- Contrario a la versión oficial, el Estado no ha erradicado la desaparición forzada en México, solo ha perfeccionado su negación burocrática. El caso del académico de la IBERO Puebla demuestra que las fuerzas de seguridad no solo detienen ilegalmente, sino que operan bajo mecanismos de ocultamiento (falta de registro) y violencia física (tortura) que encajan con la definición legal de desaparición forzada.
Por Melina Barbosa
En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una afirmación que pretendía cerrar un capítulo oscuro de la historia nacional: En el país «no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso; eso no existe en México».
Según la narrativa oficial, las desapariciones en el país son un mal exclusivo del crimen organizado y no una problemática «sistemática y generalizada», como ha señalado la ONU.
Tan solo durante 2025, la CNDH recibió 387 quejas contra la Guardia Nacional por agresiones como desaparición forzada, lesiones y uso excesivo de la fuerza.
El caso de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de origen colombiano de la IBERO Puebla, también desmantela este discurso, evidenciando con su testimonio y lesiones que el Estado no solo participa, sino que también oculta sus acciones.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, lo que le ocurrió al profesor el 31 de diciembre de 2025 reúne los elementos de este crimen de lesa humanidad: privación de la libertad por servidores públicos, falta de registro oficial y la posterior negativa a reconocer dicha privación.
El ocultamiento del profesor de la IBERO
Al aterrizar en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, Escobar Barrios fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional. Lo que siguió fue una pesadilla de tres días que las autoridades han intentado minimizar sistemáticamente.
Escobar denunció que, pese a permanecer bajo custodia de agentes federales, nunca apareció en el Registro Nacional de Detenciones y además le fue negado el derecho a una llamada telefónica.
Esta omisión inicial es la base técnica de la desaparición forzada que facilita el «borrado» de una persona dentro del sistema legal.
Tras ser golpeado y quedar sin documentos ni dinero, el académico relató cómo fue abandonado por las propias autoridades en un estado de vulnerabilidad absoluta:
«Durante tres días estuve en una celda de Apodaca; fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas. Luego fui liberado, pero al salir de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el Aeropuerto de Monterrey, pero al llegar fui despojado de mis pertenencias. Me refugié en la maleza para evadir una deshidratación crónica. Después de muchos días, fui rescatado por una patrulla y me llevan a una clínica de rehabilitación, pues me confunden con una persona en situación de calle. Ahí permanezco 10 días en una total inconsciencia. Me dicen que tuve mutismo, no di detalles sobre mi identidad y nada más tomé agua durante estos días», detalló.
Su hallazgo no fue fruto de una investigación proactiva ni de un operativo de inteligencia, sino del aviso del anexo ubicado en el municipio de Juárez.
Esta dependencia de denuncias externas, según colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), evidencia que la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía omitieron rastrear centros de detención y hospitales de manera inmediata, incumpliendo sus funciones legales.
Negativa oficial vs. realidad médica
Frente a la denuncia, las instituciones del Estado han cerrado filas en una narrativa de encubrimiento. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aseguró que, según su examen previo, «aparentemente no existían las lesiones que él refiere respecto a las costillas».
Esta postura coincide con los comunicados de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Apodaca, que solo reportaron «enrojecimiento en las muñecas».
Sin embargo, el profesor sostiene que las agresiones le provocaron la fractura de tres costillas, una condición comprobada médicamente que derivó en hospitalización. Esta discrepancia sugiere un intento coordinado por diluir la gravedad del abuso de autoridad.
Simón Hernández, abogado de Leonardo Escobar, comentó a Verificado que «sigue sin presentarse información y documentación sobre las circunstancias de la detención el 31 e interacción con la GN el día 2 y siguientes, registro de la detención y el hecho que sí hay lesiones documentadas en la certificación médica del 31 que hizo pública la policía de Apodaca (omitiendo el dato de lesiones en la zona del pecho) y que después la GN usó para justificar su posición».
Leonardo Escobar, quien favorablemente fue localizado y volvió con su familia hasta el 16 de enero, además señaló que su detención debe considerarse un acto discriminatorio debido a su nacionalidad, alertando sobre patrones de estigmatización contra personas migrantes en aeropuertos de México.
La deuda de justicia
La fiscalía estatal informó que el profesor de la IBERO no presentó denuncia tras su detención.
No obstante, Angélica Orozco de FUNDENL apunta que «la mayoría de las víctimas de desaparición forzada no quieren hablar por miedo. Por miedo a la estigmatización, la criminalización y, sobre todo, por miedo a tener alguna repercusión posterior».
«La participación de autoridades y el testimonio es suficiente para investigar. Se le exige mucho a una víctima que pudo haber perdido la vida ante este abuso. Las instituciones deberían investigar a los señalados en lugar de poner pretextos administrativos», enfatiza Orozco.
El abogado del profesor de la IBERO también coincide sobre la revictimización por parte de la fiscalía estatal al pedir acreditación de las lesiones y una denuncia formal «cuando se puede investigar de oficio por conocimiento público y denuncias de los hechos».
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
