EN CORTO
- La versión oficial reitera que es falso que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas esté desmantelada tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular.
- Sin embargo, colectivos y familiares de personas desaparecidas denunciaron que la titular implementó una política de desmantelamiento de áreas de la Comisión en la que favoreció a cuadros que le eran fieles a ella y al partido gobernante de Morena.
- Reyes Sahagún ha sido cuestionada por su falta de experiencia en temas de desaparición y búsqueda, por su perfil político y por no apegarse a la Ley General en Materia de Desapariciones.
Por Melina Barbosa
A pregunta expresa sobre el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Banco de Datos Forenses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó la desarticulación de los mecanismos para buscar personas desaparecidas y no localizadas.
«Es falso que se desmantele la Comisión de Búsqueda; al revés, se está fortaleciendo. Y el Banco de Datos Forense, al revés, se está fortaleciendo y se está garantizando que realmente funcione y que esté vinculado con las bases de datos relacionadas con personas desaparecidas en nuestro país», dijo Sheinbaum durante la mañanera del 25 de agosto.
La sección de plataforma del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) denominada Infodemia, también calificó como falso que la CNB esté desmantelada, aportando como fuente, los dichos de la mandataria.
A dónde van los desaparecidos, sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México, expuso que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún deja la comisión con un personal reducido, áreas desmanteladas y numerosos cuadros escogidos por su afinidad política, pero sin experiencia para el cargo.
Representantes de colectivos y extrabajadores de la comisión señalaron que la gestión de Reyes Sahagún se distinguió por la falta de resultados.
Desde que fue nombrada el 20 de octubre de 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Reyes Sahagún cesó a decenas de trabajadores, incluida la mitad de la plantilla del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), y colocó a antiguos colaboradores suyos o de la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en direcciones generales del organismo.
También implementó el cierre de facto del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), una iniciativa que empezó a operar en 2021 para combatir el rezago de cuerpos no identificados, pero que el gobierno federal dejó sin financiamiento en sus primeros meses al frente de la CNB.
En varias ocasiones, familiares de personas desaparecidas exigieron la salida de Teresa Reyes Sahagún. Incluso interpusieron amparos ante juzgados federales contra el nombramiento, que consideraban como una imposición.
La última ocasión en que exigieron su renuncia fue en abril durante la segunda jornada de diálogos entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y los colectivos de búsqueda, organizada con motivo de las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones (LGMD).
«No tengo nada qué explicarles, estoy para servirles, estoy para ayudar. Y en la Comisión hacemos nuestro máximo esfuerzo posible de ayudar, de acuerdo a nuestras funciones, a nuestras facultades, y con una gran convicción”, aseguró entonces la comisionada, cuando descartó dejar el cargo.
Pero el 29 de julio, la Secretaría de Gobernación anunció que se publicarán las bases para la consulta pública que permitirá designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), confirmando la renuncia de la comisionada, quien hasta el momento no ha aclarado las razones de su salida.
«La decisión ocurre tras la renuncia de la actual comisionada nacional, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien concluirá su encargo el 31 de agosto de 2025. En estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la consulta estará dirigida a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil», se lee en el comunicado.
Actualmente, hay más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Desde que Reyes Sahagún asumió el cargo, se sumaron 24 mil 800 personas a la estadística y, según el colectivo A dónde van los desaparecidos, sus acciones no contribuyeron a paliar una crisis que incluye más de 72 mil cuerpos sin identificar.
«El desempeño actual de la CNB comenzó mal, con el proceso de negar la crisis de desaparición, empezando por el censo que buscaba reducir las cifras y fue un fracaso, porque ni siquiera el censo pudo demostrar que la cifra era menor», señaló César Contreras, abogado del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“En ese sentido, que el personal se abocara tanto a reducir la cifra y no a buscar a las personas, transformó a la CNB en un auténtico elefante blanco, politizado, que no busca dar una respuesta a las familias, sino disfrazar, administrar, el momento de crisis”, mencionó.
