“Este esfuerzo ilegal está robando fondos federales a familias y empresas estadounidenses”, dijo DeLauro.
La mayor parte del dinero de DOGE, según muestran los registros, ha llegado en forma de pagos de otras agencias federales, que se han hecho posibles gracias a una ley de casi un siglo de antigüedad llamada Ley de Economía.
Para dirigir esos fondos al nuevo departamento, la administración Trump ha tratado a DOGE como si fuera una agencia federal. Y al enviar miembros de su personal a otras agencias y hacer que esos miembros del personal emitan edictos sobre políticas y personal, DOGE también se ha comportado como si tuviera autoridad a nivel de agencia.
El uso de la Ley de Economía parecería someter a DOGE a las mismas leyes de registros abiertos que cubren a la mayoría de las agencias federales, como la Agencia de Protección Ambiental o el Departamento de Estado.
Sin embargo, DOGE se ha negado a responder a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, diciendo que opera con privilegios ejecutivos . Musk también ha cambiado de opinión sobre si los miembros del personal de DOGE reciben pagos. Inicialmente dijo que no, pero a principios de esta semana dijo que algunos de ellos sí.
Según los expertos legales, las posturas contradictorias ponen a la administración Trump en un aprieto. Si DOGE es una agencia federal, no puede ocultar sus registros al público.
Si no es una agencia, entonces las decenas de millones de dólares en fondos de DOGE no fueron asignados legalmente y deberían ser devueltos, sostienen algunos.
“La administración no puede tener ambas cosas a la vez”, dijo Adam Grogg, ex asesor general adjunto de la OMB y ahora director legal de Governing for Impact , un grupo de expertos de centroizquierda.
“O es una agencia cubierta por la FOIA con la autoridad para hacer lo que está haciendo, o está puramente asesorando al presidente y no puede dirigir a las agencias como lo hace ahora”.
Un juez federal que preside una de las muchas demandas relacionadas con DOGE también interrogó recientemente a los abogados del gobierno sobre sus posturas contradictorias. En una audiencia reciente, el juez de distrito de EE. UU. John Bates describió la posición del gobierno como «no somos una agencia en un caso en el que no queremos ser una agencia, pero somos una agencia en este caso en el que queremos serlo«.
ProPublica ha confirmado los nombres de 12 empleados gubernamentales adicionales que forman parte de DOGE o están vinculados a la constelación de empresas de Musk y tienen funciones en la nueva administración. Confirmamos los nombres mediante referencias cruzadas de registros de la agencia, hablando con docenas de fuentes dentro del gobierno federal y analizando documentos de litigios en curso que cuestionan la autoridad de DOGE.
Están repartidos por distintas agencias. En el Departamento de Educación, el personal de DOGE está explorando cómo ampliar la dependencia de la agencia de la IA tanto para identificar posibles desperdicios como para interactuar con los beneficiarios de préstamos estudiantiles.
En la EPA, se informa que han obtenido acceso a bases de datos de contratación. Algunos empleados desempeñan funciones de nivel ejecutivo, mientras que otros tienen títulos ambiguos, como «asesor senior», lo que deja poco clara la naturaleza de su trabajo.
Uno de los nombres que se acaba de añadir al rastreador, Kathryn Armstrong Loving, es la hermana del ejecutivo de criptomonedas Brian Armstrong, que dirige el líder de la industria Coinbase.
Coinbase donó un millón de dólares al fondo de la investidura de Trump, y Armstrong se reunió con Trump para hablar sobre nombramientos para puestos de la administración, según The Wall Street Journal.
Algunos empleados trabajan en más de una agencia. Ninguno respondió a las solicitudes de comentarios.
Si bien Musk ha celebrado los recortes de DOGE y menospreciado a las agencias afectadas, los funcionarios de Trump ahora dicen que en realidad no lo dirige .
La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.
La financiación
La administración Trump comenzó a financiar a DOGE poco después de asumir el cargo. Comenzó con la asignación de 750 mil dólares de un fondo de la Casa Blanca para iniciativas de tecnología de la información a fines de enero.
Desde entonces, la financiación se ha disparado; la asignación más reciente se produjo el 8 de febrero e incluyó una parte de 14 millones de dólares descrita como una “iniciativa de modernización de software”. En total, según descubrió ProPublica, se han destinado más de 39 millones de dólares a DOGE en el primer mes de la administración Trump.
Para ponerlo en perspectiva, en los últimos años el Congreso había asignado alrededor de 50 millones de dólares al año para la iniciativa de modernización de TI que DOGE suplantó, según muestran los registros presupuestarios.
La administración Trump aún no ha publicado suficientes detalles para rastrear la fuente exacta de los fondos que fluyen hacia DOGE ni ha dicho quién está recibiendo el pago. El dinero podría provenir de presupuestos de agencias que tienen dinero reservado para actualizaciones de TI u otros servicios. Tampoco está claro todavía qué período de tiempo cubre la asignación o si se han financiado los salarios.
Según los expertos, no es inusual financiar una agencia con el presupuesto de otra. Pero el dinero no puede transferirse para cualquier propósito que desee la Casa Blanca: está restringido por algo llamado “estatuto de propósito”, que exige fondos para pagar artículos que el Congreso haya prescrito específicamente.
El método operativo de DOGE “deja preguntas sobre posibles violaciones del estatuto de finalidad”, dijo Christie Wentworth, del grupo de vigilancia ética Citizens for Responsibility and Ethics en Washington. “Si DOGE utiliza fondos que están disponibles sólo para fines relacionados con TI para iniciativas que no tienen nada que ver con TI, ese uso podría violar la ley federal”.
Brett Murphy , Kirsten Berg , Pratheek Rebala y Annie Waldman contribuyeron con este reportaje.
