- En una iniciativa para aumentar las sanciones por abandono infantil, Movimiento Ciudadano expuso que Nuevo León ocupa el 4to lugar en abandono de menores. Pero la misma fuente de la iniciativa confirma que el estado se encuentra en el lugar 14.
- La Red por los Derechos de la Infancia en México explica que este tipo de políticas solo criminalizan a las familias o los encargados de crianza y quitan la responsabilidad al estado de atender las causas del abandono, como la pobreza multidimensional, la falta de acceso a servicios de salud y de cuidado.
Por Melina Barbosa
El pasado 1 de abril, el Congreso de Nuevo León dio entrada a una iniciativa de ley para endurecer las sanciones por el delito de abandono de menores.
«Somos el cuarto estado con más casos de atención en hospitales por abandono de menores, y este problema afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes. La reforma contempla modificaciones a los artículos 335, 336 y 336 BIS del Código Penal, estableciendo sanciones penales de hasta 12 años. Quien se meta con nuestros niños, niñas y adolescentes la va a pagar, y muy caro», afirmó Miguel Ángel Flores Serna, coordinador del partido Movimiento Ciudadano, al presentar la iniciativa.
Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, celebró que «este es un gran paso porque, como mencionaba Mike, actualmente el abandono se sanciona con penas mínimas” y «no se está castigando adecuadamente».
Sin embargo, la iniciativa de MC desinforma al asegurar que Nuevo León es la cuarta entidad con más casos de atención en hospitales por abandono o negligencia, pues los últimos datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (la fuente que cita la iniciativa) confirman que el estado en realidad se encuentra en el lugar 14 en abandono infantil.
Las entidades en las que se registraron más niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales del país por abandono y negligencia durante 2023 fueron Estado de México (28.1%), Hidalgo (19%), Jalisco y San Luis Potosí (6.2%).
La investigación de REDIM también arrojó que en Nuevo León aumentó la incidencia de abandono o negligencia contra niñas, niños y adolescentes, pues pasó de 6 a 9 casos entre 2022 y 2023.
Iniciativa castiga pero no atiende causas del abandono infantil
Rafael Castelán Martínez, quien preside el Consejo Directivo de REDIM, detalló en entrevista que en algunos estados, como Nuevo León, el aumento de sanciones y la institucionalización de menores son las primeras estrategias contra el abandono infantil, una problemática derivada de la desigualdad social.
“Actualmente tenemos más de 64 mil niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y justo Nuevo León ha estado en el ojo del huracán por todas las imágenes que se han difundido y que evidencian los intereses políticos en los centros de asistencia social. Pero lo que nosotros vemos es que no hay políticas pendientes a educar o acompañar a los responsables de la crianza”, explicó.
El también presidente de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) destacó que «seguimos clavados en un esquema punitivista” y tenemos que transitar a la justicia restaurativa, donde la prevención y la restitución de los derechos humanos tiene que ser una prioridad».
Textualmente, la iniciativa menciona que la Constitución Política de Nuevo León estipula en su artículo 36 que la niñez tiene derecho a «la satisfacción de sus necesidades de salud, alimentación, educación, desarrollo creativo, identidad, sano esparcimiento, a la preparación para el trabajo y a llevar una vida digna y libre de violencia para su desarrollo integral, así como a la convivencia familiar».
Para ello, «el Estado proveerá lo necesario y expedirá leyes y normas para garantizar el acceso y goce pleno de todos sus derechos, teniendo como consideración fundamental que siempre se atenderá al interés superior de la niñez, con especial énfasis en la inclusión de la niñez con alguna discapacidad».
No obstante, REDIM explica que la narrativa de la iniciativa es punitivista dado que no busca la reintegración familiar, sino la criminalización de las familias o los titulares de crianza e incluso del personal de salud.
En el discurso ciudadano y político predomina la crítica hacia las madres, padres o encargados de crianza que abandonan a las infancias y adolescencias en lugar de llevarles a instituciones como el DIF.
Ante este cuestionamiento, Castelán Martínez comentó que muchas personas no se acercan al DIF porque no la perciben como una institución de asistencia social y porque «persiste la creencia de que separa a las familias o les quita a los niños, y el problema es que esta iniciativa de ley en parte lo reafirma».
Se trata de una política que favorece la institucionalización de menores en el DIF, tercer organismo público descentralizado con más quejas por violaciones de derechos humanos.
La institucionalización, es decir, que los menores queden en manos del Estado, debería ser el último recurso por la profunda herida de abandono o el trauma de la separación que deja en las infancias y adolescencias.
Según el integrante del Consejo Directivo de REDIM, «muchos estados o gobiernos todavía siguen en este paradigma tutelar» y estas reformas «en lugar de disminuir el problema, lo van a agravar» ya que parten de una mala interpretación del interés superior de la niñez.
El Estado “tiene una gran responsabilidad de atender las causas del abandono o de negligencia por parte de los responsables del cuido, pues un plan de restitución tiene que estar enfocado en esos adultos, porque, insisto, cuando los derechos de los adultos son violentados pues en muchos casos terminan abandonando a los niños y las niñas por no poder darles una vida digna y segura”, señaló.
Organizaciones que documentan el abandono infantil en México dan cuenta que estos casos suelen darse en condiciones de urgencia extrema, de carácter económico, de violencia y de presiones culturales que hacen que el entorno social de las personas encargadas de una infancia o adolescencia esté reducido o sea prácticamente nulo.
Datos de REDIM evidencian que cada historia de un infante abandonado está ligada a la precariedad económica de sus progenitores, la falta de oportunidades y de acceso a servicios de salud, educación sexual integral y planificación familiar.
Informes de Reinserta también indican que este problema no se resolverá con llamados de atención a los progenitores (muchos jóvenes menores de 23 años), lo que se requiere es la implementación de estrategias de prevención y una red de protección efectiva para evitar que más infancias y adolescencias terminen desamparados.
