Autoridades minimizan crisis de desapariciones tras declaraciones de la ONU

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Por Debanhi Soto

La dirigente nacional de MORENA, Luisa María Alcalde indicó en sus redes sociales que desde 2018, el Gobierno de México no ha desaparecido personas ni violentado los derechos humanos. No obstante, organismos nacionales e internacionales desmienten esta narrativa. 

Posicionamiento de Luisa María Alcalde sobre las desapariciones

La declaración de Luisa María Alcalde se da después de que el presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), Olivier de Frouville, activara tres procedimientos sobre México bajo los Artículos 30, 31 y 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

En su discurso del cierre del 28º período de sesiones, De Frouville destacó que las desapariciones en México se llevan a cabo de manera “general o sistemática” lo que era preocupante y por lo que se debían activar los protocolos de actuación.

El presidente del CED no señaló que las desapariciones fueran causadas por el estado mexicano, sino que solo pidió toda la información al estado mexicano pertinente en relación a las desapariciones.

Sin embargo, aunque no hubo acusaciones sobre que las desapariciones fueran ocasionadas por el estado, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazaron las declaraciones del CED sobre las supuestas desapariciones forzadas por parte del Estado.

Asimismo, el Senado de la Republica se posicionó en contra del señalamiento del CED y Gerardo Fernández Noroña, dijo que se buscaría exigir sanciones contra Olivier de Frouville por la “falsa e injusta especulación” de que hay desapariciones forzadas sistemáticas en México. 

No obstante, las cifras oficiales de desapariciones, los testimonios de colectivos de familiares de personas desaparecidas y análisis de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, dan cuenta de que la problemática que se vive en el país.

Las desapariciones existen, son ignoradas y van en aumento

De acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 9 de abril de 2025 se habían documentado 63 mil 490 personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, un promedio de 27.35 desapariciones al día. 

Tan solo, durante marzo de 2025 hubo mil 461 desapariciones en el mes (47.13 al día) por lo que la tasa de desaparición forzada es de más de una persona (1.15) por cada 100 mil habitantes. 

Y las desapariciones van en aumento. En 2018, se reportaron 6 mil 991 casos de desaparición, no obstante, para 2024 la cifra se había casi duplicado llegando a los 13 mil 677 casos.

Personas desaparecidas y no localizadas en México a partir del año 2000Fuente: Comisión Nacional de Búsqueda
Personas desaparecidas y no localizadas en México a partir del año 2000
Fuente: Comisión Nacional de Búsqueda

La desaparición, también es el delito con mayor tasa de impunidad. Según el reporte de Hallazgos 2023 de México Evalúa, solo el 0.49% de las desapariciones se resuelven, en los delitos generales la tasa es del 6.37 por ciento.

Organismos de protección a los derechos humanos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional denuncian que el problema de la desaparición forzada en México tiende a ser ignorado por las autoridades, lo que orilla a los familiares de las víctimas a buscar por sí mismos a sus desaparecidos dejándolos en situaciones que vulneran su seguridad.

“Miles de personas desaparecen cada año en México. Las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscar a personas desaparecidas (…) Los miembros del CED expresaron preocupación por la “impunidad casi total” de las desapariciones y el creciente número de amenazas, ataques y asesinatos de quienes buscar a sus familiares desaparecidos” explica el informe de 2023 sobre México de la organización internacional Human Rights Watch.

El colectivo A Donde Van los Desaparecidos dio a conocer que desde 2010, al menos 27 personas familiares de desaparecidos han sido asesinadas por buscar a sus seres queridos. La mayoría de estos homicidios ocurridos en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andres Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum permanecen impunes.

También tres expertas de las Naciones Unidas explicaron que si bien las desapariciones forzadas y los ataques a quienes buscan a sus seres queridos están vinculados al crimen organizado suceden en medio de redes de corrupción y colusión con las autoridades.

Violaciones de derechos humanos y desapariciones siguen con impunidad

Pese a que se han documentado violaciones a los derechos humanos de grupos vulnerables ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las acciones que toma la CNDH no son proporcionales a la cantidad de denuncias. 

Animal Político señaló en un reportaje que pese a recibir mil 816 quejas por violaciones de derechos humanos, la Guardia Nacional solo recibió 13 recomendaciones por parte de la CNDH.

E incluso, las recomendaciones pueden ser ignoradas por las autoridades. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) documenta el caso de una recomendación que se hizo a la Secretaría de Marina por la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González detenido arbitrariamente en septiembre de 2025. 

Por este caso, la CNDH emitió la Recomendación 233/2022, sin embargo, dos años después de la publicación de la recomendación no se había dado cumplimiento a la misma.

Acciones gubernamentales para abordar la crisis de desaparecidos no son suficientes

Si bien, la narrativa oficialista dice que el gobierno ha hecho acciones que combatan la crisis de desapariciones que está en aumento; entre 2024 y 2025 el presupuesto destinado a la búsqueda de personas tuvo un recorte del 4.16% y representó el 10.69% del monto total que se le otorga a la Secretaría de Gobernación, la segunda cifra más baja de los últimos 5 años. 

Presupuesto destinado a la búsqueda de personas

Además durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hizo un censo de desaparecidos en el cual, muchas personas aún no localizadas se eliminaron de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

Silvia Ortiz, madre buscadora y vocera del Grupo Vida refirió que de las 222 personas que buscan los integrantes de su colectivo, sólo se encontraron a tres personas inscritas en el registro. Animal Político y Data Cívica señalaron que al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados de la base de datos.

También, el sexenio de López Obrador se distinguió por una gran protección por parte del presidente a las fuerzas armadas. 

Por ejemplo, aunque López Obrador se comprometió a aclarar el caso de Ayotzinapa y permitió que volviera el Grupo de Interdisciplinario  Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las familias de los desaparecidos denunciaron inconsistencias y que las autoridades siguen ocultando la verdad del caso.

En 2022 el gobierno presentó un supuesto informe de los hechos con capturas de pantalla que el GIEI calificó como alteradas. En 2023 el GIEI abandonó el país y la investigación declarando que había un ocultamiento de información por parte de la Secretaría de Defensa Nacional.

“Llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de SEDENA ha supuesto un nuevo obstáculo” publicó el GIEI en su último informe.

Después de la salida y presentación del último informe del GIEI, López Obrador defendió a las fuerzas armadas y acusó de “farsantes” y de “lanzarse a decir mentiras” a las organizaciones de la sociedad civil que representaban a las víctimas de desaparición.

¿Qué implica procedimiento del artículo 34 que activó el CED?

El 9 de abril, el CED publicó una declaración para explicar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, debido a que se generó confusión en las respuestas de los actores políticos.

El artículo 34 permite llevar un caso con urgencia ante la Asamblea General de la ONU si existen indicios de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática. 


Se decidió aplicar este procedimiento en México porque se han recibido múltiples denuncias de desaparición forzada desde 2014 y porque el CED ya ha hecho varias recomendaciones que fueron ignoradas.


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