Impacto de la desinformación en la comunidad LGBTIQ+

Por: Verificado

Fecha:

mayo 17, 2022

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LGBTIQ+ homofobia desinformación

Por Melina Barbosa y Michell García

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Interfobia y Transfobia hacemos un análisis acerca del impacto de la desinformación en la vida de las personas LGBTIQ+, los estigmas y prejuicios que reproduce y sobre todo, los crímenes de odio y faltas a los derechos humanos que puede generar.

Además, te mostramos un panorama nacional de cuáles y dónde existen legislaciones en favor de las personas integrantes de la diversidad sexual y de género.

Cuando la desinformación provoca estigmas y prejuicios en la opinión pública, estos mismos suelen evolucionar a discursos y crímenes de odio.

El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) explica que los prejuicios sociales provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran «normales».

Esto contribuye a provocar casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tiene una naturaleza estructural.

Evidencia de ello es que las personas de la comunidad LGBTIQ+ se encuentran en los primeros lugares de la población con los mayores índices de discriminación en el país, según datos de la encuesta ENDOSIG 2018 del CONAPRED.

Respecto al tema, Mauricio Ayala Torres, coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+ en México de la Fundación Arcoíris afirma que los discursos de odio pueden evolucionar y convertirse en agresiones y asesinatos, asimismo señaló que una de las poblaciones más afectadas en tema de violencia que incluso no tienen acceso a sus derechos, son las personas transgénero.

Incluso en la capital del país, llamada «la ciudad de derechos», hacen falta espacios de reconocimiento a la comunidad LGBTIQ+.

«No existen los suficientes espacios de reconocimiento, en donde se puedan hablar temas comunes como lo es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género o un tema importante que son las terapias de conversión», destacó Ayala.

Además, el activista dice que hace falta más ayuda y reconocimiento por parte de los medios de comunicación y las diferentes instancias gubernamentales, pues la información bien comunicada puede impactar en la población y reducir los discursos de odio que evolucionan a crímenes de odio.

Cifras y datos importantes

Al no existir un registro oficial y reciente de los delitos de odio contra la comunidad LGBTIQ+ en el país, es importante señalar que hasta el momento son organizaciones, colectivos, activistas, académicos y periodistas quienes realizan la labor de registro y reporte de los delitos ocurridos.

Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), seis de cada 10 personas de la comunidad LGBTIQ+ ha sufrido algún tipo de discriminación, y más de la mitad reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

De igual manera, el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT de la Fundación Arcoíris, reportó que durante 2021 se registraron alrededor de 93 crímenes de odio en México, 73 asesinatos, 5 desapariciones y los restantes no fueron especificados.

Por otro lado, Sin Violencia LGBTI, una red que reúne a organizaciones de derechos humanos de 11 países, alertó sobre la violencia entre 2014 y 2020, cuando al menos mil 949 personas de la diversidad sexual fueron asesinadas en 10 de los 11 países integrantes de la red, mil 403 de ellas (equivalente al 72%) fue por motivos relacionados con el prejuicio frente a su orientación sexual o identidad de género.

Impacto de la desinformación en la comunidad LGBTIQ+

El profesor e investigador, Ignacio Lozano Verduzco comenta en su estudio «Efectos de la homofobia internalizada en la salud mental y sexual de hombres gay de la Ciudad de México» que estudiar a los hombres no necesariamente es hablar desde las masculinidades y a la vez sí implica hacerlo; significa referirse a una parte importante de la población humana que tiene ciertas características corporales, las cuales son interpretadas, interpeladas, usadas y entendidas desde una serie de estándares socioculturales que construyen la imagen de lo «masculino» o lo «varonil».

De acuerdo a Lozano Verduzco, estas interpretaciones se hacen desde un sistema de poder particular que se ha nombrado cultura de género, que en México es binaria y jerárquica.

