Por Pablo Pérez
Quiero hablar de cómo, tras lo que evidentemente fue una ocurrencia de último momento del Ejecutivo a media mañanera, se añadió súper al vapor a la reforma judicial la figura de jueces sin rostro o anónimos. La diputada Lidia García Anaya incluso copió la definición de Wikipedia citando que la medida ha sido implementada en países como Brasil, Colombia y Perú.
Haciendo un poco la tarea que no hizo García Anaya, quien tiene maestría en Recursos Humanos pero no en investigación, nos damos cuenta que la figura de jueces sin rostro inició en Colombia en 1991 durante la presidencia de César Gaviria, representante de la “nueva derecha” colombiana, en Perú arrancó en 1992 de la mano de Alberto Fujimori, después preso por 15 años por delitos de corrupción, abuso de poder e incluso homicidio.
El caso de Brasil es mucho más reciente, los tribunales anónimos iniciaron el 2019 en seis estados durante el mandato del ultraderechista y antivacunas Jair Bolsonaro.
En Colombia los jueces sin rostro fueron calificados al disolverse después de 9 años como: “un mecanismo muy inhumano y arbitrario” en palabras de Luz Marina Monzón, ex titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
El gobierno de derecha colombiano diseñó un sistema para: “combatir aquellos que tienen la capacidad militar o financiera para neutralizar la justicia” pero la evidencia demostró que el 25% de sus procesados fueron campesinos, el 50% apenas contaba con educación primaria y el 80% ganaba menos del salario mínimo. O sea, se hizo para combatir a los grandes criminales y terminó metiendo en la cárcel a los ciudadanos más pobres.
En la experiencia peruana, la medida fue retirada cinco años después con la evidencia de que en casi 5000 juicios por cargos de terrorismo llevados con este método, más de 1400 personas inocentes habían sido condenadas por “jueces sin rostro”, como señaló un documento de Amnistía Internacional. Un margen de error de 30% que no es aceptable en ningún sistema legal del mundo.
La ocurrencia del presidente de México no le deja ver que está copiando métodos de la derecha (incluso de la derecha mexicana, pues el primer intento de implementar este sistema fue durante la presidencia de Felipe Calderón) y la poca capacidad de la legisladora no le permite distinguir que propone una medida totalmente desacreditada en los mismos países que usó como ejemplo.
Hace un par de semanas comenté que la reforma judicial en mi opinión no garantiza nada mientras se mantengan como están las fiscalías y ministerios públicos que es dónde la mayoría de la gente encuentra el primer obstáculo, muchas veces infranqueable, para acceder a la justicia, pero hasta hace poco solo planteaba un sistema que en el peor de los casos aparenta ser igual de imperfecto que el actual.
Pero si el fuerte de la dichosa reforma es que se elija a los jueces según sus resultados. ¿Quién va a votar por jueces que no tengan registro de su labor por dirigir juicios anónimos? ¿Una ocurrencia mañanera resultará en una modificación que invalide toda la reforma?
