Por Cesia Escobar*
Si utilizamos redes sociales o transitamos por la zona metropolitana de Monterrey, nos habremos dado cuenta que en las últimas semanas han ocurrido hechos significativos en el Estado. En esta ocasión hablaré de 4 en concreto (incluyendo uno realizado por las autoridades) que han sido particularmente visibles y constantes.
Primero, la resistencia contra el aumento al alza en las tarifas del transporte público. Hasta ahora, se han realizado 16 mítines ininterrumpidos en el centro de Monterrey, liderados por la Alianza de Usuarixs y otros colectivos y organizaciones en defensa de los derechos de la población usuaria, sumando cada vez más personas y grupos que exigen un servicio digno, de calidad y accesible.
Segundo, la protesta virtual contra la contaminación y la mala calidad del aire en el Estado, con miles de usuarixs pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum acciones inmediatas dentro del ámbito de sus atribuciones, y también exigiendo respuesta por parte del gobierno estatal y municipal, incluso del Congreso. Este movimiento no solo se volvió viral en redes, sino que logró posicionar el tema en organizaciones, medios de comunicación y entre líderes de opinión.
Mencionó esto sin restar importancia al análisis y reflexión que realizaron colectivos y grupos: el posicionamiento de la iniciativa privada y otras agrupaciones en defensa del medioambiente cuando la industria que estos mismos grupos representan son una de las principales fuentes contaminantes y con posibilidad de generar cambios significativos a corto plazo. Para algunas personas, este esfuerzo fue importante, interesante y también muy contradictorio.
Tercero, el trabajo y lucha por la defensa y protección del Río Santa Catarina que ha alcanzado un nivel de incidencia que llegó hasta el Congreso del Estado para impulsar un estudio técnico que justifique la declaración de este río como área natural protegida. Y que ha conectado diversas problemáticas locales y a diversos sectores de la población, para accionar de forma estratégica y coordinada.
Estos tres movimientos tienen algo en común: la ciudadanía ha dejado claro que no está dispuesta a normalizar los problemas estructurales de la ciudad y que de acuerdo a sus recursos y posibilidades pondrá estos temas en la agenda pública. Pero además, se dieron en un contexto político particularmente interesante…
Y cuatro, después de meses de conflictos, parálisis legislativa y un intercambio constante de acusaciones, el gobernador y el Congreso local aceptaron una negociación.
En una sesión maratónica de poco más de 10 horas, resolvieron temas que llevaban meses, incluso años estancados: la designación del fiscal general, la ratificación de la titular de la Comisión de Derechos Humanos y la aprobación del presupuesto 2025, entre otros. Lo que parecía imposible por meses y tomó dos legislaturas distintas, se resolvió en una sesión y varias reuniones de negociación, ¿Casualidad? ¿O una respuesta política ante la creciente presión de la población y diversos sectores?
Desde hace tiempo, la sociedad civil, grupos empresariales y diversos sectores han señalado la falta de voluntad de las autoridades para llegar a acuerdos que beneficien a la población. Pero en un contexto donde la ciudadanía ya no solo señala, sino que se organiza, moviliza e incide, parecía insostenible que la clase política siguiera entrampada en sus conflictos.
Mientras la ciudadanía exigía soluciones en las calles y en redes, la clase política en Nuevo León encontró razones para ceder. Cuando su credibilidad se cuestionaba y sus decisiones se señalaban de forma técnica y respaldada por datos.
Como siempre en este espacio, esta es una propuesta para la reflexión colectiva, no es representativo de la totalidad de esfuerzos y movimientos locales en resistencia de las decisiones públicas, ni de las opiniones de quienes viven y transitan por esta ciudad y la viven de diferentes formas, desde sus recursos y oportunidades.