Se habla de una comisión desarticulada porque la comisionada incumplió en la reorganización institucional y se le señala de haber desmantelado áreas de especialidad, como el CNIH y la unidad de investigación encargada de los casos de la «Guerra Sucia».
Uno de los extrabajadores de la CNB expuso que, al llegar al cargo, la comisionada trajo a su equipo; por un lado, fieles colaboradores de su paso por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), del que fue directora, y por otro, le impusieron a personas cercanas a Alcalde, entonces titular de la SEGOB.
“Purgó”, además, a quienes consideró opositores a la 4T, y finalmente reestructuró el organismo y contrató gente sin el perfil profesional que la dependencia requería. “Uno de los ajustes fue disminuir direcciones de área para tener más plazas de menor nivel”.
Además, no se concretó el Programa Nacional de Búsqueda -previsto en la LGMD-, instrumento rector de la política nacional en la búsqueda de personas desaparecidas.
Tampoco fue publicado el reglamento interior de la CNB, que debe establecer su estructura y funcionamiento; los lineamientos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) tienen aún que ser dictaminados por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB, y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, un documento jurídico que estandariza los procesos de búsqueda, continúa en proceso de actualización.
A esto se suman otras faltas oficiales, como que la LGMD establece como un requisito que quien ocupe el cargo haya desempeñado en los dos años previos «actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas» relacionadas con la desaparición y búsqueda de personas, lo que fue incumplido con la designación de Teresa Reyes Sahagún.
A dónde van los desaparecidos también reveló que su nombramiento fue operado por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues 23 de los 31 formatos en apoyo a su candidatura fueron firmados y entregados a la SEGOB por funcionarios de este organismo.
Reyes Sahagún llega al término de su gestión sin convocar, desde hace casi un año, al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), que por ley debe sesionar cada seis meses.
Desde diciembre de 2024 no se ha renovado el Consejo Nacional Ciudadano, el cual debe estar integrado por 13 miembros, representantes de organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas y especialistas en derechos humanos y búsqueda de personas.
En esta materia, exintegrantes del Consejo del periodo 2021-2024 indican que «la ausencia de participación ciudadana ha contribuido a un estancamiento institucional, agravando la crisis de desapariciones del país».
Exigen priorizar un perfil técnico y no político
Tras la renuncia de Reyes Sahagún, familiares de personas desaparecidas y colectivos manifestaron que la salida de la comisionada confirma su postura inicial respecto a que su nombramiento fue ilegítimo, realizado sin consultar a las víctimas y sin que la funcionaria cumpliera con el perfil de experiencia, capacidad y humanidad que requiere enfrentar la crisis de desapariciones.
“El tiempo perdido bajo una dirección incompetente ha significado la agudización del dolor para miles de familias que vieron a la comisión a la deriva bajo su mandato (…) No aceptaremos otra simulación ni perfiles que no garanticen la capacidad técnica y la sensibilidad que la crisis de más de 130,000 personas desaparecidas demanda”, señalan en un comunicado emitido el 29 de julio.
Familiares y colectivos reiteran que la salida de la comisionada no es suficiente y exigen una rectificación profunda, exhortando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la SEGOB a que el próximo nombramiento surja de un proceso genuinamente colectivo, transparente y apegado a la Ley General.
Es decir, un proceso que implique una consulta pública previa, amplia y vinculante con los colectivos de víctimas y personas expertas en materia de búsqueda y desaparición.
La Secretaría de Gobernación asegura que se garantizará un «proceso abierto, transparente y con amplia participación de los sectores involucrados, a fin de recibir propuestas de candidaturas que fortalezcan la labor de búsqueda».
El Centro Prodh considera indispensable que la SEGOB, en su proceso de consulta y auscultación de los perfiles, sea capaz de transparentar no solo sus expedientes y los apoyos de los colectivos a estos, sino los criterios y aspectos que le lleven a fundamentar y motivar la decisión sobre la idoneidad de quien se seleccione, como establece la Ley General.