En este mismo documento se menciona de la existencia de dos investigaciones que intentan describir la vida emocional y la salud en hombres gay mexicanos y en ambos se señala que la homofobia cultural, producto del sistema binario del género, se traduce en formas de opresión internalizada que ponen a los hombres gays, bisexuales, trans y queer en riesgo de vivir formas de depresión, ansiedad, consumo de alcohol y drogas, así como de llevar a cabo prácticas sexuales de riesgo en contextos sexuales con la misma característica.

La homofobia tiene sus raíces sociales en tres aspectos del sistema de género actual en el que el primero es el heterosexismo, sistema ideológico que supone a la heterosexualidad como la única forma de expresión válida y que promueve una sexualidad penetrativa, reproduccionista y falocéntrica.

El segundo aspecto es el cumplimiento de los estereotipos de género, que se derivan de una ideología binaria y finalmente el tercer aspecto es el androcentrismo; es decir, la dominación de los hombres y lo masculino sobre las mujeres y lo femenino.

Por otro lado, respecto a las personas bisexuales, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las describe como personas que se sienten atraídas emocional, romántica o sexualmente hacia personas de cualquier sexo y, en algunos casos, esto puede cambiar a lo largo de su vida.

Para profundizar sobre los prejuicios que enfrenta la población bisexual, Karla Urriola, psicóloga y sexóloga educativa, explica que la bisexualidad ha sido una de las orientaciones que mayor estigma ha tenido y la que ha abierto caminos al panorama que hoy se conoce como LGBTIQ+.

«Ha sido muy estigmatizada la orientación bisexual, hay que decirlo: sí y no. Es muy aceptada dentro de la comunidad heterosexual porque se dice que ‘al rato te puedes arrepentir y volver al camino del bien’ y por otro lado, dentro de la comunidad LGBTQ+ sí ha sido como esta idea que de todos los pertenecientes, los bi, son quienes tienen mucha actividad sexual o quienes están confundidos».

Cuando se habla de bifobia se hace referencia a las actitudes negativas, comportamientos y estructuras destinadas a las personas que se reconocen como bisexuales y las formas más comunes al tratar sobre bifobia son la negación bisexual, es decir, cuestionarles sobre «su confusión».

La bifobia también se manifiesta sobre la invisibilidad bisexual, por ejemplo, asumir su orientación sexual por la pareja de la persona, si es hombre que está con una mujer, se asume que es heterosexual y si el mismo hombre sale con otro de su mismo sexo, se le encasilla como gay.

Por todo lo anterior, es evidente que la discriminación estructural en México se expresa concretamente a través de una red de procesos y relaciones sociales de dominación basadas en la subordinación e inferiorización de millones de personas que pertenecen a diversos grupos sociales.

Es decir, por ser quienes son o vivir en las condiciones en que viven, se termina por considerar que no merecen ser tratadas por el Estado y por la sociedad con igualdad en dignidad y derechos.

Datos del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024, indican que esta manifestación del ejercicio arbitrario de poder coloca a millones de personas en una situación de déficit en el ejercicio de sus libertades y derechos humanos; lo cual genera desventajas inmerecidas e injustas en el acceso a oportunidades, prestaciones, bienes y servicios.

Esta obstaculización de derechos y la falta de acceso a bienes y servicios de hecho afecta a la mayoría de la población del país:

Mujeres
Niñas, niños, niñes y adolescentes
Pueblos indígenas y afromexicanos
Personas con discapacidad
Personas migrantes, desplazadas y refugiadas
Personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas
Jornaleros agrícolas y trabajadoras del hogar
Las y los habitantes de zonas rurales, alejadas y dispersas o de localidades urbanas marginales.
Personas que viven en situación de pobreza.

Ojo, el mismo programa reconoce que «hoy en día, aún es imposible estimar la carencia para algunos grupos poblacionales, como las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas o las personas afrodescendientes«.

Otro dato a destacar es que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que jóvenes de entre 18 a 35 años de edad, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ son los que más piden contención emocional cuando llaman a este organismo.

