EN CORTO
- Las políticas que se discuten en el Congreso mexicano crean un sistema de vigilancia masiva sin controles, principalmente a través de la Ley General de Población, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley de Inteligencia y la Ley de Telecomunicaciones.
- En su conjunto, estas leyes sirven para asociar la identidad con la actividad diaria, para que esa información pueda ser consultada por las autoridades, tanto civiles como militares.
- El acceso a los registros de actividad puede revelar información sobre nuestras rutinas: a dónde vamos, a quiénes vemos, dónde vivimos y qué hacemos.
Por Debanhi Soto
En un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión se aprobaron y hasta el momento discuten —sin apertura, discusión o parlamento abierto— distintas iniciativas en materia de seguridad pública.
Representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) sostienen que se trata de leyes necesarias para coordinar a las instituciones de seguridad y prevenir delitos sin violar derechos humanos.
Sin embargo, de acuerdo con especialistas y defensores de derechos humanos, estas iniciativas legalizan la vigilancia por parte del Estado y las Fuerzas Armadas a través de modificaciones a las leyes de:
- Ley de la Guardia Nacional
- Ley General del Sistema de Seguridad Pública
- Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública
- Ley General de Población
- Ley General en Materia de Desaparición Forzada
- Ley Para Eliminar los Trámites Burocráticos
- Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
En Verificado te explicamos las implicaciones de los cambios y creación de estas leyes, así como los riesgos y posturas que ponen en duda la versión oficial.
¿Qué cambios suponen las reformas en materia de seguridad?
Uno de los principales cambios a la Ley de la Guardia Nacional (y sus leyes secundarias) es que el organismo pasará a ser responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esto implica que, en caso de ser necesario, los miembros de la Guardia Nacional podrán formar parte del Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana.
Asimismo, los elementos de la Guardia Nacional podrán colaborar con mandos estatales o municipales y realizar investigación de delitos bajo la supervisión del Ministerio Público.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es que la Guardia Nacional podrá llevar a cabo operaciones encubiertas a pesar de que en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que la institución realizara labores encubiertas por considerar que podría dar lugar a violaciones de los derechos a la privacidad y la no incriminación.
La promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública busca que exista una institución que reúna los padrones de personas detenidas y sentenciadas.
Así como las bases de datos de los servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, en materia marítima y en sí, todos aquellos espacios de los que se pueda extraer información para «prevención, investigación y persecución de los delitos».
Por otro lado, la Ley General en Materia de Desaparición, que ya fue aprobada en comisiones por el Senado, tiene como punto central la obligatoriedad de que la información personal y los datos biométricos de toda la ciudadanía estén disponibles para ser consultados por las autoridades en una Plataforma Única de Identidad.
Además, se habla del uso de una CURP biométrica para solicitar servicios o trámites usando los datos biométricos como una forma de identificación oficial, no solo en el espacio digital, sino también en el físico.
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocáticos pretende crear herramientas como la Llave MX asociada a la CURP que funcionaría como un mecanismo de autenticación e identificación oficial.
Si bien el nuevo dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminó los artículos que otorgarían atribuciones a las autoridades federales para intervenir en contenidos o bloquear plataformas, se mantienen los artículos que hablan sobre preservar la geolocalización real y los datos conservados de las líneas telefónicas sin especificar qué autoridades están facultadas para acceder a ellos.
¿Cuáles son los riesgos de las reformas?
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Artículo 19, Amnistía Internacional, Fundar y Data Cívica señalan que estas reformas legislativas vulneran varios derechos y legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas sin que exista un control o una atención de fondo a la crisis de seguridad.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, advierte el comunicado firmado por 14 organizaciones civiles.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) apunta que hay opacidad en cuanto al uso de datos personales y biométricos, pues no hay contrapesos, registros de qué autoridades solicitan los datos y con qué fines, necesidad de una autorización judicial para el uso de los datos o la obligación de notificar a la persona el uso de sus datos biométricos.
🔴 ¿El gobierno nos va a espiar? ¿Está en riesgo nuestra información? Conversamos con José Flores (@padaguan), Director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (@R3Dmx), sobre los datos biométricos en México
No te pierdas #YaNadieEstáDormido #YNED 📺con @jrisco y… pic.twitter.com/Yo4RhgK6l2
— adn40 (@adn40) June 26, 2025
«La seguridad pública, el combate a las desapariciones forzadas son fines legítimos, pero hay formas de hacerlo. ¿Por qué no quieren que quede un registro de quién está accediendo a estas bases? ¿Por qué no se quiere que haya una autorización digital? ¿Por qué no se quiere notificar a las personas? Claramente porque no hay una intención de rendición de cuentas en este sistema», cuestiona José Flores, Director de R3D.
Incluso la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) expresó preocupación, señalando la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas que pone en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos.
Otros factores que las organizaciones de la sociedad civil consideran preocupantes son el hecho de que las reformas legislativas se den en un periodo extraordinario sin apertura para su discusión; y que no está claro cómo se van a proteger los datos de ciberataques similares a los que ocurrieron recientemente con la base de datos de la Fiscalía de Nuevo León.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas, estas reformas legales en nombre de la seguridad, parten de una premisa falsa: «se proponen —y casi siempre se aprueban— cambios normativos que ignoran por completo el verdadero estado de los sistemas de control y rendición de cuentas de los aparatos de seguridad».
Familiares de personas desaparecidas rechazan reformas de seguridad
Si bien es cierto que el objetivo de estas reformas es «mejorar la seguridad pública» y solucionar la crisis de desapariciones forzadas, colectivos de familiares de desaparecidos y organismos internacionales señalan que las iniciativas que se presentaron no atienden las causas.
«La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal no atiende la crisis en materia de desaparición de personas y tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México», menciona un comunicado firmado por más de 100 redes de familiares de personas desaparecidas.
Organizaciones de la sociedad civil puntualizan que se simplifica la crisis de desapariciones al impulsar la narrativa de que se solucionará interconectando bases de datos e ignorando otras demandas que han hecho los colectivos de familiares, como fortalecer la independencia ministerial y pericial, transformar el modelo de investigación en las fiscalías y garantizar la seguridad de las familias buscadoras.
Desde el anuncio del paquete legislativo que avanza en el Congreso, familiares de personas desaparecidas han acusado al gobierno mexicano de instrumentalizar su causa y dolor para imponer un sistema de vigilancia masivo que no ayudará a encontrar a sus seres queridos.
LINKS / FUENTES
- Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, dictamen que expide nueva Ley de la Guardia Nacional | Canal del Congreso
- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, expedir Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública | Canal del Congreso
- Senado alista aprobación de reforma a Ley de Desapariciones, sin incorporar más de 500 propuestas de familias de víctimas | Animal Político
- Aprueba Senado dictamen por el que se expide nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos | Senado de la República
- Presentación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión | Morena
- Organizaciones rechazamos el paquete legislativo que avanza para legalizar la vigilancia por parte del Estado | Artículo 19
- Entrevista con José Flores, R3D
- Posicionamiento ONUDH
- Posicionamiento Glorieta de las y los Desaparecidos
- Posicionamiento Fundar
- Posicionamiento Centro Prodh
- No hay solo una #LeyEspía: las leyes que se discuten en el Congreso crearán un sistema de vigilancia masiva sin controles. | R3D
