EN CORTO
- Circula que las iniciativas sobre Inteligencia Artificial y derechos de autor en México, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, implican un «apagón informativo» o un modelo de «control absoluto» similar al de China o Corea del Norte.
- Pero es falso que las propuestas presentadas hasta el momento tengan esa magnitud.
- Mientras la plataforma federal Infodemia ha defendido estas medidas de forma engañosa y omitiendo riesgos, la realidad es que la reforma de derechos de autor refuerza el mecanismo de «notificación y retirada», incentivando la censura preventiva por parte de los proveedores de internet.
- Aunque es necesario esperar la presentación de las iniciativas definitivas sobre regulación de IA para evaluar sus contenidos y retos específicos, el marco actual ya presenta fallas y vulneraciones significativas.
- Mecanismos de vulneración a la privacidad operan hoy mediante lo que organizaciones defensoras de DD.HH. denominan el «paquete de leyes espía», una situación que se agrava ante el desmantelamiento de órganos autónomos como el IFT y el INAI, cuyo cese traslada la supervisión técnica hacia dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.
Por Melina Barbosa
“🚨 ALERTA MÁXIMA: EL RÉGIMEN PREPARA EL ZARPAZO FINAL CONTRA EL INTERNET LIBRE EN MÉXICO 🇲🇽🦅💥 EL PLAN DE CENSURA”, advierte una publicación de Facebook compartida más de 4 mil veces.
El mismo mensaje que se ha replicado en otras redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram, señala que, bajo el pretexto de regular la Inteligencia Artificial (IA) y combatir la «adicción digital», el gobierno de Claudia Sheinbaum y el partido oficialista de Morena buscan edificar una «tiranía de control absoluto» al estilo de “China o Corea del Norte” para silenciar a la disidencia.
La discusión pública estalló el 9 de julio tras la circulación de la agenda de la bancada de Morena coordinada por el diputado Ricardo Monreal, que confirma la prioridad legislativa para regular redes sociales, IA y la corresponsabilidad de los proveedores de servicios de internet (PSL) en infracciones de derechos de autor en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, las advertencias sobre un inminente «apagón informativo» son falsas y se trata de una narrativa de pánico digital que mezcla datos reales con interpretaciones extremas.
En entrevista con Verificado MX, Vladimir Chorny, investigador asociado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), calificó esas publicaciones como “alarmistas” al basarse en “especulaciones” que, considera, “tienen que ver con intereses políticos y filias y fobias partidistas de distintos sectores”.
Para R3D, el problema no es la agenda legislativa, sino el enfoque con el que se hace.
“Nosotros desde R3D tenemos una postura en la que consideramos que sí es un área que se tiene que regular, pero desde una perspectiva de derechos humanos”, apunta Chorny.
Por un lado, en materia de IA, aún no es posible descartar ni confirmar la existencia de riesgos relacionados con herramientas de control digital o censura automatizada hasta que se presenten formalmente las iniciativas de regulación definitivas.
Por otro lado, respecto a la reforma de derechos de autor, el análisis técnico de R3D sostiene que el proyecto sí configura un mecanismo de censura al reforzar el esquema de «notificación y retirada» vigente, lo que incentiva a los intermediarios a remover contenidos de forma preventiva para evitar sanciones económicas.
El discurso de la «cooperación» frente a la realidad de eliminar contenidos en internet
El 10 de julio, la plataforma digital del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Infodemia MX, publicó dos “desmentidos” para defender la agenda digital del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la Cámara de Diputados con mayoría de Morena.
En el primero, calificó como «falso que la regulación de la inteligencia artificial y las redes sociales para niños y jóvenes sea un mecanismo de censura digital».
Para sostener esta postura, la plataforma del Estado se limitó a replicar las declaraciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 10 de julio de 2026.
En dicho espacio, la mandataria señaló que la discusión en torno a la regulación de la IA y las redes sociales en la Cámara de Diputados responde al bienestar de la infancia y la juventud, «bajo la confirmación científica, las evidencias científicas de que el uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes, en problemas incluso asociados a la adicción a la pantalla, que pueden ser muy graves en su desarrollo en su formación».
De esta manera, Infodemia centró su argumentación únicamente en el posicionamiento de la titular del Ejecutivo, sin aportar análisis técnicos o jurídicos adicionales que sustenten la ausencia de riesgos de control digital.
En una segunda publicación de ese mismo día, Infodemia también catalogó como «falso que la iniciativa de reforma a la ley del derecho de autor obligue a los proveedores de servicios de internet a vigilar y censurar a sus clientes».
Según la postura oficial, la reforma busca “generar incentivos para la cooperación entre titulares de derechos y plataformas digitales, favoreciendo una protección eficaz de los derechos de autor y derechos conexos en el entorno digital”.
Pero al calificar como «falso» cualquier riesgo de censura y encapsular la reforma de derechos de autor en una mera medida de «cooperación», la narrativa oficial omite el impacto técnico y legal real de la propuesta enviada por el Ejecutivo.