De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano, el 40.2% de las llamadas recibidas a la Línea Diversidad Segura fueron realizadas desde la CDMX y el resto provenían de otras entidades de la república y hasta del extranjero.

Jalisco 13%
Estado de México 12%
Guanajuato 10%
Veracruz 9%
Nuevo León 7%
Puebla 7%
Chihuahua 5%
Baja California 4%
Michoacán 4%
Oaxaca 4%

El titular del organismo, Salvador Guerrero, declaró que estas llamadas representan una apertura por parte de la comunidad LGBTIQ+ para pedir contención emocional y recibir primeros auxilios psicológicos.

Entre las principales causas por las que miembros de la comunidad llaman al consejo se encuentran los problemas de pareja (28%) y problemas familiares (27%), causal que suele relacionarse con la reacción de los padres al conocer la orientación sexual o identidad de género de sus hijas, hijos o hijes pues a veces surgen situaciones de violencia verbal que culminan en violencia física.

Asimismo, de las personas que se comunicaron para pedir apoyo, el 91% fueron directamente los afectados de la comunidad y en el 5% fue algún familiar.

En el Día Internacional contra la Homofobia, Interfobia, Bifobia, y Transfobia, a conmemorarse este 17 de mayo, el organismo informó que las solicitudes de apoyo psicológico o jurídico por la Línea Nacional Diversidad Segura (800 000 5428) subieron 1,068% al pasar de 31 en 2020 a 362 en el primer cuatrimestre de 2022.

Los reportes a la Línea Diversidad Segura (que ofrece servicio a cualquier país) indican que el 28% de las solicitudes de apoyo de esta población proviene de menores de edad y 10% de personas de entre 36 a 50 años.

Avances y retrasos legislativos en materia LGBTIQ+

En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Más adelante en 2017, el Protocolo Nacional LGBTI+ de la Procuraduría General de la República fue aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

«Hasta ahora solo es un documento, es un protocolo, pero no tiene una línea de acción de investigación, es decir, como hacer la investigación de los diferentes casos de abuso para la comunidad», menciona Mauricio Ayala Torres, coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+ en México respecto al Protocolo Nacional LGBTI+.

Por su parte, Juan Hernández, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y Coordinador del programa Lab ODS MY World México, comenta que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no menciona como tal a la comunidad LGBTIQ+ dentro de sus 17 objetivos y tampoco en sus 169 metas que se deben cumplir como fecha límite en 2030.

«Realmente México no ha tenido gran avance en materia de la agenda 2030 respecto a la igualdad de género, se puede notar en las mujeres y en los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, ya que siguen siendo discriminadas y violentadas», señala Juan Hernández.

No obstante, uno de los grandes pasos que ha dado la Agenda 2030 es la entrega de las primeras actas de nacimiento que reconocen a las personas utilizando el género con el que se auto perciben.

Por otro lado, recordemos que la primera diputada trans en México, Salma Luévano, presentó en enero 2022 una iniciativa que reforma los artículos 303 del Código Penal Federal y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El documento fue enviado a las comisiones unidas de Justicia y de Diversidad, donde se indica que la finalidad es colocar en ambos códigos el crimen de odio en relación con la comunidad LGBTIQ+.

En cuanto al matrimonio igualitario, hasta el momento 25 entidades reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la mayoría han modificado sus Códigos Civiles o Familiares, mientras que otras garantizan este derecho a partir de acciones de inconstitucionalidad.

Uno de los avances legislativos más recientes es que el 11 de febrero de 2022, el estado de Guanajuato emitió a Fausto Martínez, una persona no binaria, un nuevo certificado de nacimiento en el que se indica un tercer género.

Esta medida supone un paso significativo en el reconocimiento legal de un tercer género en México.

Fue en noviembre de 2021 cuando Martínez solicitó a la justicia federal que reconociera su identidad de género luego de que el Registro Civil del estado rechazó su pedido de que se enmendara su certificado de nacimiento.

