- Las autoridades han reafirmado su actuación ante las protestas que surgen en la entidad debido a los diversos problemas sociales, económicos y ambientales que suceden en Nuevo León, castigando a quienes alzan la voz.
Por Melina Barbosa
En 2025 se ha intensificado la estrategia del Estado para reprimir el activismo social mediante el uso de la fuerza coercitiva y leyes que restringen el derecho de manifestación pacífica.
Los mecanismos para llevar a cabo la criminalización de la protesta incluyen la violencia, la detención arbitraria y el uso de tipos penales ambiguos para procesar a manifestantes y organizaciones sociales. También se identifican manifestantes con carpetas de investigación abiertas o historial delictivo para llevar a cabo detenciones y acallar voces críticas.
Criminalización de la protesta preocupa a los activismos
A nivel nacional, la criminalización de la protesta es utilizada para desarticular la defensa del territorio, medio ambiente, movilidad, entre otros derechos humanos.
El pasado 6 de agosto, el activista y director del Centro de Dignificación Humana, Luis Villagrán, fue detenido en Chiapas por presunto tráfico de personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Villagrán «no es un activista, tenía orden de aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas”.
Sin embargo, la organización Pueblo Sin Fronteras señala que la detención ocurrió para «encubrir la migración» y que se trató de un tema «altamente político para callar la caravana» migrante que partió de Tapachula, Chiapas.
Una narrativa similar se replica en Nuevo León contra activismos y colectivos que luchan por los derechos humanos.
El 25 de julio, integrantes de «La Voz de los Usuarios» fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en Apodaca, mientras se preparaban para protestar contra los recientes aumentos al precio del transporte público.
Armando y Jesús fueron arrestados cuando repartían volantes y colocaban una manta. Las autoridades argumentaron que esta acción se llevó a cabo por el delito de resistencia a particulares y por el reporte de que había personas encapuchadas en la zona.
Luis, líder del colectivo, también fue detenido el 19 de abril luego de una manifestación contra el tarifazo frente a Palacio de Gobierno. El ciudadano fue vinculado a proceso por desorden público, delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares.
Tras las detenciones, comenzaron a circular publicaciones que buscaban justificar la represión policial e invalidar el movimiento contra el tarifazo.
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Las autoridades revelaron a medios de comunicación locales antecedentes que «levantan dudas sobre la legitimidad del colectivo y sus intenciones».
«Lo que parecía un acto ciudadano más, resultó tener otro trasfondo», fue otra de las frases más repetidas entre publicaciones.
La versión oficial indica que Jesús ya había sido detenido por abuso sexual y que cuenta con una denuncia por pornografía infantil y dos por privación ilegal de la libertad. Mientras que Luis acumula nueve denuncias, incluyendo violencia familiar, abuso de confianza, narcomenudeo, fraude y daño en propiedad ajena.
Estos casos en particular y diferencias entre colectivos han sido instrumentalizados para deslegitimar el movimiento contra el tarifazo, pero varios activistas ya han rechazado la tolerancia a agresores, reiterando que las rupturas (entre colectivos) no son con la causa, sino con quien ejerce violencia.
Otro hecho que evidencia un esfuerzo estatal por invalidar las protestas contra el tarifazo es el de la activista Leidy Yosselin, vocera de Morras Feministas MTY.
En enero, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez replicaron fotos y videos de personas que se manifestaron en la Explanada de los Héroes, a quienes señalaron como integrantes de grupos políticos. Además, exhibieron sus nombres, rostros y datos sin su consentimiento.
Desde la vulneración de su información personal, Leidy Yosselin ha recibido amenazas de muerte y hostigamiento. La activista detalló que constantemente recibe mensajes para intimidarla con fotografías que muestran posesión de su CURP, acta de nacimiento, INE, domicilio, entre otros datos.
Leidy explicó que en las protestas se infiltran personas afines a autoridades o partidos políticos e incluso elementos vestidos de civiles que les toman fotos a los manifestantes.
Organizaciones de derechos humanos reportan que las imágenes muchas veces son utilizadas para identificar activismos y para dar con personas con historial delictivo, información que después es usada para tratar de invalidar luchas sociales y criminalizar la protesta.
En 2025, la mayoría de las manifestaciones acompañadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) han sido por problemáticas en el transporte público.
Hasta el cierre de edición, el colectivo Alianza de los Usuarios da cuenta de 40 semanas de manifestaciones en defensa de los derechos a la movilidad y #NoAlostarifazos.
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En entrevista, la presidenta de la CEDHNL, Olga Susana Méndez Arellano, confirmó que Fuerza Civil encabeza las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante las protestas.
“Tenemos quejas, una contra la Secretaría de Movilidad, dos hacia San Pedro, una hacia el gobernador, ocho a Fuerza Civil, una contra la Agencia Estatal de Investigaciones y otra de la Secretaría General de Gobierno”, apuntó.
La titular de la CEDHNL declaró que «es un tema que preocupa mucho porque, de acuerdo a diversos instrumentos internacionales, se tiene que respetar a las personas a manifestarse libremente».
Ante la próxima manifestación contra el tarifazo, la Comisión emitió un llamado dirigido al Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla Vargas, para que «se garantice el ejercicio libre y sin represalias del derecho a la protesta social, evitando el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias o actos de intimidación por parte de agentes de seguridad».
Reportaje realizado para Reporte Índigo / Imagen de portada: Reporte Índigo
