- La Plataforma Ciudadana de Fosas proyecta una realidad alarmante para Nuevo León: el municipio de Juárez se consolida como la fosa más grande del estado. Pese a que las instituciones oficiales sostienen una narrativa de pacificación basada en el descenso de homicidios, los datos ciudadanos pusieron de relieve un submundo de desaparición y una desarticulación entre la FGR y las fiscalías estatales que lacera diariamente a las familias buscadoras.
Por Melina Barbosa
Ante la carencia de un registro oficial consolidado por parte del gobierno mexicano, las organizaciones Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana presentaron la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas.
Esta herramienta tecnológica no sólo documenta la magnitud de la crisis de desapariciones en el país, sino que pone en evidencia una crisis forense alimentada por la opacidad institucional.
Los datos de la plataforma revelan una contradicción profunda entre las instancias de justicia. Mientras que las fiscalías estatales reportaron un total de 5 mil 532 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó apenas 630 en el mismo periodo.
Esta diferencia de 4 mil 902 fosas no representa un error de conteo menor; es la prueba de una falta de consistencia que obstaculiza el derecho a la verdad de las familias buscadoras en todo México.
Juárez: El epicentro de la tragedia en NL
En Nuevo León, la brecha entre la federación y el estado es crítica. La FGR solo reportó 9 fosas con 96 cuerpos, sin registro de restos o fragmentos óseos. En contraste, la fiscalía estatal identificó 276 fosas, 208 cuerpos y 70 restos o fragmentos óseos.
Esta desconexión institucional se vuelve palpable al analizar casos específicos: en el municipio de Juárez, la FGR solo informó de tres hallazgos en casi dos décadas, mientras que la fiscalía estatal da cuenta de 105 fosas en esa misma localidad.
La alta incidencia de hallazgos en ciertos puntos de Nuevo León no es casualidad. La plataforma identifica cifras significativas en nodos críticos para la seguridad del estado como Juárez (105 fosas); Santa Catarina (12 fosas); Guadalupe (10 fosas); Montemorelos (7 fosas) y China (6 fosas).
Estos municipios funcionan como puertas de entrada y salida de la Zona Metropolitana de Monterrey, convirtiéndose en zonas de transición vulnerables donde convergen los retos de la seguridad rural y carretera. El flujo constante de carga pesada, la conexión con fronteras como Reynosa (a través de China y Juárez) y el paso hacia la zona citrícola (Montemorelos) o hacia el centro del país (Santa Catarina), han transformado estos corredores en lugares de impunidad y violencia.
Colapso forense y el laberinto de la identificación humana
A nivel nacional, la identificación humana atraviesa una crisis multifactorial que se ve recrudecida por la saturación de los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y la carencia de personal especializado.
A este escenario se añaden las condiciones extremas en las que se recuperan los restos —frecuentemente en descomposición avanzada o calcinados—, lo cual dificulta las tareas periciales. Asimismo, la crisis se acentúa por las deficiencias en el resguardo de los restos bajo custodia del Estado y una nula coordinación que impide un rastreo efectivo.
La magnitud de esta tragedia es devastadora: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documenta más de 131 mil 700 víctimas.
En este panorama, Nuevo León se posiciona como el quinto estado con mayor incidencia, registrando 7 mil 209 personas desaparecidas, sólo por debajo del Estado de México (14,697), Tamaulipas (13,685), Jalisco (12,574) y Michoacán (7,514).
Según el informe de la Plataforma Ciudadana de Fosas, más de 72 mil cuerpos sin identificar ingresaron a los Semefos entre 2006 y 2023, convirtiendo a estas instituciones en depósitos interminables.
Tan solo entre 2019 y 2023, se estima que 34 mil 699 cuerpos fueron enviados a morgues en calidad de desconocidos, un periodo en el que desaparecieron al menos 51 mil 791 personas.
Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana advierten que esta problemática se ve profundizada por el desmantelamiento del entramado institucional.
La disolución de instancias clave, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Banco Nacional de Datos Forenses, ha dejado a las familias solas en su búsqueda.
Esta negligencia institucional se traduce en prácticas sistemáticas que borran la identidad de las víctimas, tales como las graves inconsistencias entre las cifras de la FGR y las fiscalías locales, la destrucción de prendas y pertenencias vitales para el reconocimiento, la incineración de cuerpos sin la toma previa de huellas dactilares y la eliminación de registros de personas que, en la realidad, no han sido localizadas.
El hallazgo masivo de fosas, con el municipio de Juárez como el epicentro más crítico en Nuevo León, demuestra que la pacificación del país no puede medirse únicamente a través de la reducción de homicidios.
La violencia permanece y se manifiesta en la impunidad de la macrocriminalidad y el ocultamiento de cuerpos. Mientras no exista una estrategia real para atender el rezago forense y recuperar el control de los territorios hoy vulnerados por el contubernio político-delictivo, las familias seguirán buscando, con sus propias manos, la justicia que el Estado les niega entre la tierra y las morgues.
«La publicación de estos datos responde a la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, pese a que es responsabilidad de la FGR y las fiscalías estatales elaborarlo, ni a la existencia de un registro de fosas clandestinas por parte de… pic.twitter.com/Uer24eOTWw
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) February 11, 2026
Reportaje realizado para Reporte Índigo | Imagen de portada: Reporte Índigo
