Por Melina Barbosa
Aunque el INE realiza esfuerzos para impulsar la participación ciudadana en la elección judicial, la realidad es que conocer la totalidad de los perfiles y las diferencias entre los múltiples cargos y boletas resulta inviable para las y los votantes.
El desconocimiento sobre el proceso y las candidaturas pone en duda que la participación del padrón electoral sea de entre 8% y 15% pronosticado por el INE a nivel nacional y del 50% y 55% estimado para Nuevo León.
Además, las restricciones de promoción para las y los candidatos implica que se puedan ganar las elecciones por popularidad en redes sociales, lo que facilita campañas de promesas vacías, desinformación, fake-media y otras prácticas antidemocráticas.
Una votación compleja y con riesgos de poca participación
El pasado 30 de marzo arrancaron las campañas electorales para renovar diversos cargos del Poder Judicial en México, que tendrán una duración de 60 días y finalizarán el próximo 28 de mayo, tres días antes de la jornada electoral.
Poco más de 4 millones y medio de personas con credencial para votar vigente de Nuevo León podrán acudir a las 3 mil 572 casillas seccionales para emitir su sufragio por 57 cargos, los cuales son:
- Nueve ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes durarán en su cargo 12 años.
- Tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que permanecerán seis años en su cargo.
- Una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes durarán en el puesto ocho años.
- Tres magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey. La duración para este cargo será de seis años.
- 23 magistraturas de circuito de las ramas administrativa, civil, mixto, penal y de trabajo.
- 15 puestos para jueces y juezas de distrito de las mismas ramas, así como de la mercantil.
Sin embargo, a nivel nacional se registraron menos candidaturas que las esperadas.
Considerando todos los cargos a nivel federal, según los criterios de la reforma al Poder Judicial, se esperaban 5 mil 379 candidaturas, pero tras los problemas en los comités de evaluación, las renuncias de candidatos y la depuración hecha por INE, quedaron 3 mil 422; es decir, mil 957 candidaturas menos de las que debieron estar en las boletas.
Esta cifra y el que haya candidaturas únicas y con poca competencia, deja en evidencia las fallas en el proceso de selección de los Comités en los tres Poderes de la Unión.
Por ejemplo, en Nuevo León, una posición contemplada en el Marco Geográfico del Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene candidaturas registradas.
En el Distrito 3 se elegirían magistraturas en un tribunal mixto, pero en la lista final no hubo aspirantes.
Mientras que en el Distrito 1, donde se elegirán dos magistraturas en un tribunal mixto, solo hay dos candidatos: la magistrada en funciones Angélica Lucio Rosales y el candidato avalado por el Poder Legislativo, Raúl Alvarado.
Inviable conocer la totalidad de las candidaturas
El pasado 25 de febrero, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei declaró que aunque se trabaja para que la participación ciudadana sea del 100%, el pronóstico que prevé el instituto es de entre 8% y 15% del padrón electoral.
El pasado 21 de marzo, la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, Olga Alicia Castro Ramírez, dijo que “es bien difícil hacer proyecciones respecto de cuántos van a votar. Yo esperaría la misma cantidad de votantes que tradicionalmente ha tenido Nuevo León, que es alrededor de entre 50 y 55 por ciento”.
Al respecto, el consejero del Proyecto de Integridad Electoral, Miguel Angel Lara Otaola, señaló en entrevista que los desafíos logísticos de la elección judicial son mayúsculos y hay riesgo de una baja participación.
“En primer lugar, hay que dimensionar el tamaño de la elección. Es la elección federal más grande que hemos tenido (por número de cargos). Se trata de 881 cargos, a los que hay que sumar elecciones judiciales locales en 19 estados. Así, dependiendo del estado donde vivas, podrías tener hasta 10 boletas diferentes. ¡10 elecciones diferentes! Lo responsable sería conocer el perfil de todas y todos los contendientes. Pero eso es materialmente imposible”, puntualizó el especialista en evaluación de la democracia y asistencia electoral.
La abogada Leslie Jiménez Urzua comentó que resulta “preocupante pero también lamentable que el INE y los institutos locales estén navegando con las herramientas limitadas que les dieron”, siendo el micrositio “Conóceles, Practica y Ubica”, la única vía institucional que permite revisar los perfiles.
No obstante, la plataforma muestra información incompleta de muchos aspirantes y en algunos casos solo aparece su nombre, foto, correo electrónico o perfil de alguna red social.
También hay que recordar que se recortó el presupuesto al INE, y con ello lo destinado al portal ‘Conóceles’. Esta decisión federal redujo el personal que se encargaba de subir información y propuestas al portal, una cuestión que ahora depende de las y los candidatos.
A esto se suman las irregularidades en los Comités de Evaluación que son quienes decidieron los perfiles que aparecerían en la boleta, lo cual vuelve necesario revisar meticulosamente las trayectorias de las y los candidatos.
La ciudadanía y hasta funcionarios públicos han expuesto estos vacíos informativos alrededor de la elección y al mismo tiempo, la cantidad de candidaturas y boletas ha resultado abrumadora para el padrón electoral.
Ante la falta de bases de datos centralizados y de fácil navegación, han surgido alternativas ciudadanas para consultar información de las candidaturas.
Lupa Judicial del Universal, por ejemplo, muestra los currículums, la experiencia judicial de los aspirantes, su nivel académico, si han sido servidores públicos activos e incluso si han estado envueltos en controversias.
Laboratorio Electoral también cuenta con su Observatorio Electoral Judicial y lanzó el micrositio ‘Quién Es Quién en las Elecciones Judiciales’, donde se puede encontrar información adicional y con mayor análisis sobre las candidaturas federales.
De igual forma, la Universidad Iberoamericana organizó un Observatorio Universitario para conocer perfiles de personas candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Viralidad para ganar
El INE reiteró que las y los candidatos no podrán contratar espacios en medios ni publicidad pagada, por lo que deberán promoverse mediante redes sociales, recorridos y eventos presenciales a los que sean invitados.
Sin embargo, todo esto tiene que registrarse como gastos y no pueden recibirse como donación u obsequio, porque representaría aportaciones en especie para la campaña, lo cual está prohibido.
Olga Alicia Castro, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, reconoció que la promoción limitada “es una de las dificultades de esta reforma” y a pregunta expresa de una reportera, Castro reconoció que la poca votación “pudiera ser uno de los efectos”.
“El problema de las redes sociales, en política y en general, es que la gente, y en este caso, las y los contendientes enseñarán su mejor cara para tratar de conseguir el voto, y esto permitirá poco análisis. Además, pueden mentir y desinformar, sin riesgo a ser sancionados”, señaló por su parte Miguel Angel Lara Otaola, consejero del Proyecto de Integridad Electoral.
Lara Otaola, especialista en democracia y elecciones, considera que la justicia no debería ser reducida a bailes de TikTok o promesas en X, pues debe depender de la ley y los argumentos, y no de la popularidad o de la preselección que hicieron en los tres Poderes de la Unión.
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
