Por Andrés A. Solis*
Este lunes el diario El Universal publicó una nota bajo este encabezado: “Niegan protección a 40% de periodistas y activistas; atienden a 640 de mil 139”.
La nota abunda en datos propios de la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El texto de El Universal destaca que entre 2020 y 2024, este órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación negó aceptar solicitudes de protección a dos de cada cinco personas u organizaciones que pidieron incorporarse al mecanismo. (ver nota original: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/niega-proteccion-a-40-de-periodistas-y-activistas-atienden-640-de-mil-139/?utm_source=web)
Son datos ciertos, son datos del Informe de actividades del organismo, pero la nota se basa en una lectura superficial sobre los números.
Falta por ejemplo la comparación presupuestal, los recortes que cada año venía sufriendo el Mecanismo, lo que obstruye su capacidad de acción.
Falta explicar, por ejemplo, que para que el Mecanismo determine aplicar un plan de protección, es necesario hacer estudios de evaluación de riesgo que por ley deben actualizarse cada determinado tiempo y de ello depende que el presupuesto alcance para mantener todas las medidas para todas las personas que están bajo resguardo.
El Mecanismo también ha sido omiso en aceptar la realización de estudios independientes, como la marca la ley, porque dicen que son muy caros.
Actualmente hay dos mil 564 personas beneficiarias; 668 son periodistas y mil 256 defensoras de derechos humanos, además de 430 familiares de estas personas bajo protección.
Desde 2011 periodistas y activistas sostuvimos largas reuniones con congresistas de todos los partidos, funcionarios y funcionarias de las dependencias que hoy forman parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, en aras de encontrar el modelo más funcional para proteger a quienes informamos o defienden algún derecho.
Yo fui uno de los que insistentemente dijo que estaban creando un mecanismo de reacción policiaca y no de prevención de agresiones, que ésta era una ruta equivocada. No nos hicieron caso.
Una consecuencia es que el Estado mexicano debe brindar protección a cada vez más personas y no habrá presupuesto que alcance.
Otro problema es la constante rotación de personas encargadas del Mecanismo, de quienes se encargan de hacer estudios de evaluación de riesgo con una visión meramente policial y sin conocer el trabajo que realizamos y por eso los planes de protección no siempre son eficientes.
Ha habido personas que abusaron del Mecanismo, que usaron las medidas cautelares para su beneficio personal. Casos conocidos de quienes acudían a las conferencias del expresidente para adularlo. Tenían escoltas y autos blindados sin ser ni periodistas ni activistas.
En días recientes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez se reunió con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo. Reconoció que hay fallas y que trabajarán para resolverlas; tratarán que el insuficiente presupuesto se gaste de mejor manera y que los gobiernos de los Estados también hagan lo que les toca, porque han sido omisos.
Basta decir que el 17 de mayo de 2017 los 32 gobiernos estatales firmaron un gran pacto para fortalecer la protección, pero que se quedó en la pura foto.
