EN CORTO
- La FGR solicitó a X eliminar ocho publicaciones de la abogada y consultora electoral Mónica Calles Miramontes, al considerar que expusieron la imagen de una funcionaria del INE y generaron violencia digital en su contra.
- Calles Miramontes había difundido videos y acusaciones sobre una diligencia realizada en el INE, acusando irregularidades en el proceso.
- Tras la viralización de sus publicaciones, la abogada informó que fue notificada de una denuncia penal por el delito de amenazas y sostuvo que se trata de persecución; el INE, por su parte, negó haber presentado una denuncia penal y afirmó que acciones legales a título particular no pueden atribuirse institucionalmente
Por Diana Soto
La Fiscalía General de la República (FGR) resolvió solicitar a la red social X que eliminara varias publicaciones de esta plataforma al considerar que los contenidos de una usuaria habían generado comentarios discriminatorios y violencia digital hacía una funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE), quien fue señalada por actos irregulares a finales de agosto de 2026.
Mónica Calles Miramontes, abogada y consultora electoral, difundió varios videos en redes sociales para denunciar irregularidades en un procedimiento realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ante el caso de una exfuncionaria del instituto.
“A la víctima, en su último día de labores, personal de la UTCE, UTSI, OE, DS y Protección Civil (todos del INE) la encerró, la incomunicó, la grabó ilegalmente con celulares personales mientras la amedrentaban y le ‘confiscó’ propiedad privada”, acusó el 21 de agosto de 2026.
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En otra publicación, Calles Miramontes acusó que ocho funcionarios incurrieron en usurpación de funciones, manifestaciones falsas en el acta, violación de derechos humanos, falta de acreditación formal, entre otras irregularidades durante la diligencia del caso.
“La responsable de esto es Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, titular de la UTCE. Quien ‘dirigió’ la diligencia: Andrea Gutiérrez Sánchez, secretaria particular de Yessica Alarcón Góngora”, señaló en ese y en varias publicaciones subsecuentes en las que continuó cuestionando el procedimiento del instituto.
Tras realizar varias publicaciones en las que denunciaba estos actos, la abogada fue notificada de una denuncia penal en su contra por amenazas, derivada de los acontecimientos de la diligencia y de los contenidos difundidos en redes sociales.
Calles Miramontes denunció en redes sociales una persecución por parte del INE, ya que la persona que interpuso la demanda aludió a su estatus de funcionaria. Sin embargo, la institución niega que exista una denuncia de este órgano ante la FGR por este caso.
FGR sí pidió bajar contenidos de X
En varios de los videos, la abogada cuestionó las facultades de la secretaria particular para dirigir la diligencia y los fundamentos del procedimiento. Tras viralizarse estas publicaciones, Calles Miramontes dio a conocer que fue notificada de una denuncia penal en su contra por amenazas.
En un documento compartido por la jurista electoral, se observa que la FGR solicita a la plataforma X eliminar ocho publicaciones hechas por la abogada, quien en algunas de ellas también señala a la secretaria de ser cercana al partido y diputaciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Los enlaces contienen material audiovisual que expone la imagen de la víctima —cuya identidad se resguarda bajo las iniciales A.G.S.— y generó comentarios denigrantes sobre su persona, aspecto físico y orientación sexual, transgrediendo sus derechos a la intimidad, al honor y a una vida libre de violencia”, señala el documento de la fiscalía.
Además, las autoridades también consideraron que el clima hostil generado por las publicaciones de la abogada generaron violencia digital que afecta el derecho a la vida digna de la funcionaria.
“Tratándose de una persona integrante de la comunidad LGBTQ+, quien enfrenta mayores riesgos de discriminación, exclusión y violencia estructural, resulta imperativa una protección especial por parte de esta autoridad”, señalaron en el documento donde también solicitan que se resguarden los datos digitales que permitan la “plena identificación de los responsables”
La autoridad también negó que esto fuera un ataque contra la libertad de expresión. Aunque la propia abogada ha expuesto que la acusación carece de fundamentos y que configura una persecución en su contra.
“Me atribuyen el delito de ‘amenazas’. Pero no piensen que se trata de amenazas hacia una persona o su ámbito privado, sino que supuestamente ‘AMENACÉ CON SUBIR A REDES SOCIALES LA AUDIENCIA’», escribió en redes sociales y compartió otros fragmentos de la carpeta de investigación.
En un comunicado oficial sobre este caso el INE negó haber presentado una denuncia penal contra la abogada. Además señaló que “las controversias o acciones legales promovidas por personas a título particular no constituyen actuaciones del INE ni pueden atribuirse institucionalmente”.
Ante este posicionamiento la abogada señaló que la demanda fue interpuesta por una persona que se identifica como funcionaria del instituto, usando recursos institucionales del mismo, con datos en poder de esta institución y con testigos que también trabajan en esta dependencia.
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