Por Andrés A. Solis*
Este espacio surgió para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos medios y periodistas a la hora de informar.
Intento destacar los errores y falencias de mis colegas en aras de mejorar la calidad y la profesionalización de nuestra labor, porque es también la mejor ruta para generar confianza con las audiencias.
He platicado sobre la importancia de contar con la figura de una defensoría de las audiencias, porque es a quién nos debemos, por encima de los intereses políticos y económicos.
Por principio, contar con una defensoría de la audiencia es una decisión de cada medio. Lo ideal es que todos los medios cuenten con esta figura, como parte del principio de la autorregulación.
La figura de la defensoría de las audiencias es fundamental porque vigilan que los medio respeten los derechos que tienen las audiencias por el simple hecho de ser consumidores de contenido.
¿De qué derechos hablamos?
Del derecho a que reciban información clara, precisa, confirmada, verificada, cierta y útil; de saber con certeza cuándo es información y cuándo es opinión y al mismo tiempo que puedan diferenciar la información de la publicidad y la propaganda disfrazada.
Las audiencias tienen derecho a conocer la orientación ideológica de los medios y que éstos respeten sus barras programáticas, los horarios de programación, a que les informen con certeza sobre los cambios de programación, inicio, cambios, ajustes o cancelaciones de programas.
El público tiene derecho a saber si hay contenidos generados o manipulados con herramientas de Inteligencia Artificial.
Y muy importante, las audiencias tienen derecho a exigir explicaciones cuando un medio miente, manipula, falsifica, especialmente si lo hizo de manera deliberada.
No cualquier persona tiene el perfil suficiente para actuar como defensora de las audiencias; en México se cuentan con los dedos y algunas se volvieron burócratas en algún medio y terminaron actuando con todas las contradicciones posibles.
Pero esto sigue estando en el ámbito de la relación entre medios y audiencias; entre quienes generan y quienes consumen contenidos.
Pensar que el Estado mexicano se puede asumir como un árbitro máximo del comportamiento de los medios y amenazar con multas y sanciones es regresar a los tiempos de la censura previa, prohibida en la Constitución.
No le corresponde al Estado ser el gran defensor como ahora pretender asumirse. No pueden siquiera intervenir en el trabajo de quienes son defensores o defensoras de medios públicos, porque justamente esta figura de la defensoría trabaja a favor de los derechos de las audiencias y la mejora continua de los medios, no trabaja a favor de los intereses del gobierno en turno.
Déjenme insistir en un punto que he mencionado antes. La presidenta de la República es profundamente ignorante de temas legales, pero quienes la asesoran parece que optan por mentirle o decirle lo que ella quiere escuchar.
