Por Andrés A. Solis*
Por ahí de 2013 un grupo de activistas de varias organizaciones defensoras de derechos humanos me compartieron un documento muy interesante en el que intentaban delinear un proyecto de ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos para Jalisco.
Pedían mi opinión al respecto y aún conservo ese documento porque tiene cosas que aún pueden ser útiles.
Eran momentos en que en varias entidades hubo importantes movimientos para que se legislara a favor de la protección de quienes hacemos periodismo y que hubiese garantías para el libre ejercicio de nuestro trabajo.
En 2012 había entrado en vigencia la ley que creó el mecanismo federal de protección. Ese año se aprobaron leyes similares en Hidalgo y San Luis Potosí y comenzamos a trabajar en la redacción de proyectos de ley en Quintana Roo, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Sonora.
En 2013 entró en vigor la ley que creó la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, por ejemplo.
En Jalisco no se lograron consensos entre las y los periodistas y con ello, gobierno y congreso locales aprovecharon para fingir demencia.
El caso de la privación de la libertad de Jaime Barrera en la zona metropolitana de Guadalajara enciende las alertas sobre la vulnerabilidad del ejercicio profesional del periodismo en Jalisco, pero no es un caso aislado.
Es muy riesgoso hacer periodismo en la zona norte, en los Altos de Jalisco, lo mismo que en los municipios que rodean el Lago de Chapala, en la zona de la Ciénega y lo mismo sucede en la zona limítrofe con Michoacán y Guanajuato, en la región de La Barca… pero también en Puerto Vallarta.
Jalisco es una de las entidades donde no hay una ley de protección de periodistas, en parte porque el Congreso no quiere legislar y en parte porque el propio gremio no ha querido empujar un buen proyecto, pese a que hay esfuerzos desde 2013.
Jalisco tiene un gobernador que es el principal ofensor de periodistas. Enrique Alfaro ha agredido periodistas desde que era alcalde de Guadalajara y los medios y esas organizaciones que dicen proteger periodistas han sido omisas en documentar todas estas agresiones cometidas desde el propio Palacio de Gobierno.
Es parte del contexto en que se da el atentado contra Jaime Barrera y hasta ahora el gobierno del estado ha guardado un silencio lamentable, le deja la responsabilidad a la Fiscalía y terminarán culpando al enemigo común que es el crimen organizado.