La iniciativa introduce la figura de la responsabilidad secundaria, haciendo a los intermediarios de internet —proveedores comerciales como Telmex, Megacable, Totalplay e Izzi— corresponsables de las infracciones de copyright cometidas por sus usuarios si tienen conocimiento o lucran con ellas.
Para evitar sanciones que alcanzan las 40,000 UMAs, la ley los obliga a implementar políticas de corte de servicio a reincidentes y a ejecutar el controvertido mecanismo de «notificación y retirada».
Este mecanismo —incorporado en 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor para cumplir con el T-MEC— fue impugnado por la CNDH, pero en 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su validez tras una dividida votación de 6 a 5 ministros.
Distintas organizaciones civiles insisten en que, a pesar de su validación judicial, el mecanismo sí configura un incentivo de censura, pues presiona a los intermediarios a remover contenidos de forma preventiva ante la sola sospecha de infracción para evitar fines arancelarios o multas millonarias, afectando temporalmente la libre difusión de información de interés público sin control judicial previo.
Al respecto, Chorny recuerda que la censura que esto provoca no constituye una novedad de la administración actual, sino el agravamiento de un vicio que la sociedad civil lleva años combatiendo.
“Sí hay, en la propuesta que se presenta por la presidenta con el tema de responsabilidad secundaria, el establecimiento de un mecanismo de censura, pero no es nuevo. En realidad, tenemos en la ley de derechos de autor el mecanismo de notificación y retirada vigente. Es un mecanismo que es incompatible con el artículo séptimo constitucional y la propuesta lo que incorpora es un reforzamiento de estos mecanismos”, puntualizó.
El investigador también enfatiza que el reforzamiento de este esquema empeora las condiciones de libertad de expresión en la red:
“Es peor porque es un reforzamiento de algo que es un mecanismo de censura. Sí, sí lo es en ese sentido, pero es importante señalar que esto ya estaba vigente. Los incentivos que establece esta reforma es que con que haya una notificación, se tiene que bajar. Las empresas, los proveedores de servicio de internet, las plataformas digitales, obviamente lo que hacen es atajarse, prevenirse. Entonces, ante la duda, yo bajo el contenido”.
Las infancias como justificación regulatoria
El desmentido de Infodemia se apoya en la intención gubernamental de atender la adicción a las pantallas y proteger la salud mental de infancias y adolescencias.
R3D explica que, si bien la protección y salvaguarda de las infancias debe ser una prioridad, los estándares internacionales señalan que esta debe armonizarse con el ejercicio de las libertades digitales de toda la sociedad.
De esta manera, se busca un equilibrio proporcional en el que la seguridad de menores de edad se garantice sin limitar de forma generalizada el derecho de acceso a la información.
“Toda regulación debe de balancear distintos intereses y uno, por más que esté protegiendo derechos de infancias, no debe desplazar del todo el resto de derechos que están en juego. Si hay una medida que quita del todo el acceso a la información, es una medida inconstitucional. En lugar de imponer bloqueos, el enfoque hacia las empresas debe ser de rendición de cuentas, transparencia algorítmica y debido proceso”, considera Vladimir Chorny.
Bajo esta premisa, el escenario mexicano se inserta en una tendencia global donde cada vez más naciones abren el debate sobre cómo normar el uso de redes sociales e inteligencia artificial, al tiempo que crecen las dudas sobre la efectividad de las medidas puramente restrictivas.
En México, el proceso de información y debate público en la materia está previsto para arrancar formalmente después del 19 de julio tras el cierre del Mundial 2026.
Las amenazas vigentes
Más allá de las especulaciones sobre futuras leyes de IA, existen antecedentes y realidades jurídicas que ya impactan el entorno digital en México.
Diversas reformas vigentes facultan la recopilación masiva de datos, la identificación biométrica y la intervención de comunicaciones de forma opaca.
Este andamiaje normativo —que no requiere de una nueva ley de IA para operar— se ha estructurado mediante modificaciones estratégicas a un conjunto de legislaciones clave: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley General de Población, Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Este paquete de legislaciones que nosotros, junto con otras organizaciones de derechos humanos, denominamos el paquete de leyes espía. Ni el público en general, ni las y los periodistas ni personas defensoras de derechos humanos vamos a poder saber cómo se están utilizando sistemas de inteligencia artificial para temas de vigilancia e inteligencia que ya existen. Eso ya está, eso está en la ley, eso fue aprobado, es legal y las preocupaciones en términos de vigilancia, creo yo, deberían correr más por lo que está actualmente legislado y que ya fue aprobado; el sistema de vigilancia actual ya es muy grande”, reiteró el abogado por la UNAM e investigador de R3D.
A esto se suma el desmantelamiento del IFT y del INAI —concretado en 2024 mediante la reforma constitucional de simplificación orgánica— que eliminó los contrapesos autónomos para vigilar el entorno digital, trasladando estas facultades a dependencias directas del Poder Ejecutivo como la Agencia de Transformación Digital.
