Por Andrés A. Solis*
La reacción violenta de los integrantes del grupo criminal de Jalisco mostró que algo en el operativo de las fuerzas federales no funcionó o no se previó, porque estos personajes provocaron 250 bloqueos viales, decenas de quemas de vehículos, estaciones de gasolina, tiendas de conveniencia y más y además pudieron destruir carreteras y emboscar a militares e integrantes de la Guardia Nacional.
El gobierno no reconocerá este fallo que costó vidas y causó millonarias pérdidas que fueron documentadas por más de 24 horas por miles de personas con sus teléfonos celulares y por las larguísimas horas de cobertura periodística de los hechos que iniciaron muy temprano este domingo.
Este contexto de violencia en al menos 20 estados del país motivó el desplazamiento de decenas de estados del país, periodistas de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales que pusieron en riesgo su propia seguridad para informar con certeza y claridad a la sociedad.
El periodismo en estos casos debe ser un aliado de las autoridades precisamente para dar datos claros y precisos sobre los hechos y contribuir a que la propia sociedad tome las mejores decisiones ante situaciones que amenazan la seguridad.
Pero vimos varios detalles.
Como siempre, las autoridades fueron omisas en informar a la prensa. Pasaron muchas horas para que las autoridades comenzaran a dar datos sobre lo que estaba sucediendo.
Horas para confirmar de qué se trataba el operativo ya en curso y más horas adicionales para que desde la Presidencia de la República comenzara a confirmar la presunta muerte del líder criminal buscado.
Pero después de eso pasaron muchas horas más para que se emitieran comunicados de prensa e informaciones oficiales.
La opacidad informativa genera vacíos informativos y esos vacíos alguien los va a llenar y no necesariamente con información cierta y útil y menos en los tiempos de las redes socio digitales y la inteligencia artificial.
En algunos casos las fuerzas federales obstruyeron la labor periodística, como suelen hacerlo.
También vimos, otra vez, la falta de protocolos de cobertura e medios y periodistas que salieron a la calle sólo a cubrir la nota, pero sin planes de seguridad para evitar ser víctimas de una agresión ni para evitar quedar en medio de un probable fuego cruzado.
Algunos y algunas periodistas cayeron en la tentación de alterar escenas de un crimen, moviendo casquillos, alterando evidencias y eso constituye un delito, no una cobertura profesional.
De nuevo vimos a las empresas de medios que son omisas en dar garantías a sus periodistas para hacer coberturas seguras.
Y desde el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación se limitaron a decir que estaban pendientes de lo que pudiera suceder.
Lo peor es que habrá medios y periodistas que no se detendrán a hacer una evaluación de lo que hicieron.
