiene que hacer cualquier gobernante utilizando los recursos del pueblo”, apuntó.
Para REDIM, es preocupante seguir viendo a funcionarias y funcionarios públicos replicar conductas en las que hacen un uso y explotación indebida de las infancias, pues aún cuando pudiera haber motivaciones de genuino interés tras este tipo de acciones, esto representa una violación al Artículo 4° constitucional que incluye el interés superior de la niñez.
Así como de las obligaciones suscritas por el Estado mexicano como la Convención de los Derechos del Niño, las cuales debe hacer cumplir, a través de todas sus formas de gobierno para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez, en especial cuando son víctimas; por lo que seguirles exponiendo sólo contribuye a revictimizar todavía más su situación.
Al solicitar una postura por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez declaró en entrevista con Verificado que «los niños y niñas son titulares de derechos humanos y no deben ser utilizados para un fin de propaganda política».
Respecto al video transmitido en el tercer informe de gobierno de Samuel García, la titular de la CEDHNL detalló que fue enviada una solicitud de informe al DIF para determinar que no se hayan vulnerado los derechos al interés superior de la niñez, a la intimidad y a la propia imagen, como en otro caso ocurrido en 2022.
Además, resaltó que las autoridades están obligadas a proteger la imagen de las infancias y adolescencias bajo la tutela del DIF dado que «se les expone a un gran riesgo» y puntualizó que la comisión está «en contra de que se utilicen con cualquier fin político».
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