Radiografía de las iniciativas de Morena sobre IA
Para comprender el rumbo de las leyes definitivas que se discutirán en este nuevo marco, es indispensable revisar las iniciativas que la bancada de Morena ha presentado entre 2024 y 2026, pues al contrastarlas pueden identificarse patrones de coincidencia y diferencias técnicas sobre el modelo de control digital propuesto.
La base de datos de iniciativas de la LXVI Legislatura consultada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados arroja un total de 75 iniciativas en materia de inteligencia artificial, 18 de las cuales corresponden a Morena, 18 al PAN, 13 al PVEM, 9 al PRI, 9 al PT, 7 a Movimiento Ciudadano y 1 al Congreso de Nuevo León.
1.- Coincidencias en el blindaje constitucional
De las 18 iniciativas presentadas, siete plantean una reforma al Artículo 73 constitucional.
Las propuestas de Ricardo Monreal (2025), Gilberto Herrera Ruiz (2025), Daniel Murguía Lardizábal (2025), Jacobo Mendoza Ruiz (2025), Rafaela V. García Romero (2025), Rosa G. Ortega (2026) y Alma L. de la Vega (2026) coinciden en la necesidad de reformar el Artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso facultades explícitas en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad, una medida que busca blindar futuras leyes secundarias contra impugnaciones por falta de competencia.
2.- Diferencias en el alcance regulatorio
En cuanto al alcance regulatorio, es posible identificar matices importantes entre las propuestas presentadas.
Mientras que la iniciativa de Claudia Rivera (2025) se acota exclusivamente a reformar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el resto del bloque —integrado por las propuestas de Rosa G. Ortega (2026), Alma L. de la Vega (2026), Guillermo S. Rodríguez (2026), Daniel Murguía Lardizábal (2025), Jacobo Mendoza Ruiz (2025) y Rafaela V. García Romero (2025)— trasciende la visión de privacidad.
Estas últimas buscan establecer marcos integrales de operación, ética y vigilancia e incluso, como es el caso de la iniciativa de Jacobo Mendoza Ruiz, proponen la integración del uso ético de la inteligencia artificial en la educación pública, reflejando una intención de aplicar una regulación sobre todo el sector tecnológico.
3.- Desplazamiento de la autoridad reguladora
Este punto ilustra un cambio drástico en el diseño institucional, pues la iniciativa original de Ricardo Monreal presentada en el Senado en 2024 contemplaba al IFT como órgano autónomo encargado de la supervisión.
Sin embargo, su propuesta de 2025 en la Cámara de Diputados y las de sus compañeros de bancada omiten esta designación, optando por una facultad genérica del Congreso que pospone la definición de la autoridad responsable para una futura ley general.
Este giro coincide con la desaparición de los órganos autónomos como el IFT y el INAI, lo que implica que el modelo actual desplaza las funciones de vigilancia hacia dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo, como la Agencia de Transformación Digital.
El futuro de la IA en MX: Entre un debate sustantivo o una simulación legislativa
Aunque aún no se definen los formatos ni las reglas de participación para procesar esta agenda digital, las organizaciones civiles plantean una advertencia clara.
La complejidad técnica y el impacto social de estas reformas exigen un proceso deliberativo robusto, alejado de las prisas legislativas.
Para Vladimir Chorny, el riesgo de eludir una consulta genuina compromete la legitimidad de cualquier norma en materia de inteligencia artificial:
“Intentar hacer algo fast track ya procedimentalmente es incompatible con un proceso democrático y debería de haber distintas rondas de discusión sobre distintos temas”.
Para garantizar un marco regulatorio funcional y respetuoso de los derechos fundamentales, la sociedad civil sostiene que la ruta no debe ser la imposición acelerada, sino un parlamento abierto real que integre la rendición de cuentas, la transparencia algorítmica y el debido proceso como pilares innegociables.
Conclusión
El debate digital en México se encuentra atrapado en una polarización alimentada por falsedades y especulaciones.
Por un lado, un pánico infundado que distorsiona las iniciativas comparándolas con regímenes autoritarios y totalitarios como China o Corea del Norte; por el otro, una propaganda estatal engañosa que mezcla intenciones válidas de salud pública con reformas que aumentan el control y la censura en internet.
La reforma enviada por Claudia Sheinbaum en materia de derechos de autor —actualmente en etapa de análisis en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados— facilita la censura al intensificar el mecanismo de ‘notificación y retirada’.
La urgencia de legislar sobre IA exige un escrutinio minucioso para evitar simulaciones en el parlamento abierto y el verdadero peligro de esta reforma no es un apagón repentino de la red, sino la sutil y progresiva legalización del control sobre la libertad de expresión y los datos personales en el espacio digital, respaldada por una estructura institucional centralizada.
LINKS | FUENTES:
Base de datos de iniciativas, LXVI Legislatura, Gaceta Parlamentaria
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 Octies y se adicionan los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la ley Federal del Derecho de Autor, en Materia de Responsabilidad Secundaria para Proveedores de Servicios de Internet. | Claudia Sheinbaum | 28 de mayo 2026
Cuáles organismos autónomos desaparecen y qué va a pasar con sus funciones | Verificado MX
