Falso que en México no se tortura y no hay más masacres como afirmó AMLO

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Por Melina Barbosa

Durante la mañanera del 22 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “bodrio” el informe que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en el mundo.

El informe advierte que la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente, por lo que el jefe del ejecutivo respondió que en el «departamentito» pueden contestar lo que quieran, pero no tienen pruebas y son calumniadores y mentirosos.

«En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie», reiteró.

Sin embargo, tal afirmación es falsa, pues en los últimos años las violaciones a los derechos humanos han ido en aumento y tanto la CNDH como diversas organizaciones y colectivos dan cuenta de ello.

En 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 264 recomendaciones (118 más que en 2021), Causa en Común registró por lo menos 500 masacres en toda la república y según datos de Article 19, el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de personas periodistas.

Recomendaciones de la CNDH

Contrario a lo afirmado por AMLO, en 2021 la CNDH emitió 146 recomendaciones y en 2022 la cifra de recomendaciones por violaciones a derechos humanos fue mucho mayor con 264.

CNDH MÉXICO

Tan solo durante el primer mes de 2023, la CNDH registró mil 760 expedientes de presunta violación de derechos humanos, cuatro casos de tortura y emitió 24 recomendaciones y 14 medidas cautelares.

Hasta el momento, las autoridades que concentran el mayor número de expedientes de presunta violación son el IMSS, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

Masacres, tortura y violencia extrema

Los reportes de atrocidades y eventos de alto impacto publicados por Causa en Común dan cuenta del uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

A partir de fuentes periodísticas, la organización reveló que en 2021 el 73% de las atrocidades registradas fueron casos de tortura (al menos 1,151); mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres (al menos 837); fosas clandestinas (al menos 556); masacres (al menos 529); asesinato de mujeres con crueldad extrema (al menos 490); y asesinato de niñas, niños y adolescentes (al menos 373 casos).

Mientras que en 2022 se registraron al menos:

  • 1,793 casos de tortura
  • 808 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres
  • 801 asesinatos de mujeres con crueldad extrema
  • 500 masacres

Los datos sobre los eventos de violencia extrema ocurridos en el presente año también contrastan con lo dicho por el presidente, quien negó que ocurran este tipo de sucesos.

El pasado 21 de marzo, Causa en Común informó que se registraron, al menos, 19 atrocidades cada día durante enero y febrero, de las cuales se destacan 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 110 casos de mutilación y 80 masacres.

En comparación con enero y febrero de 2022, se observa que las atrocidades tuvieron un incremento de 24%, pasando de 894 a 1 mil 106 eventos.

México Masacres

Ataques a la prensa 

Según Article 19, el Estado mexicano es el principal agresor de personas periodistas con un total de 262 ataques efectuados contra la prensa durante el primer semestre de 2021 y 2022.

Las agresiones contra la prensa registradas el año pasado refieren que en México cada 14 horas se agrede a una persona periodista o medio de comunicación por ejercer su labor. 

Las cifras registradas durante el primer semestre del 2022 suman un total de 2 mil 304 ataques contra la prensa perpetrados en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tan solo en ese periodo, se cometieron 34 asesinatos, 26 desplazamientos forzados y 2 desapariciones.

Ante este escenario, Article 19 reitera que algo es claro, las autoridades de los tres niveles de gobierno son incapaces y omisas en generar las acciones necesarias para prevenir la violencia y proteger a la prensa.

Durante los primeros seis meses del 2022, la mayoría de los ataques fueron cometidos en la capital del país, con 49 agresiones, lo que representa el 14.80% del total.

La Ciudad de México continúa en el primer lugar en número de agresiones, posición en la que ha permanecido desde el 2013 de acuerdo con los registros de Article 19.

El que esta entidad permanezca en la primera posición puede responder, entre otros, a la concentración de distintos niveles de poder públicos, tanto federales y locales. Además de ser una metrópoli con una alta densidad poblacional que requiere la presencia de un vasto número de periodistas para dar cobertura al acontecer diario.

Seguido de la Ciudad de México, se posicionan en segundo lugar los estados de Yucatán y Michoacán en donde Article 19 documentó 30 agresiones contra quienes ejercen el periodismo en cada estado, por lo que cada entidad federativa representa un 9.06% del total de ataques documentados en este periodo.

Abusos militares y represión 

Desde hace décadas se moviliza a soldados y marinos para tareas de seguridad pública y para combatir la criminalidad organizada, lo cual ha dado lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos.

El informe de Human Rights Watch sobre México detalla que desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5 mil 335 civiles.

Además coincide que desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la CNDH contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años.

Human Rights Watch concluye que el presidente López Obrador ha ampliado sustancialmente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, y les ha asignado cientos de tareas que en el pasado fueron realizadas por autoridades civiles, como la seguridad pública, el cumplimiento de las normas aduaneras, el control de la migración irregular, la implementación de programas sociales y la administración de proyectos de obras públicas.

Por tanto, los militares pueden detener legalmente a civiles, tomar el control de la escena de un crimen y preservar evidencias.

Ejemplo de ello es que a penas el pasado 15 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que el Ejército ejecutó a cinco jóvenes el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”, declaró el funcionario.

Al llegar a una reunión a la Cámara de Diputados, el subsecretario reconoció que hay elementos que acreditan que los jóvenes no iban armados.

La declaración de Encinas contradice las primeras versiones del Ejército mexicano que indicaban que sus elementos activaron sus armas al escuchar disparos y al ver la camioneta donde se trasladaban los jóvenes a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas.

FORMATO VIDEOS Y PORTADAS VERIFICADO

Y en Yucatán, mismo estado que se posiciona como el segundo lugar en cuanto al número de agresiones contra periodistas, recién se reportó que policías uniformados y vestidos de civil realizaron detenciones arbitrarias durante una manifestación.

Cuatro personas fueron detenidas este miércoles 22 de marzo durante la marcha realizada en Mérida, en apoyo al pueblo maya Sitilpech, que lleva meses protestando contra una mega granja porcícola.

La manifestación se realizó en el marco del Día Mundial del Agua, justamente el recurso que presenta la mayor contaminación en Yucatán a causa de las más de 500 granjas de producción de carne de cerdo que funcionan en el estado.

Los detenidos ─dos hombres y dos mujeres─ fueron acusados por la SSP de Yucatán de «daños» y «agresiones contra servidores públicos», a lo que el mismo jefe del ejecutivo respondió que «no se va a permitir que se limite la libertad de manifestación».


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