Dos meses después, un juez hizo lugar al recurso de amparo de Martínez y ordenó al Registro Civil emitirle un nuevo certificado con un tercer género.

Amicus, organización de la sociedad civil que representó a Martínez en juicio, indicó no conocer otra sentencia en México que reconozca la identidad de género de una persona no binaria.

«Lo que no se nombra no existe. El reconocimiento legal establece que las personas (no binarias) tienen derechos. Este es un gran logro», dijo Martínez a Human Rights Watch.

En todo el mundo, el reconocimiento legal del género está tomando terreno. Si bien a menudo los gobiernos reconocen el cambio legal a masculino o femenino, más de una decena de países, como Argentina, Malta, India, Nepal y Estados Unidos, ya permiten los documentos no binarios a nivel nacional.

Los Países Bajos prevén directamente eliminar las referencias de género de los documentos de identidad.

La Organización de Aviación Civil Internacional, que determina la normativa mundial para los pasaportes, permite tres categorías de sexo: masculino, femenino o “X” para indefinido.

Si bien la sentencia del tribunal de Guanajuato se aplica únicamente a Martínez, es un hito importante que se suma a las decisiones de la Suprema Corte de México de 2018 y 2019 a favor de que solicitantes trans pudieran pedir que se cambien el componente sexo que figura en sus documentos de identificación.

En 19 de los 32 estados de México hay procedimientos de reconocimiento legal del género que permiten que las personas cambien el componente sexo masculino o femenino, pero ninguno prevé en forma expresa una opción neutra en cuanto al género.

En estados como Guanajuato, donde no hay leyes o procedimientos específicos que permitan el reconocimiento legal del género, las personas interesadas en que se cambien el componente sexo a menudo deben atravesar procesos judiciales prolongados y costosos.

A veces también se desplazan a otros estados donde el proceso está permitido, pero luego pueden tener problemas de reciprocidad en su estado de origen, lo cual los lleva a iniciar ulteriores procesos judiciales.

No olvidemos que en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los gobiernos a establecer procedimientos eficientes y gratuitos para el reconocimiento legal del género.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México ha ratificado, exige que los estados reconozcan plenamente la identidad de género de sus residentes.

Si bien el caso de Fausto Martínez es significativo, todos los estados mexicanos, incluido Guanajuato, deberían permitir que sus ciudadanos y ciudadanas trans y no binarios sean reconocidos por la ley.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recién dio a conocer que ha recibido mil 175 quejas relacionadas a discriminación por la diversidad sexual y de género en los últimos diez años.

De dicha cifra, la mayoría tiene que ver con actos relacionados a la homofobia (708), la lesbofobia (240) y la transfobia (220), pero también se han denunciado cuatro casos por intersexfobia y tres por bifobia.

Estas «fobias» en contra de las personas por su orientación sexual o su identidad de género vulneran los derechos referentes al trato digno, al trabajo y a tener una vida libre de violencia, por mencionar algunos. Mientras que, por otra parte, promueven la exclusión y restringe sus libertades.

Actualmente, los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ siguen siendo parte de la realidad mexicana, por lo que las personas lesbianas, gays, bisexuales trans, intersexuales, queer y demás, continuan exigiendo que sea reconocido como un delito y que sea juzgado bajo parámetros especiales.

No olvidemos que sólo 12 de los 32 estados que integran la República Mexicana han tipificado los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Guerrero, Puebla, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Por todo lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil aún continúan tejiendo alianzas e impulsando políticas públicas para que los gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos humanos.

Puesto que es responsabilidad del estado asegurar el acceso a la justicia para las personas LGBTIQ+, las acciones de promoción y sensibilización y sobre todo, el reconocimiento de que la vida y la dignidad de un persona vale lo mismo sin importar su orientación sexual, expresión o identidad de género y características sexuales.

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