Por Pablo Pérez
Volteamos mucho a ver a Sinaloa esta semana, por un lado el secuestro masivo a familias en Culiacán y después la controversia entre empresarios hoteleros y músicos populares en Mazatlán.
Como suele suceder el gobierno federal se lavó las manos con la vieja confiable: responsabilizar de los secuestros a una “disputa entre grupos criminales”, y el gobernador de Sinaloa afirmó categórico “Son cosas que lamentablemente ocurren” como si se tratara de un desastre natural impredecible.
Incluso considerando que ninguno de los dos miente, sus afirmaciones son un indicador muy claro de la actitud de nuestros gobiernos que se esfuerzan en hacernos creer que el problema es siempre de alguien más.
Claro que la serie de problemáticas sociales, económicas y políticas que actúan sobre Sinaloa no son resultado de los malos manejos de los gobiernos actuales.
Me atrevo, sin ser experto, a decir que podemos rastrear los orígenes de la situación actual a por lo menos dos generaciones previas de personajes de todos conocidos y negocios también muy públicos (no solo los claramente ilícitos sino también los que se hicieron de manera “legal” al cobijo de las estructuras locales del poder).
Apuesto lo que sea que quien haga este rastreo encontrará los mismos apellidos y los mismos grupos involucrados desde hace más de cincuenta años, los que cualquier sinaloense medianamente informado podría citar.
Lo que quiero destacar es que la antigüedad de las problemáticas y lo conocido de sus orígenes no exime a la administración actual, como tantas veces quieren hacernos creer.
Justamente por lo añejo de esos problemas y lo público de sus raíces es que cada persona en la función pública debe asumir totalmente la responsabilidad del puesto para el que fue elegida y es nuestra obligación recordárselo siempre porque son cosas que lamentablemente ocurren pero no deberían ocurrir, y para eso les pagamos.
